Violadores de derechos humanos, burócratas, activistas políticos y hasta “amigos de crianza” del expresidente y ahora extraditable Juan Hernández, integran la Corte Suprema de Justicia; ellos son los que han juzgado y sobreseído los casos de corrupción más sonados que han caracterizado los últimos años del régimen nacionalista.
Estos breves perfiles de los actuales magistrados resultan de investigación que EL LIBERTADOR publicó en 2016 cuando asumieron el cargo; ahora, han sido actualizados para recordatorio social, en esta coyuntura que esa Corte decidirá el destino del exgobernante, Juan Hernández, solicitado en extradición para ser juzgado en tribunales de Estados Unidos.
El nombramiento de los magistrados para el periodo 2016-2023 queda para la historia trágica del Poder Judicial hondureño, durante 15 noches y 16 días se impuso por todos los medios la misma lista de nombres que había seleccionado el dictador Juan Hernández y su círculo de interés que lo financió para llevarlo sostenerlo en el Gobierno aún contra la Constitución de la República.
Redacción
EL LIBERTADOR
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Tegucigalpa. Un nuevo orden judicial se instaló en Honduras en 2016.- Eso quedó muy claro durante el torcido proceso para nombrar a los 15 actuales magistrados en la Corte Suprema de Justicia (CSJ).- Si bien, la Corte quedó conformada por altos jueces obedientes al bipartidismo, éstos no tenían vínculos con la empresa privada como en elecciones anteriores, sino que eran afines en particular al titular del Poder Ejecutivo, donde predominan burócratas, jueces y activistas políticos. Por ejemplo, seis magistrados tienen vinculación directa con el exmandatario, Juan Hernández, dos con el dictador y transportista Roberto Micheletti y dos más tienen nexos con diputados nacionalistas y liberales.
Los cinco restantes son militantes de sus partidos. Cumpliendo con la responsabilidad social, EL LIBERTADOR comparte por segunda ocasión con datos actualizados los perfiles de los magistrados, para que el pueblo hondureño comprenda en quién ha estado la justicia en los últimos seis años.
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El presidente del Poder Judicial, el nacionalista Rolando Argueta, conforma las altas salas que administrarán las leyes para el período 2016-2023.
La Sala Constitucional es presidida por la nacionalista Lidia Álvarez, además la integran Jorge Zelaya (nacionalista), Edwin Ortez (nacionalista), Reyna Hércules (liberal) y Jorge Serrano (liberal); destaca que Serrano tiene inclinaciones nacionalistas.
La Sala Penal la preside José Rodríguez (nacionalista) en compañía de Rafael Bustillo (nacionalista) y Alma Guzmán (liberal).
Los liberales son mayoría en la Sala Civil al colocar a Wilfredo Méndez y Rina Alvarado, pero la preside el nacionalista Reynaldo Hernández, “hermano de crianza” del mandatario.- Además, llama la atención que Méndez ha sido catalogado como “cachureco con corbata roja”. Mientras que en la Sala Laboral el presidente es Edgardo Cáceres (liberal) acompañado por su correligionaria María Castro y el nacionalista Miguel Pineda.
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Rolando Argueta, de fiscal incapaz a presidente de Corte
Como se esperaba, Rolando Edgardo Argueta Pérez fue nombrado presidente de la Corte Suprema de Justicia para el período 2016-2023. Allegados a Argueta Pérez sostienen que era el hombre de confianza del expresidente Hernández. Tiene 50 años y es originario de Lepaera, Lempira. Fue propuesto por la Confraternidad Evangélica, la sociedad civil y las centrales obreras.
Dos candidatos que participaron en el proceso de selección de magistrados, y que fueron incluidos en las dos listas de la embajada de Estados Unidos para ser investigados, acusaron a Argueta de colaborar en la elaboración de las listas. Una fuente confirmó a EL LIBERTADOR que “una parte de aspirantes incluidos en esas listas salieron de las oficinas del Ministerio Público (MP)”, pero sin especificar quién o quiénes participaron.
