El abogado Raúl Suazo dijo a EL LIBERTADOR que, en el contexto del golpe de Estado de 2009, con las represiones y violaciones a los derechos humanos, los cargos de acusación contra el exjefe militar Romeo Vásquez podrían haber sido por delitos de lesa humanidad, ya que “no es un caso común y corriente de homicidio o asesinato”, sino “mucho más complejo”.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. En el golpe de estado de 2009, hubo manifestantes asesinados y varias violaciones a los derechos humanos contra los opositores al derrocamiento del entonces presidente Manuel Zelaya, que fueron documentadas por diferentes entes nacionales e internacionales; sin embargo, estos delitos no se contemplan en la acusación contra el entonces jefe de las Fuerzas Armadas, Romeo Vásquez Velásquez, y dos exgenerales, Venancio Cervantes y Carlos Puertos.
El proceso de justicia contra los exmilitares aún no ha concluido. Aunque los acusados permanecen bajo arresto domiciliario y supervisión, un juez de Letras Penal dictó auto de formal procesamiento contra los tres exjerarcas castrenses, a quienes se les supone responsables de los delitos de asesinato y lesiones graves contra dos protestantes al golpe de Estado que resultó en el asesinato de Isy Obed Murillo, de 19 años, el 5 de julio de 2009.
“En este caso, efectivamente hay una persona que muere no por circunstancias naturales, sino que muere por un disparo. Hay otra persona que recibe lesiones también en ese mismo hecho, por lo que, ahí está la plena prueba de la comisión del delito y el indicio racional de participación”, dijo a EL LIBERTADOR, el abogado y analista, Raúl Suazo.
El togado añade que, por su disposición como garantes, los exjefes militares estaban al mando, por lo que tenían el deber de detener las brutales represiones militares que fueron documentadas. Y es que, según informes como el que presentó la Comisión de la Verdad y Reconciliación, las fuerzas de seguridad del Estado cometieron graves violaciones a los derechos humanos, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, torturas y detenciones arbitrarias.
El togado analiza que el delito de lesa humanidad pudo haberse contemplado en el caso contra los exmilitares, argumentando que el contexto de las protestas de 2009 no era algo ordinario, sino el marco de un golpe de Estado, y «disparar a una multitud» donde había hombres, mujeres y niños, refleja que no es » un caso común y corriente de homicidio o asesinato», sino «mucho más complejo y mucho más delicado».
Asimismo, respecto a las medidas distintas a la prisión preventiva, Suazo explicó que esta resolución logrará extender el proceso. En su análisis, detalla: “le permitirá a la defensa interponer recursos y alargar este juicio lo máximo posible”, lo cual sería difícil si se hubiese decretado la medida de prisión preventiva.
Sobre el tema, el abogado Luis Cruz dijo al medio de comunicación UNE TV que Vásquez y su cúpula también “cometieron el delito de secuestro de un presidente, cometieron el delito de abuso de autoridad y cometieron el delito de lesa humanidad al atacar violentamente a una población civil”, por lo que esperaba una ampliación de los delitos imputados.
Sin embargo, aún hay tiempo para que se contemplen nuevas figuras delictivas en la acusación, agrega el togado, y concluye detallando: “la Fiscalía podría imputar otros delitos desarrollados en el marco del golpe de Estado, como los que le mencioné”.
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