El analista José Zúñiga advirtió que las reformas relacionadas con el terrorismo, al igual que en 2017 con la “Ley Mordaza”, volverán a criminalizar la protesta social con apatía del sistema judicial que no investigará crímenes de lesa humanidad.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. La imparable ola de protestas civiles y bloqueo de carreteras, ante el aumento de combustibles y encarecimiento de la vida, han dejado a Honduras en un escenario ya conocido en el pasado reciente cuando la dictadura de Juan Orlando Hernández, aprobó la “Ley Mordaza” en 2017 previo a su ilegal reelección para calificar como terroristas a todas las voces que se levantaran en insurrección.
En medio de las jornadas de protesta contra el presidente Nasry Asfura, no ha fallado la grave represión de la Policía Nacional (PN), tras cuatro años de “paz” cuando la anterior administración ordenó que no habría más “gaseadas” contra el pueblo.
Además, el Congreso Nacional discute una serie de reformas que, según el analista político, José Zúñiga, se requiere de un amplio análisis jurídico ya que, todo indica, quieren aplicarse para derivar en una criminalización de la protesta social.
Según el abogado, aunque protestar es un derecho garantizado por la Constitución de la República, el riesgo de ser calificado como “terrorismo” ya fue visto en el país y, bajo las nuevas medidas, se puede retomar esta figura.
El Congreso aprobó el 22 de septiembre la Ley Especial para el Combate a Asociaciones Terroristas, Maras y Pandillas y el Fortalecimiento del Sistema Penitenciario Nacional (Decreto No. 208-2026), que “endurecen” las medidas de seguridad y, según el analista, bajo esta temática se puede incluir la insurrección civil.
“Lo que se buscaría es reprimir y tener al pueblo hondureño bajo un yugo y de igual manera, cortándole su derecho a la protesta pacífica. Cabe mencionar que aquí los derechos humanos van a jugar un papel fundamental en este tema como veedores y observadores del respeto inherente a la vida humana”, expresó.
Zúñiga recordó que en el gobierno pasado el Poder Ejecutivo permitía las protestas y se dejó de usar métodos violentos e incluso nocivos para la salud del pueblo hondureño, hablando propiamente de las bombas lacrimógenas y los disparos de “bala viva”.
Pero en las últimas semanas, esto también ha regresado según varias denuncias en redes sociales y prensa alternativa que ha documentado la “lluvia” de gas tóxico que afecta a quienes piden una vida con dignidad, sobre todo en el norte del país.
El analista enjuició que el proyecto “antiterrorista” representa un riesgo para la libertad de expresión y podría abrir la puerta a prácticas de censura y persecución contra ciudadanos, así como contra voces opositoras en redes sociales y medios de comunicación.
Respecto a esto, es de recordar que con la crisis electoral de 2017 y el asesinato de al menos 60 personas que se declararon en “insurrección civil” contra el fraude y la ilegal reelección, el sistema de justicia no actuó de forma generalizada para deducir responsabilidades por crímenes de lesa humanidad.
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