EXPERIENCIA, SIN VALOR
Sin tener carrera como fiscal, Argueta fue nombrado director de Fiscales del MP, pocos días después del nombramiento de Óscar Chinchilla como Fiscal General. Un dato curioso es que trabajaron juntos en los conflictivos juzgados de Copán. El Congreso lo nombró consejero propietario de la Judicatura, pero no tomó posesión del cargo porque asumió el de coordinador de Fiscales.- También compitió para ser Fiscal General del Estado. Cercanos a Argueta aseguran que tiene mucha capacidad profesional, pero critican que no tiene el valor de iniciar procesos de investigación a sus amigos involucrados en acusaciones por delitos.
LIBRES LOS VALLE
Entre otros cargos, de 2009 a 2013 fue magistrado presidente de la Corte de Apelaciones de Santa Rosa de Copán.- Diario La Prensa (edición del 9 de septiembre de 2014) denunció que en octubre de 2009, la Corte de Apelaciones de Santa Rosa de Copan revocó el auto de prisión contra los hermanos Valle por el delito de tráfico de cocaína. “La resolución fue redactada por uno de los tres magistrados de la Sala, quien sin integrar al resto lo sometió a consideración. De los tres magistrados que conocieron el caso, dos votaron a favor: Rodrigo Girón Aguirre y Ángel Morales Villeda”, cita el diario.
¿ERROR POR OMISIÓN?
Tras el cierre forzoso de Banco Continental y la intervención de empresas de la familia Rosenthal, Argueta dijo que el MP no había hecho ninguna investigación por lavado de activos contra esa influyente familia, pero no dijo que desde junio de 2012 hasta mayo de 2015, la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) envió 11 denuncias a la Fiscalía General contra el Grupo Continental por “captaciones irregulares de fondos del público” realizadas por Inversiones Continental Panamá S.A. e Inversiones Continental S.A. de C.V. La mayoría de denuncias que envió la CNBS fue durante la gestión de Argueta como coordinador de Fiscales.
Premian a Francisco Ortez por lealtad a JOH
Propuesto por la sociedad civil y recomendado por los pastores de la Confraternidad Evangélica, Edwin Francisco Ortez Cruz tiene 48 años y es originario de Goascorán, Valle. La embajada estadounidense en Honduras lo incluyó en la segunda lista de 19 candidatos a ser investigados por supuestos actos ilícitos. Antes de ser electo, se desempeñaba como asistente de magistrados en la Sala de lo Penal. Ortez Cruz fue asistente de la exmagistrada de la Sala de lo Civil, María Elena Matute de Hernández, quien es cuñada del expresidente Juan Orlando Hernández y hermana de Óscar Raúl Matute, exsecretario del Interior en el gobierno de facto del transportista Roberto Micheletti.
GOLPE A “LA PRENSA”
Trascendió que en 2005 Ortez elaboró la resolución para que Hernández fuera reelecto como diputado al Congreso, violando el artículo 199 de la Constitución, ya que su cuñada, María Elena Matute, era magistrada de la Corte. El 14 de febrero de ese año, Matute querelló al director y al jefe de Redacción de La Prensa, Nelson Fernández y Luis Fuentes respectivamente, luego que ese diario publicó que ella negociaba su renuncia a cambio de 12 millones de lempiras, para que en los comicios generales pudieran participar su hijo, Marco Tulio Hernández, y su cuñado, Juan Hernández. El 28 de abril, Fernández informó que conciliaron con Matute: “nos disculpamos con la magistrada en el sentido que cometimos un lamentable error en la publicación, y que en ningún momento pretendimos dañar su honor e imagen”.
VUELO DE “PANDOROS”
El 19 de julio de 2020, un Tribunal Especial integrado por los magistrados de la Corte de Apelaciones de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Alberto Zelaya Zaldaña, María Fernanda Castro Mendoza y Edwin Francisco Ortez Cruz, dictó sobreseimiento definitivo a favor de 22 implicados en el caso Pandora documentado judicialmente por la La Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) y confirmó el auto de formal procesamiento y la prisión preventiva solamente para cuatro.- El Caso Pandora es una investigación que se hizo a funcionarios, diputados en el Congreso Nacional y particulares, por el desvío de 282 millones de lempiras destinados a proyectos agrícolas y sociales, sin embargo, fueron destinados para campañas políticas en 2013 y gastos personales.- También es el responsable de sobreseer al exdiputado nacionalista Reinaldo Ekónomo por el delito de lavado de activos.
