Si el crimen deja de ser crimen cuando lo comete un poderoso, entonces no tenemos un principio ni ley. Tenemos amo. Si aborrecemos como criminal el asesinato deliberado de civiles, debe ser criminal quienquiera que lo ordene. Si condenamos una guerra de agresión, habrá que condenarla venga de Moscú, de Teherán, de Tel Aviv o de Washington, reflexiona el pensador hondureño, Rodolfo Pastor Fasquelle.
Por eso proponemos el imperativo de un tribunal civil independiente, que juzgue a D. Trump en función de normas internacionales. No se trata de crear una jurisdicción penal paralela. Estamos recuperando el precedente de una instancia internacional independiente que, aún sin disponer de poder coercitivo, examine los hechos a la luz del derecho internacional.
Sobre estas conductas, existe un consenso civilizatorio suficientemente amplio: iniciar una guerra de agresión sin justa causa; atacar adrede a civiles; torturar; desaparecer personas; ejecutar sin juicio; subvertir -por la fuerza o el fraude- la voluntad popular de una nación amiga, apropiarse de los recursos de su víctima para resarcirse del costo de haberla atropellado.
EL LIBERTADOR
Rodolfo Pastor Fasquelle
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No debe sorprender que indulte a cualquier otro. El señor Presidente de Estados Unidos es un criminal convicto. Ha enfrentado una plétora de acusaciones y procesos, desde fraude fiscal hasta conspiración para obstaculizar la justicia y fue condenado incluso de abuso sexual y difamación de su víctima. Pero aquí no hablamos de sus vicios, prejuicios, o condenas judiciales personales, que son su problema, de su país y una minucia. Hablaremos solo de crímenes contra la humanidad y de violaciones de la ley internacional que nos conciernen a todos.
Desde que se organizó una comunidad mundial de naciones entendemos que, para evitar guerras catastróficas, debemos comprometernos a convivir según reglas que garanticen derechos iguales. Las potencias han ejercido por definición su poder por encima del derecho de los demás y, desde la irrupción de la Guerra Fría, han subordinado esas reglas a sus intereses estratégicos. Y se entiende que tengan mayores necesidades de seguridad.
Pero no ha habido otra guerra mundial porque, incluso al violentarlas, todos guardaron cierta discreción y sentido de las proporciones. Nadie antes; Trump ha perdido ambas cosas.
Se necesitaría un juicio histórico, con criterios éticos suficientemente claros, para que podamos examinar y, llegado el caso, calificar de criminal una conducta, aun cuando ningún tribunal haya podido o querido juzgarla.
Porque rara vez sucede que al jerarca situado en la cúspide del poder mundial se le deduzcan responsabilidades, y mucho menos se le condene por sus crímenes, nunca mientras ostenta ese poder.
Los poderosos solo comparecen ante un tribunal después de perder una guerra o ser derrocados. Aquí y allá, la justicia cae con mayor facilidad sobre los pobres y los débiles, muerde más fácilmente al descalzo.
El propio Trump ha denigrado a los jueces y denunciado a la Corte Penal Internacional, justamente la institución creada para procurar que ese tipo de crimen no quede impune por la soberanía etérea de las naciones y el poder tan inmanente de los criminales.
El problema para nada es únicamente latinoamericano; es mundial. Pero es muy grave en donde EU abierta e inequívocamente reclama un derecho de hegemón.
Paradójicamente, a la vez que Trump ordena intensificar los ejercicios militares e involucrar al mayor número de aliados del Caribe, en el contexto de una escalada de presión, bloqueo y amenazas contra Cuba, exigiendo democracia, ordena reducir los ejercicios históricos con Corea del Sur, en vista de su firme amistad con el dictador de Corea del Norte, Kim Jong Un.
