La Unidad Fiscal Contra Redes de Corrupción (Uferco), ha confirmado una acusación contra el juez, Reymundo Esaú Gradiz, quien es señalado por prevaricato judicial contra la administración pública en el caso de una red de corrupción que buscó saquear 3,000 millones del Tesoro Nacional a través de una resolución arbitral.
Cabe destacar que, en este caso, ya ha sido procesada la jueza Irisabel Lucía Miranda Hernández, a quien se le interpuso el recurso de antejuicio tras una acción promovida por la Uferco.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. La Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil de Francisco Morazán, admitió la apelación de antejuicio contra un juez de la Letras de lo Civil, acusado de prevaricato judicial contra la administración pública por incidir en una demanda contra el Estado de 3,000 millones de lempiras.
La acusación fue presentada por la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco), contra el juez Reymundo Esaú Gradiz Vilorio, del Tribunal Civil de Francisco Morazán, acusado por un delito que implica una resolución arbitraria en un asunto administrativo o judicial a sabiendas de que dicha resolución es injusta y contraria a la ley.
DE INTERÉS: RED DE CORRUPCIÓN JUDICIAL CONDENA HONDUREÑOS A PAGAR 3,000 MILLONES
Lo anterior se relaciona a la denuncia que a inicios de años realizó el Gobierno a través de la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de Finanzas (Sefin), advirtiendo que una red de corrupción público-privada utilizó el sistema judicial para embargar el Tesoro Nacional.
En este caso, anteriormente se acusó a la jueza Irisabel Lucía Miranda Hernández, por las decisiones tomadas por el Centro de Conciliación y Arbitraje del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), que ordenó al Estado hondureño a pagar los 3,000 millones a la empresa DRS Inc.
La Corte Suprema de Justicia (CSJ), se negó a reconocer esta decisión del CAH, argumentando que era contraria al orden público y que violaba los procedimientos de arbitraje establecidos en la ley hondureña; sin embargo, ambos jueces ejecutaron la decisión del CAH.
DE INTERÉS: CORTE ADMITE ANTEJUICIO PARA JUEZA ABUSIVA QUE FALLÓ CONTRA HONDUREÑOS
De acuerdo con un comunicado del Ministerio Público, la primera resolución se otorgó en 2009, favoreciendo a la empresa DRS inc., contra el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), lo que perjudicó al tesoro nacional por 51 millones de dólares, es decir, más de mil millones de lempiras al tipo de cambio.
La segunda resolución fue en septiembre del 2022, en este caso, se embargó una cuenta del Banco Central de Honduras (BCH), perjudicando en esta ocasión a la Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (SEDECOAS) por más de 106 millones de dólares, es decir, casi 3,000 millones de lempiras.
El documento destaca la solicitud de requerimiento fiscal en contra del juez señalado; según la Fiscalía, en este caso se vincula al exdirector del FHIS en 2009, César Arnulfo Salgado Sauceda, quien fue sobreseído el año anterior en aplicación al decreto 04-2022 conocido como “Ley de Amnistía Política”.
En tanto, el titular de la PGR, abogado Manuel Díaz Gáleas, recordó que: “El 3 de febrero del 2023, denunciamos con ministra de Finanzas, Rixi Moncada, redes de corrupción público privadas que intentaron atracar Tesoro de la Nación en este caso. El tiempo reivindica la justeza de esa acción oportuna. La lección es clara. No se va a tolerar el atropello de los derechos del Estado”.
Deja un Comentario