Según la investigación, el presidente costarricense favoreció a personas de su círculo cercano con un contrato de 405 mil dólares con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), por lo que la Fiscalía de Costa Rica acusó al jefe de Estado de concusión, delito que en el país centroamericano conlleva de 2 a 8 años de prisión.
Agencias / EL LIBERTADOR
La Fiscalía General de Costa Rica acusó formalmente al presidente de ese país, Rodrigo Chaves, asi como al ministro de Cultura y Juventud, Jorge Rodríguez Vives, por un acto de corrupción en el manejo de un contrato de 405 mil dólares con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
La fiscalía acusó al jefe de Estado y al alto funcionario de concusión, es decir, cuando un funcionario público abusa de su poder o cargo para obligar o convencer a alguien de que le dé algo de valor o le prometa algo a cambio, ya sea para él mismo o para otra persona (artículo 355 del Código Penal de Costa Rica)
Los fondos se destinaron a servicios de comunicación estratégica para Casa Presidencial, adjudicados a la empresa RMC La Productora S.A., propiedad del productor Christian Bulgarelli Rojas. La Fiscalía atribuye a los funcionarios haber favorecido irregularmente a la empresa mediante un contrato “aparentemente a la medida”, relacionado con servicios de mercadeo, producción de mensajes y análisis de tendencias de opinión pública.
La acusación, bajo el expediente 25-000019-0033-PE, se sustenta en evidencias como los audios filtrados de Rodrigo Chaves, grabaciones obtenidas por la exministra de Comunicación, Patricia Navarro, y publicadas por La Nación en diciembre de 2023.
Estos audios revelaron reuniones en las que Chaves, Rodríguez y asesores discutieron la contratación de Bulgarelli, quien diseñó los términos de referencia de su propio contrato con aval del exasesor de imagen presidencial, Federico Cruz.
En enero de 2024, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) incautó un dispositivo USB con los audios originales en casa de Navarro. El BCIE, en una investigación interna de febrero de 2024, determinó que Bulgarelli pudo incurrir en “prácticas prohibidas de fraude y colusión”, según La Nación. A pesar de esto, Chaves y Rodríguez insistieron en la legalidad del contrato, aunque omitieron divulgar documentos clave como correos electrónicos y transferencias bancarias.
Bulgarelli evitó ser procesado al aceptar un criterio de oportunidad (artículo 22 del Código Procesal Penal) por colaborar con la Fiscalía. Su testimonio vinculó a Cruz Saravanja con un beneficio de 32 mil dólares, proveniente del contrato, para comprar una vivienda. Cruz enfrenta un proceso separado en la Fiscalía de Probidad.
La acusación fue presentada este lunes por el fiscal general, Carlo Díaz, ante la Corte Plena de la Corte Suprema de Justicia, que deberá evaluarla y resolver, sin un plazo definido, si remite el caso a la Asamblea Legislativa para que esta considere el levantamiento de la inmunidad del mandatario.
El caso se produce en un momento político complejo para el gobierno de Chaves, quien asumió la presidencia en mayo de 2022 tras una campaña en la que prometió un “cambio” y combatir la corrupción, y en la que estuvo envuelto en polémicas por denuncias de acoso sexual, así como por la existencia de supuestas estructuras paralelas de financiamiento electoral, actualmente bajo investigación por parte del Tribunal Supremo de Elecciones. (Información de Seminario Universidad e INFOBAE).
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