Compadecemos a los funcionarios que deben guardar recato y buscar salidas ante esa presión. México ha manejado el asunto con discreción y dignidad. Cuando el Secretario de Defensa P.H. declara que Colombia, Honduras, Guatemala y Panamá han manifestado su consentimiento, nadie lo niega. Honduras se rehúsa a aclarar su posición. Aunque esos ejercicios ya han resultado en matanza de inocentes aquí, en La Mosquitia. Bernardo Arévalo, de Guatemala, ha respondido que eso sería ilegal sin una autorización expresa de su Congreso.
1.En mayo 2012, en Ahuas, La Mosquitia, cuatro civiles ajenos al narcotráfico murieron y varios más fueron heridos gravemente, ametrallados por orden de un oficial del FAST desde un helicóptero estadounidense, durante una operación antidroga conjunta de Honduras y Estados Unidos. The US admits…The Guardian, 2017.
Ordenar un ataque letal contra otro país con el que no se está en guerra ni se tiene razón para ir a la guerra no puede sino condenarse como una agresión. Quien lo ordena alegará, por supuesto, defensa propia, necesidad imperiosa o ¿peligro inminente por armas de destrucción masiva? A Trump le basta con declarar que podrían desarrollarlas. Pero hoy muchas veces ni siquiera se refugia en coartadas: defiende la conveniencia de aprovechar el factor sorpresa. Alternándolo con la amenaza de la destrucción total. Ha convertido la injerencia en su sistema operativo. ¿Y todo tranquilo?
¿De qué manera se puede obviar que es un acto de prepotencia imperial —y un crimen político— bombardear Venezuela y secuestrar a su presidente en funciones y esposa, acusándolos de narcos, mientras simultáneamente se indulta a JOH?
En el caso de Noriega, la Asamblea Nacional panameña había declarado el 15 de diciembre un estado de guerra con Estados Unidos y, al día siguiente, las Fuerzas de Defensa de Panamá habían matado a un infante de marina estadounidense y herido a otro. ¿Cuándo antes aceptamos, como principio, que una potencia pueda bombardear a un país soberano sin provocación, y llevarse por la fuerza al presidente y familia?
No hace falta simpatizar con el gobernante secuestrado de Venezuela para entender la enormidad del precedente. Si mañana cualquiera hace lo mismo con un gobernante que nos simpatiza, ¿con qué argumento vamos a condenarla?
O ¿cómo tipificar como modelos de ejercicio militar, los ataques a las embarcaciones civiles en el Caribe Sur, con más de dos centenares de muertos, bajo la acusación de que transportaban narcotraficantes y droga, sin presentar antes ni después evidencia? ¿Sin que se diera oportunidad de explicarse a las víctimas? Gente indefensa que no disparó, no fue detenida, juzgada ni menos condenada.
Eso no es justicia ni combate del crimen. Es la sustitución criminal de la justicia por la fuerza desnuda: el poderoso tipifica el delito, decide quién es culpable y ejecuta la sentencia, según la ley de la guerra.
Ahora es Irán. El bombardeo estadounidense, presentado por la propaganda como ataque selectivo contra objetivos estratégicos, alcanzó también blancos y población inocente. Escuelas primarias y hospitales que no dejan de ser civiles porque –después- se alegue que el enemigo los utilizaba como escudos humanos.
Repugna la presentación -como un logro bélico para descabezar al régimen– el bombardeo de la residencia del Ayatolá Jamenei, jefe de Estado de Irán, y suprema autoridad del Chiismo, el Islam que prevalece en otros cinco países medio orientales. Junto a su hija, una nieta de 14 meses, un yerno y la nuera.
No necesitamos admirar al ayatolá, ni justificar su régimen, para preguntarnos ¿desde cuándo una potencia adquiere el derecho de ejecutar a un líder religioso y gobernante de otro Estado con su familia, porque lo considere cabeza de un régimen inamistoso?
A ello se suma el apoyo moral, diplomático y material de Trump al gobierno de Israel y la complicidad que pueda derivarse de ese apoyo respecto de actos denunciados como crímenes de guerra en Gaza y en Líbano entre otros.
Y todavía queda la injerencia en los procesos políticos de nuestros países.