Nexos de poder forman meteórica carrera judicial de José Olivio Rodríguez
José Olivio Rodríguez Vásquez fue propuesto por las centrales obreras, tiene 48 años y nació en Tegucigalpa. Desde 2010 laboraba en el Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), primero como secretario general, luego como jefe de la Unidad de Asesoría Legal y, por último, jefe del departamento de Recursos Humanos, pero no tomó posesión por su nombramiento de magistrado. Una fuente informó que Rodríguez Vásquez llegó al Infop “por una cachurecada, porque el puesto de secretario general es un invento, ese cargo no tiene voz ni voto y nunca fungió como jefe de personal por estarse preparando para la Corte”.
SANGRE LLAMA
Según su hoja de vida, Rodríguez se dedicaba al ejercicio privado de la profesión, ha prestado asesoría al Bufete Consortium y servicios de notariado al Bufete Melara y Asociados, cuyo director es el abogado Óscar Melara Facussé, nieto del extinto empresario Miguel Facussé Barjum.- El Bufete Melara es el apoderado legal de todas las empresas ligadas a la familia Facussé y al empresario Freddy Nasser.
Pero también destaca que obtuvo el título de licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales en 1996, pero desde 1993 se desempeñó como procurador del Bufete Vásquez y Asociados, propiedad de Justiniano Vásquez Rodríguez, tío de José Olivio y exmagistrado suplente de la Corte en el gobierno del general Juan Alberto Melgar Castro, quien fuera esposo de la nacionalista extinta Alba Nora Gúnera.
EXTRAÑAS COMPRAS
En 2016 el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) abrió la línea de investigación CNA-DMCP-001-2016, en la que implica a Olivio Rodríguez por los supuestos delitos de abuso de autoridad, violación a los deberes de los funcionarios públicos, malversación de caudales públicos y fraude.
Resulta que el entonces director del INFOP, David Chávez Madison y José Olivio Rodríguez Vásquez, en su condición de Secretario, autorizaron contratos a favor de Jonathan Samuel Schacher Kafati, propietario de Grupo Visión y socio de David Guillermo Chávez Madison y José Olivio Rodríguez Vásquez, siendo esta transacción prohibida por la Ley de Contrataciones del Estado.
Rafael Bustillo, artillero sobreviviente de “los 24”
A los 52 años, Rafael Bustillo Romero puede añadir a su hoja de vida ser magistrado del Poder Judicial. Fue postulado por el Colegio de Abogados de Honduras (CAH); es originario de Comayagua donde ha desarrollado parte de su carrera profesional. Fue incluido en la polémica primera lista de 24 candidatos que la embajada de Estados Unidos solicitó se investigaran con mayor profundidad, por suponer que podrían estar involucrados en actos ilícitos. Bustillo fue candidato a Fiscal General en la viciada elección que se realizó en 2013, también se autopropuso para competir en el proceso de selección de magistrados, realizado en 2008.
MILITAR DE COMAYAGUA
Fungió como presidente del Colegio de Abogados del capítulo de Comayagua y presidente de la junta directiva del capítulo del centro-oriente de la Asociación de Jueces y Magistrados de Honduras, período 2012-2014. Bustillo se desempeñó como juez de Letras y de Sentencias en Comayagua, magistrado de la Corte de Apelaciones en La Ceiba y al momento de su nombramiento, era magistrado de la Corte de Apelaciones de lo Civil de Francisco Morazán. Tiene formación militar, prestó el servicio de 1988 a 1990 en el Primer Batallón de Artillería de Comayagua.
