En el contexto de elección de los magistrados en 2016, Periódico EL LIBERTADOR, viendo el peligro para la Nación hondureña y habiendo confirmado el asalto al poder judicial que maquinaba el Gobierno Hernández, impulsó una campaña de orientación entre los diputados en el Legislativo, al final se impuso la maquinaria del poder, sin embargo, consta la acción y el esfuerzo para la memoria histórica de nuestro pueblo.
Uno de los más hábiles lobos disfrazado de oveja es Alberto Solórzano, su incidencia pública en los últimos 12 años ha sido el de un frío polìtico de derecha radical, nada que ver con el extremista amor al prójimo del Nazareno que, por eso mismo, fue hasta la muerte en la rústica cruz diseñada por religiosos hipocritas.
Redacción
EL LIBERTADOR
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Tegucigalpa. De todas las organizaciones de la sociedad civil, sólo la Confraternidad Evangélica pudo colar tres magistrados, lo que demuestra que los líderes de esta organización religiosa, eran los indiscutibles peones del Poder Ejecutivo y actores políticos influyentes ahora dedicados a construir riqueza material en la tierra hondureña donde sólo importa el prójimo que se turna el poder. Los tres togados postulados por ellos son nacionalistas y muy allegados al extraditable Juan Hernández.
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Edgardo Cáceres Castellanos, primo que ocultó el Conadeh
Edgardo Cáceres Castellanos se autopropuso para ser magistrado. Tiene 82 años y nació en Tegucigalpa. Posee más de 50 años de trayectoria en la carrera del Derecho, sobre todo en el campo laboral. Cáceres realizó estudios de Relaciones Laborales y Derecho Laboral Internacional en Costa Rica, España, Italia y Suiza. Fue diputado por el departamento de Francisco Morazán de 1990 a 1994, magistrado de la Corte Suprema de Justicia durante los periodos 1994-1998 y 1998-2002; secretario de la Asesoría Judicial Centroamericana, presidente honorario de la Asociación Centroamericana y del Caribe de las Leyes Laborales y de Seguridad Social.
COMPLICIDAD FILIAL
Su experiencia académica y administrativa implica la labor como fundador y miembro de la Asociación Iberoamericana de Leyes de Seguridad Social y Trabajo, y expresidente del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados de Honduras.Fue uno de los fundadores del desaparecido movimiento liberal de centro-izquierda “M-Líder”, del expresidente Carlos Roberto Reina.
EL LIBERTADOR descubrió que el abogado Cáceres Castellanos es primo del excomisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh), Roberto Herrera Cáceres, integrante de la Junta Nominadora que seleccionó los candidatos a magistrados. Consultados por este rotativo consideran que el titular del Conadeh actuó de forma deshonesta al no informar su parentesco con el nominado.
Única magistrada que tenía expediente limpio hasta que vio “Pandora”
La magistrada María Fernanda Castro Mendoza fue propuesta por la Corte Suprema de Justicia. Tiene 48 años, es originaria de Tegucigalpa y resultó ser la candidata con el mayor número de votos de los diputados, 98 en total, gracias al apoyo que le dio el Partico Anticorrupción (Pac). Su nombre está en el segundo listado de candidatos que la embajada de Estados Unidos envió a la Junta Nominadora para ser investigados. En 2014 compitió para ser Comisionada de Derechos Humanos. Tiene doctorado en Derecho del Trabajo, Previsión Social y Derechos Humanos. Es hija de los abogados y notarios Argelio Castro y María Antonieta Mendoza; es soltera y madre de tres hijos, estuvo casada con el abogado Nery Velásquez, quien fuera asistente del excomisionado de Derechos Humanos, Ramón Custodio López.
SIN SANCIONES
Castro ha hecho carrera judicial, se inició como escribiente del Juzgado Primero de lo Penal, pero obtuvo el cargo de juez del Tribunal de Sentencias de Tegucigalpa, al momento de su nombramiento como magistrada se desempeñaba como asistente de magistrados de la Sala de lo Penal y magistrada integrante de la Corte de Apelaciones de lo Civil. En total ha acumulado 29años de experiencia en el Poder Judicial y nunca ha sido sujeta de sanción disciplinaria. De abril de 2014 a febrero de 2015, fue designada secretaria del expediente 118-2014 del Juzgado de Letras, para conocer el caso para procesar a altos funcionarios del Estado en el sonado caso se corrupción del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).