¿Acaso interferir en las elecciones de gobiernos legítimos de países independientes deja de ser condenable al invocar como pretexto la orientación ideológica de los contendientes, como ha pretendido el Sr. Trump?
El mismo ha denunciado durante años la supuesta o real injerencia extranjera en elecciones estadounidenses, y amenazado con procesos criminales para perseguirla. Si es ilegítima cuando Rusia o China intentan influir en Estados Unidos, ¿por qué habría de ser legítima cuando Washington intenta determinar quién debe gobernar a los demás con amenazas?
No necesitamos inventar una moral nueva para contestar estas preguntas.
Sobre estas conductas, existe un consenso civilizatorio suficientemente amplio: iniciar una guerra de agresión sin justa causa; atacar adrede a civiles; torturar; desaparecer personas; ejecutar sin juicio; subvertir -por la fuerza o el fraude- la voluntad popular de una nación amiga, apropiarse de los recursos de su víctima para resarcirse del costo de haberla atropellado.
Las llamamos crímenes sin vacilar cuando las cometen nuestros enemigos. El problema empieza cuando quien las comete es nuestro aliado, o el gobernante del país más poderoso.
Por supuesto que no toda acusación ha de ser automáticamente verdadera, ni toda acción militar constituye ipso facto un crimen. Precisamente porque la acusación es grave, los hechos deberán establecerse con rigor.
Pero tampoco aceptemos el razonamiento inverso: que nos prohíba cuestionar lo que no haya condenado previamente un tribunal. Eso equivaldría a conceder inmunidad moral a quienes poseen suficiente poder para impedir que un tribunal los juzgue. Puede ser jurídico.
Pero la historia no funciona así. No sirve para normalizar el crimen, ni eso sirve para mantener la paz. Por encima de lo jurídico, está lo ético y lo justo. Los principios que fundamentan las leyes son universales o no son principios.
Y podemos discutir jurisdicciones, tratados, competencias, inmunidades y tecnicismos; no los principios. Podemos debatir incluso dónde termina una responsabilidad política y dónde comienza una responsabilidad penal individual. Pero ninguna de esas discusiones elimina la pregunta fundamental: ¿qué nombre damos a un acto que consideraríamos criminal sin vacilar si lo cometiera nuestro enemigo? El punto es el imperativo de mantener un estándar universal.
Si aborrecemos como criminal el asesinato deliberado de civiles, debe ser criminal quienquiera que lo ordene, sin importar la filiación religiosa o política del muerto. Si condenamos una guerra de agresión, habrá que condenarla venga de Moscú, de Teherán, de Tel Aviv o de Washington. Si consideramos intolerable que una potencia secuestre al gobernante de otra, el principio no puede depender de que ese gobernante nos agrade o piense igual que nosotros.
Pues si el crimen deja de ser crimen cuando lo comete un poderoso, entonces no tenemos un principio ni ley. Tenemos amo.
Por eso proponemos el imperativo de un tribunal civil independiente, que juzgue a D. Trump en función de normas internacionales.
No se trata de crear una jurisdicción penal paralela. Estamos recuperando el precedente de una instancia internacional independiente que, aún sin disponer de poder coercitivo, examine los hechos a la luz del derecho internacional.
Como el tribunal que impulsó y presidió el filósofo Bertrand Russell en los años 60 y 70, conformado por personas de incuestionable autoridad moral de varios continentes, que examinó los crímenes de guerra cometidos en Vietnam, emitió un veredicto de conciencia condenando las actuaciones de Estados Unidos. Y denunció públicamente la responsabilidad de dirigentes de la política estadounidense como Kissinger.
No tendría potestad para imponer una condena penal vinculante. Pero sí para examinar minuciosamente los hechos a la luz del derecho internacional, calificarlos y determinar si constituyen violaciones criminales de los principios esenciales sobre los que descansan la civilización y el pacto de paz entre las naciones.
San Pedro Sula, 22 de agosto de 2026.
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