DESPIDOS INDIRECTOS EN EL 911 COSTARÁ MILLONES A HONDUREÑOS

La nueva administración del Sistema Nacional de Emergencias 911, habría iniciado despidos indirectos de personal, en primera instancia, impidiendo el ingreso de empleados sin notificación formal de cancelación y manteniendo, además, el adeudo de salarios pendientes.

La excomisionada del SNE-911, Miroslava Cerpas, manifestó que esta situación podría derivar en acciones legales por parte de los trabajadores afectados, exponiendo al Estado al pago de demandas millonarias por violaciones a derechos laborales y falta de debido proceso en los procedimientos administrativos.

Redacción Central / EL LIBERTADOR

Tegucigalpa. El Sistema Nacional de Emergencias 911 informó mediante un comunicado oficial que los miembros de la Comisión Interventora abandonaron sus funciones, lo que generó supuestamente un estado de precariedad administrativa en perjuicio del ente estatal.

La entidad señaló que la falta de un proceso de transición dejó “un vacío” en diversas áreas, incluyendo la Dirección de Talento Humano, donde se encontraron expedientes incompletos, documentos irregulares y acuerdos sin sustento ni respaldo legal.

Ante esta situación, las autoridades anunciaron el inicio de un proceso de verificación y validación legal exhaustiva del personal vinculado a la institución, con el objetivo de confirmar el cumplimiento de requisitos de ingreso, evaluaciones técnicas y pruebas de confianza correspondientes.

En este sentido, la excomisionada del 911, Miroslava Cerpas, denunció que empleados de la institución estarían siendo impedidos de ingresar a sus puestos de trabajo sin notificación previa, sin carta formal de despido y sin una explicación oficial por parte de las autoridades.

Cerpas cuestionó la forma en que se estarían ejecutando algunos despidos en el sector público y advirtió que estas acciones podrían derivar en consecuencias legales para el Estado hondureño.
“Hasta para despedir hay que tener gracia: o hay debido proceso, o se cancela al personal y se pagan sus derechos. Impedir el ingreso al trabajo sin notificación es despido indirecto”, expresó.

Asimismo, alertó que este tipo de prácticas podrían traducirse en demandas millonarias contra el Estado y escalar a instancias internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, convirtiendo a Honduras en un caso emblemático en materia de violaciones a derechos laborales y garantías fundamentales.

Por su parte, trabajadores del 911 denunciaron que se estarían violentando sus derechos laborales y señalaron que miembros de fuerzas especiales, a través de una aplicación digital, les solicitan identificación para determinar quién puede o no ingresar a las instalaciones.
“Esta tarea administrativa no debería estar en manos de fuerzas especiales. Esa función corresponde al director, a través de Talento Humano, quien debería notificarnos formalmente y entregarnos nuestra liquidación”, manifestó uno de los afectados.

Los empleados sostienen que la restricción de ingreso constituye un despido indirecto, ya que no han recibido notificación formal por ningún medio. Además, aseguran que la institución les adeuda los salarios correspondientes a los meses de enero y febrero, por lo que han recurrido a notarios para levantar actas sobre los hechos.

“Nos presentamos a nuestras labores normales, pero nos dijeron que no estamos en el listado de personas autorizadas para ingresar. No hemos recibido ni una llamada ni un documento oficial”, afirmó otro trabajador.

También denunciaron que, desde la llegada de la nueva administración, el sistema biométrico de marcaje de entrada y salida comenzó a fallar, situación que estaría siendo utilizada para argumentar inasistencias laborales.