PACTO DE IMPUNIDAD
En mayo de 2018, el magistrado Bustillo Romero fue designado juez natural para conocer la condición incoada contra los diputados nacionalistas Tomás Zambrano y Román Villeda Aguilar, por delitos de falsificación, abuso de autoridad y delitos contra la forma de gobierno, caso conocido como “Pacto de Impunidad”. Ambos diputados pretendían introducir una ley para proteger a los diputados que estaban siendo investigados por mal manejo de fondos públicos. En septiembre del mismo año congresistas salieron bien librados de la acusación.
El magistrado “hecho en casa”
Durante el proceso de selección de magistrados se dijo que Reynaldo Antonio Hernández fue propuesto por las universidades, pero sus colegas decían que era primo de Juan Orlando Hernández Alvarado.- Consultado por este rotativo, Reynaldo Hernández negó tener parentesco con el extitular del Ejecutivo. Una vez que Reynaldo fue ungido en la Corte, fue el entonces diputado y hermano del presidente, Antonio “Tony” Hernández, quien reveló la verdad: “fue como un hermano de crianza… Avanzó en la carrera judicial, es un ejemplo claro de superación, es una persona que vivió con nosotros y el tiempo que podíamos departir cuando vivió mi padre, recuerdo mucho a su madre que junto a su tía Julita eran sus pilares y me siento halagado de su nombramiento”.
RECOMENDADO
El ahora magistrado tiene 58 años y nació en Santa Rosa de Copán, pero fue educado en Gracias, Lempira, en la casa de la familia Hernández Alvarado.Una fuente dijo que supuestamente la progenitora de Reynaldo prestaba sus servicios en ese hogar. Al margen de eso, tiene amplia experiencia en los tribunales, fue magistrado de la Corte de Apelaciones de Santa Rosa de Copán y Santa Bárbara, coordinador de Tribunales de San Pedro Sula y juez de Letras de lo Civil. Es director del bufete legal Hernández-Sorto y Asociados, ubicado en Gracias. Esta firma integra la exclusiva lista de profesionales del derecho que la embajada de Estados Unidos recomendaba en su portal de internet.
DE SANGRE AZUL
En las elecciones primarias de 2012, Hernández incursionó como precandidato a diputado por Lempira, a través del Movimiento “Salvemos Honduras”, que impulsó por el Partido Nacional al exalcalde capitalino y designado presidencial, Ricardo Álvarez Arias. Asimismo, se autopropuso para competir por los cargos de Fiscal General y Fiscal Adjunto en agosto de 2013, pero fue excluido en la primera fase de selección, por no presentarse a la audiencia bajo la excusa de encontrarse con dengue.
ARCA ABIERTA
Reynaldo Hernández fue nombrado en diciembre de 2018 como juez natural para conocer el caso de corrupción denominado “Arca Abierta”, en el que 21 personas entre diputados, exdiputados y funcionarios habían desviado fondos del Estado por la suma de 28 millones de lempiras. Hasta la fecha el caso judicial está empantanado.
¡“Mancha brava” tiene representante!
Los pastores de la Confraternidad Evangélica recomendaron a la sociedad civil que propusieran a Lidia Álvarez Sagastume, originaria de Santa Rita de Yoro, soltera y de 68 años y perteneciente a la línea sectaria del Partito Nacional, conocida como la “mancha brava”. Por otro lado, Álvarez Sagastume participó como miembro del Tribunal de Justicia Partidaria de esa institución política.
TERCERA, ES VENCIDA
Durante su vida estudiantil fue alumna destacada. Ha sido parte de la junta directiva de la Contraloría del Notariado de la Corte Suprema de Justicia y secretaria ejecutiva del Instituto de la Propiedad (IP), durante el gobierno de Porfirio Lobo Sosa.- Se desempeñó como asesora jurídica del Registro Nacional de las Personas, del desaparecido Patronato Nacional de la Infancia y de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica.- Ya había sido postulada a magistrada en los procesos de selección de 2002 y 2008.