ABRIÓ CAJA “PANDOROS”
El 19 de julio de 2020, un Tribunal Especial integrado por los magistrados de la Corte de Apelaciones de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Alberto Zelaya Zaldaña, María Fernanda Castro Mendoza y Edwin Francisco Ortez Cruz, dictó sobreseimiento definitivo a favor de 22 implicados en el caso Pandora y confirmó el auto de formal procesamiento y la prisión preventiva solamente para cuatro.
Consuegra de Arturo Corrales y cuadro de Roberto Micheletti
Alma Consuelo Guzmán García de Ariño es originaria de Puerto Cortés y tiene 65 años; fue autopropuesta y su nombre aparece en la segunda lista de candidatos a ser investigados. Su padre fue el empresario Ángel Gabriel Guzmán, fundador de la Agencia Aduanera Guzmán, creada hace 63 años en Puerto Cortés y con oficinas en San Pedro Sula y Tegucigalpa. Está casada con el ingeniero civil de origen costarricense Juan Antonio Ariño Ramírez. Su hija, Alma Gabriela, está casada con el empresario sampedrano Guillermo Peña Panting, miembro directivo de las Zonas Francas de Honduras. Otra de sus hijas, Digna Carmen, contrajo nupcias con Arturo Hernán Corrales Suazo, hijo mayor del canciller, Arturo Corrales Álvarez. La boda Corrales-Ariño pasó inadvertida pues decidieron que fuera “estrictamente privada”.
CUADRO DE HONOR
Como estudiante universitaria obtuvo reconocimientos por excelencia académica.- Ha sido consultora independiente para el Programa de las Naciones Unidas (PNUD), instructora de fiscales en cursos de investigación criminal, fiscal de la Mujer y catedrática universitaria en Derecho Penal. Guzmán incursionó en la política como diputada suplente del excongresista liberal José de la Paz Herrera (período 2006-2010) y fue candidata a diputada por el movimiento del entonces presidente del Congreso, Roberto Micheletti, para las elecciones de 2009. Guzmán sustituyó a la ultraderechista Martha Lorena Alvarado, que renunció en protesta porque Micheletti aprobó el convenio de adhesión a la Alternativa Bolivariana de las Américas (ALBA), impulsada por Hugo Chávez.
Vínculos de sangre y profesión atan a Reina Hércules a gracianos
Propuesta por el Conadeh, Reina Auxiliadora Hércules Rosa tiene 61años, es soltera y originaria de Erandique, en Lempira, pero radicada en Gracias. Tiene su consultorio legal llamado Bufete y Notaria Hércules Rosa. Antes de su nombramiento se desempeñaba como docente de la Universidad Cristiana de Honduras (Ucrish) y de la Universidad Metropolitana de Honduras (UMH) en la ciudad de Gracias.
NUEVA MAYORÍA
Además, prestaba asesoría legal a las municipalidades de Lepaera, Belén y Gracias, en el departamento de Lempira. Fue presidenta del Colegio de Abogados, capítulo Gracias, de 2000 a 2002, y jueza del Juzgado Segundo de Letras departamental de Lempira. En 2004, compitió en las elecciones internas para diputada por el Movimiento Nueva Mayoría, que llevaba a la cabeza a Gabriela Núñez de Reyes, exdiputada liberal y expresidenta del Banco Central de Honduras (BCH).- En 2018 conformó junto al presidente de la CSJ, la Junta Proponente para designar candidatos a Fiscal General de la República.
Jorge Serrano, liberal con con debilidad nacionalista
Autopropuesto. Jorge Abilio Serrano Villanueva, tiene 55 años y es originario de Gracias, Lempira. Formó parte de la segunda lista de 19 candidatos que Estados Unidos solicitó fueran investigados. Las personas que lo conocen afirman que es un profesional comprometido con su trabajo, no es sectario y se caracteriza por ser servicial, respetuoso y amable.Tiene 25 años de servicio en el ámbito profesional privado, con experiencia en la formulación de recursos extraordinarios de casación y garantías de amparo e inconstitucionalidad.
FAVORECIÓ A JOH
En el campo internacional ha interpuesto tres denuncias ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. En 1998 fundó el Bufete Serrano y Asociados. En 2006 fue coordinador nacional del Programa de Administración de Tierras de Honduras (PATH). El liberal Serrano colaboró decididamente a favor de la campaña presidencial de Juan Hernández, al acelerar trámites de indemnizaciones por tierras en la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP). Era el subprocurador general de la República, pero fue nombrado de manera arbitraria por el Congreso anterior, siete días antes de que tomara posesión del cargo Hernández Alvarado.
