El secretario ejecutivo del Instituto de la Propiedad (IP), Francisco Bocanegra, presentó ante el Ministerio Público documentación con 41 líneas de investigación sobre presuntos actos de corrupción en administraciones anteriores, señalando a Jorge Cálix y Ebal Díaz, entre otros.
El funcionario mencionó que entre las irregularidades se encuentran la manipulación de declaraciones de herencias y «han traslapado instrumentos públicos, han cambiado claves catastrales, entre otros actos» , que, precisó Bocanegra, «vienen a menoscabar el derecho de los miles de usuarios del Instituto de la Propiedad».
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. El Instituto de la Propiedad (IP) formalizó ante el Ministerio Público la entrega de expedientes relacionados con más de 40 líneas de investigación sobre presuntas irregularidades en la gestión institucional de años anteriores. La denuncia fue interpuesta por su secretario ejecutivo, Francisco Bocanegra.
Bocanegra explicó que la documentación presentada contiene “un legajo probatorio objetivo, con testimonios, documentos y respaldos legales”, que involucran a exfuncionarios como Ebal Díaz y Jorge Cálix, entre otros, quienes, según dijo, “menoscabaron al Instituto de la Propiedad” y provocaron un grave daño económico.
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El funcionario afirmó que los expedientes incluyen pruebas de posibles delitos de abuso de autoridad, falsificación de documentos y sellos oficiales, así como alteración de viáticos y manipulación de instrumentos públicos, prácticas que —dijo— afectaron directamente los derechos de miles de usuarios.
“Han llegado al extremo de alterar declaraciones de herencias, traslapar claves catastrales y cambiar instrumentos públicos, atentando contra la seguridad jurídica de los ciudadanos”, señaló Bocanegra, al recalcar que la magnitud del daño convierte el caso en uno de los mayores desfalcos del IP.
De acuerdo con los informes entregados, parte de las irregularidades surgieron en la denominada Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP), creada durante el gobierno anterior, a la que se le asignaron más de 12 mil millones de lempiras provenientes de fideicomisos públicos.
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Bocanegra recordó que la administración de la UCP estuvo a cargo de Ebal Díaz en 2019 y, posteriormente, de Jorge Cálix a inicios de 2022. Afirmó que, pese a la vigencia del decreto ejecutivo 66-2022 que prohibía el uso de fondos de fideicomisos, “se continuaron ejecutando contratos y desembolsos fuera del marco legal”.
El secretario del IP indicó que algunos de los hallazgos fueron detectados por la Comisión Interventora de la institución, pero que no todos fueron remitidos oportunamente al Ministerio Público. “Nosotros resolvimos conforme a derecho y hoy entregamos toda la documentación completa”, puntualizó.
Entre los documentos trasladados al ente acusador se incluyen informes técnicos, expedientes administrativos, respaldos digitales y análisis elaborados por diferentes unidades del Instituto. La intención, dijo Bocanegra, es facilitar la deducción de responsabilidades conforme a la ley.
Finalmente, el funcionario concluyó que estas investigaciones forman parte del compromiso de transparencia del actual gobierno: “No se puede permitir que el pueblo hondureño siga pagando los costos de la corrupción que por años drenó los recursos públicos”.
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