El diputado y laureado economista, Hugo Noé Pino, advirtió que la Ley de Reactivación Económica y Desarrollo Humano del Gobierno Asfura, abre espacio para negociaciones discrecionales de demandas nacionales e internacionales, traslado de fondos de inversión a gasto corriente y endeudamiento sin controles estrictos, lo que podría facilitar opacidad y posibles actos de corrupción.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. Diversos sectores políticos, económicos y jurídicos del país han expresado fuertes cuestionamientos a la aprobación en el Congreso Nacional de la Ley de Reactivación Económica y Desarrollo Humano, al considerar que varias de sus disposiciones podrían vulnerar principios constitucionales y abrir espacios de discrecionalidad en el manejo de recursos públicos.
La normativa ordena a los órganos de la administración pública central y descentralizada aplicar medidas en materia de ingresos fiscales, racionalización del gasto, ordenamiento financiero y reorganización administrativa. Asimismo, autoriza al Poder Ejecutivo suprimir, fusionar o reducir instituciones descentralizadas y desconcentradas durante la vigencia del decreto.
En ese contexto, el diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), Hugo Noé Pino, advirtió sobre posibles riesgos en algunos artículos de la ley. En particular, cuestionó el alcance del artículo 5, relacionado con arreglos extrajudiciales, al señalar que no se limita al ámbito laboral.
Ya que también aborda demandas de carácter nacional e internacional, dando capacidad a los funcionarios para que apliquen el “criterio del menor daño posible”, lo que, para el congresista, podría convertirse en un instrumento para negociar demandas internacionales de manera opaca, dejando demasiado margen de decisión a los funcionarios sin controles claros, lo cual podría ser aprovechado para fines indebidos.
“Todos sabemos que Honduras enfrenta varias demandas internacionales y dejar esto a la discreción, como lo dice ese proyecto de ley, del criterio del menor daño posible, le da una tremenda discrecionalidad a los funcionarios que puede ser una ventana de corrupción. Y este Congreso está aprobando eso”, expresó.
Pino también advirtió sobre el contenido del artículo 7, el cual permite trasladar fondos del gasto de capital al gasto corriente. Según explicó el también doctor en economía, el gasto de capital se refiere a la inversión para infraestructura, proyectos sociales, etc., mientras que el gasto corriente se refiere a lo que se invierte en compra de bienes y servicios, viáticos, etc.
Aunado a lo anterior, también criticó que el Congreso está próximo a la aprobación de créditos que fueron bloqueados durante la administración de Xiomara Castro (2022-2026) por quienes hoy ejercen el oficialismo dentro del Legislativo, por lo que advirtió: “Parte de esos préstamos son apoyo presupuestario, o sea, que los pueden utilizar para gasto corriente y eso refuerza la justificación de que no se puede trasladar gasto de capital a gasto corriente”.
En la misma linea, el economista Roberto Ramírez Rodríguez cuestionó la aprobación de la Ley que calificó como un “adefesio” e inconstitucional. Según explicó, la normativa vulnera la separación de poderes y compromete la estabilidad fiscal del Estado hondureño.
Ramírez sostuvo que la ley permite al Poder Ejecutivo asumir funciones propias del Poder Judicial, al facultar a funcionarios para negociar montos de demandas e incluso allanarse a ellas. A su juicio, esto reduce la capacidad de defensa del Estado y expone las finanzas públicas a pagos indiscriminados.
Asimismo, afirmó que la normativa suplanta atribuciones del Poder Legislativo al otorgar un “cheque en blanco” al Ejecutivo. Señaló que podría violentar leyes como Servicio Civil, el Código del Trabajo y la Ley de Contratación del Estado, además de permitir endeudamiento sin controles.
El economista también aseguró que no existe una verdadera emergencia fiscal que justifique la aprobación y advirtió que la disposición facilitaría pagos a demandantes, concesionarios y exempleados, y abriría espacio —según dijo— a la legalización de prácticas corruptas bajo un marco aparentemente legal.
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