ENTRE REYES
Fue fiscal de la organización religiosa Embajada Cristiana Internacional Interdenominacional Jerusalén – Honduras (ICEJ, siglas en inglés). El representante de ICEJ en Honduras es el pastor golpista Evelio Reyes de la Iglesia Vida Abundante. El vínculo de Serrano con Reyes no se limita al campo religioso, también están unidos por lazos de parentesco político: su tía, Daysi Serrano y hermana de su padre Jorge Serrano, está casada con el líder de Vida Abundante. Como es sabido Reyes también es tío de Samuel Reyes, exsecretario de Defensa.
DEMANDAS
EL LIBERTADOR reveló que Serrano desconocía las demandas contra el Estado; tampoco sabía de los avances o traspiés que han tenido las acciones legales emprendidas por multinacionales, empresas locales o personas particulares. Lo mismo ocurrió con la multa de un millón de dólares contra la concesionaria Saisa por incumplimiento de contrato de construcción del aeropuerto de Palmerola. El funcionario alegó que se dedicaba a temas relacionados con demandas contra el Estado hondureño en el extranjero.
IGNORA LA LEY
El artículo 6 de la PGR exige que “el subprocurador asistirá al Procurador en el cumplimiento de sus funciones y lo sustituirá en los casos de ausencia, falta temporal, legítimo impedimento, y en los que menciona el artículo 10 de esta ley”. Al cierre de 2015, había demandas de empresas locales y multinacionales y de trabajadores despedidos por unos 7,300 millones de lempiras, según estimaciones de la PGR.
Rina Alvarado: premiada por avalar “golpe técnico” contra magistrados
Rina Auxiliadora Alvarado Moreno de Pineda fue propuesta por la Corte Suprema. Tiene 59 años y es originaria de San Pedro Sula. Fue secretaria ejecutiva del Instituto de la Propiedad (IP) y catedrática de la UNAH y la Universidad Católica. Está casada con el general en condición de retiro Damián Gilberto Pineda Reyes, actual excomisionado del IAIP nombrado por influencias del dictador Micheletti. Aunque sus apellidos están invertidos, Pineda Reyes es hermano de los conocidos periodistas Roberto y Elán Reyes Pineda, este último expresidente del Colegio de Periodistas, todos originarios de Erandique, Lempira.
“SUCESIÓN JUDICIAL”
Antes de su nombramiento, Alvarado Moreno se desempeñaba como magistrada de la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo y magistrada integrante de la Corte Suprema. Formó parte de los 13 magistrados de Cortes de Apelaciones, junto al expresidente de la CSJ, que determinaron declarar inadmisible los recursos de amparo a favor de los magistrados de la Corte de lo Constitucional, que fueron destituidos de manera arbitraria e ilegal por el Congreso en diciembre de 2012.
“El cachureco con corbata roja”
Wilfredo Méndez Romero fue propuesto por la Corte Suprema. Nació en San Esteban, Olancho, y a sus 71 años radica en el puerto de La Ceiba. Al momento de su nombramiento se dedicaba a litigar de manera privada. Fue inspector y procurador de Trabajo, exmagistrado suplente de la Corte de Apelaciones, tesorero del Colegio de Abogados y presidente de la Unión de Notarios, capítulo La Ceiba.
AMIGO DE “FITO”
Era suplente del Consejo Departamental del Partido Liberal de Atlántida, por el Movimiento Yanista (Yany Rosenthal Oliva). Sin embargo, allegados sostienen que es amigo incondicional del nueve veces diputado nacionalista por Atlántida, Rodolfo Irías Navas, por ello lo califican como “cachureco con corbata roja”.
FRENTE A HERMES
El magistrado Wilfredo Méndez Romero fue designado en febrero de 2021 por el Pleno de Magistrados de la CSJ como juez de primera instancia en el caso HERMES, un desfalco por 49 millones de lempiras en el que estuvieron involucrados Hilda Hernández, extinta hermana de Juan Orlando Hernández, y otros funcionarios públicos.
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VEA AQUÍ EL LIBERTADOR IMPRESO, FEBRERO 2022
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