JUEZA PANDORA
En junio de 2018, Lidia Álvarez fue designada juez natural para conocer el emblemático caso de corrupción “Pandora”, en el que 38 personas, entre diputados, funcionarios y particulares malversaron 282 millones de lempiras, veintidós implicados fueron posteriormente sobreseídos de sus cargos
“La historia los juzgará”
Originario de Nueva Ocotepeque, en Ocotepeque, Miguel Alberto Pineda Valle, de 48 años de edad, se autopropuso para la Corte Suprema. Fue secretario ejecutivo de la Comisión Trinacional del Plan Trifinio. Es Hermano de Mario Pineda Valle, que fungió como director del Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible (Pronaders) y del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), entre otras dependencias a su cargo durante el gobierno de Hernández Alvarado.
HISTORIA COMPARTIDA
Según diario La Prensa, el 21 de agosto de 2009 cuando Miguel Pineda Valle se desempeñaba como juez de Letras de Ocotepeque, decretó auto de formal prisión contra los hermanos Valle, que actualmente guardan prisión en Estados Unidos.
Sin embargo, el abogado defensor presentó un recurso ante la Corte de Apelaciones de Santa Rosa de Copán y el Tribunal revocó el auto de prisión, por eso Pineda Valle les decretó sobreseimiento definitivo. La resolución fue redactada por un solo magistrado de los tres que conforman la Sala. Esta historia la conoce el presidente del Poder Judicial, Rolando Argueta, pues él presidía la Corte de Apelaciones.
“NACIONALISTA DE CORAZÓN”
En las pasadas elecciones generales, fue subgerente de campaña de Juan Hernández. Y el 25 de noviembre de 2013, al conocer el dictamen del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Pineda Valle compartió su alegría en una red social al afirmar que: “Los nacionalistas de corazón somos y estamos con el Partido Nacional, gracias a los que fueron fieles y a los que no, la historia los juzgará… ¡Viva JOH! Pdte., aunque les duela a muchos…”.
CASO ASTROPHARMA
Pineda Valle fue el juez natural que conoció el sonado caso entre la farmacéutica ASTROPHARMA y el Ministerio de Salud, más conocido como el caso de las “pastillas de harina”. En el caso estaban vinculados la exvicepresidenta del Congreso, Lena Gutiérrez, su padre el empresario Marco Tulio Gutiérrez, dos hermanos y 12 personas más. Los implicados fueron absueltos por falta de pruebas, según el juez.
Jorge Alberto Zelaya Zaldaña, violador de derechos humanos
Propuesto por la Corte Suprema de Justicia, tiene 52 años y es originario de Tegucigalpa. Jorge Alberto Zelaya Zaldaña fungió como titular del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa y magistrado de la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo. Fue un “connotado” violador de la libertad de prensa y de expresión durante el golpe de Estado de 2009.
RIVAL DE LA LIBERTAD
Entre otras acciones de evidente abuso de autoridad, en 2009 amenazó con encarcelar al Director-Fundador del periódico EL LIBERTADOR, Jhonny José Lagos Henríquez, por consultar al Soberano de si quería o no una nueva Constitución de la República.- Zelaya Zaldaña guarda lealtad al Partido Nacional. Su padre, militó en la corriente del histórico dirigente Ricardo Zúniga Agustinus, recordado por ser el líder de la “mancha brava” nacionalista enclaustrada en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, durante el gobierno de Ramón Ernesto Cruz (quien asumió la Presidencia en 1971, pero un año después fue depuesto por un golpe militar).
CASO PANDORA
Zelaya Zaldaña es uno de los tres magistrados que pasará a la historia judicial como el que responsable de sobreseer de manera definitiva a 22 implicados en el Caso Pandora.- El 19 de julio de 2020, un Tribunal Especial integrado por los magistrados de la Corte de Apelaciones de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Alberto Zelaya Zaldaña, María Fernanda Castro Mendoza y Edwin Francisco Ortez Cruz, dictó sobreseimiento definitivo a favor de 22 implicados en el caso Pandora y confirmó el auto de formal procesamiento y la prisión preventiva solamente para cuatro.
VEA AQUÍ EL LIBERTADOR IMPRESO, FEBRERO 2022
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