El Gobierno de Xiomara Castro afronta un déficit (exceso de gasto heredado) de 64,000 millones de lempiras, fue así que más deuda y emergencia fiscal era inevitable y, según economistas abordados por EL LIBERTADOR, será vital la construcción de un plan nacional de contención del gasto que pase a la acción, que tenga más impacto que ejecutar tareas individualizadas como la subasta del jet presidencial o la reducción de salarios de funcionarios.
De forma general, los economistas coinciden en su propuesta que este plan de nación debe adaptarse a los cuatro años del periodo de Gobierno y se enfocarse en una contabilidad a detalle de ingresos y egresos, con una política pública que elimine fideicomisos, instituciones con funciones duplicadas y programas clientelistas.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. Cuando la presidenta Xiomara Castro asumió el poder el pasado 27 de enero, basó parte de su discurso en denunciar todo lo que hizo mal la dictadura del Partido Nacional, sobre todo, la quiebra de la economía nacional; siendo consciente del gran esfuerzo por venir, nunca imaginó que la situación fuera peor, al tomar el control de las finanzas del Estado, se encontró una Tesorería General de la República (TGR) vacía y un exceso de gasto o déficit de 64,000 millones de lempiras.
El informe presentado por la secretaria de Finanzas, Rixi Moncada, apunta que durante la dictadura nacionalista, 168,000 millones de lempiras se perdieron en corrupción, entre otros datos espantosos que revelan la bajeza y el delito contra la sociedad en que ha caído la administración pública hondureña.
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Además de presentar a la nación y el mundo el desastre administrativo del régimen Hernández que cada día emerge más brutal, propuso una serie de medidas para reducir el enorme gasto público y apaciguar el daño severo a las finanzas del Estado, entre estas medidas destaca haber declarado “emergencia fiscal” para acceder a crédito con órganos financieros internacionales.
Además, se planteó la reducción de salarios y la imposición de un límite de sueldo que impedirá a funcionarios ganar más de 95 mil lempiras, por otro lado, se plantea la subasta del jet presidencial Embraer Legacy 600 que, según investigación de EL LIBERTADOR, costó a los hondureños 300 millones de lempiras sacados de la “Tasa de Seguridad”, impuesto que quedó permanente en la administración de Juan Hernández, quien viajó por el mundo en al menos 60 ocasiones con extensas comitivas que simbolizaron en exagerado gasto y, que en su momento, este periódico fue de los pocos medios que levantó la voz por el extremo abuso.
Ante este escenario, el presidente del Colegio Hondureño de Economistas (CHE), Helmis Cárdenas, ha explicado a EL LIBERTADOR que para solventar la crisis administrativa actual se debe plantear un esquema de acción inmediata, por lo que resulta erróneo la aplicación de medidas “individuales” ya que es exageradamente extensa la deuda que afronta el país, que supera los 17,000 millones de dólares.
El especialista menciona que, por ejemplo, “si se pone a la venta un avión no quiere decir que ya mañana va a tener un comprador”. Además, afirma que para alcanzar una verdadera austeridad, se debe trabajar desde la base del Presupuesto General de la República para controlar los ingresos y egresos.
“Es necesario implementar un plan de acción que debería tener medidas de corto, mediano y largo plazo, pensando en los cuatro años de Gobierno no solo en los primeros días”, amplia.
Cárdenas desglosa que el nuevo Gobierno debe presentar una propuesta de consolidación que incluya gastos o subsidios que ya se ha comprometido a afrontar, como el caso de la energía eléctrica gratis para los más pobres y bajas en el precio de los combustibles.
Menciona además que será esencial que el país fortalezca sus relaciones exteriores; sin embargo, observa que ya no se podrá pagar para realizar giras exageradas como las que realizó el exgobernante Hernández, quien incluso llevó amigos íntimos, familiares y sus funcionarios clave a conocer el mundo.
En tanto, el destacado economista, Claudio Salgado, es del criterio que dentro de un plan de austeridad debe incluir la eliminación de programas clientelistas y eliminar Instituciones públicas que no cumplen ninguna función o que incluso son paralelas, “porque además de salarios acarrea alquiler de edificios y otros gastos logísticos”.
Salgado estudia que además de eso, se deberá reducir y, de ser posible eliminar, el pago de fideicomisos, ya que no tiene sentido que se pague a un tercero para realizar una labor de compras que debería ejecutar el Gobierno a través de sus funcionarios, según el entrevistado, este modelo de compras sólo ha servido para enriquecer a quienes cobran comisiones.
El economista es contundente al mencionar que será difícil que en el primer año de Gobierno se pueda ver cambios trascendentales o reducciones drásticas del gasto público porque el Gobierno de Xiomara Castro se enfrenta a las secuelas de las administraciones de Porfirio Lobo Sosa (2010-2014) y Juan Hernández (2014-2022).
En el informe de Finanzas se ha planteado como soluciones la administración de hacienda pública de los tres poderes del Estado, así como reformular el presupuesto general para eliminar gastos con programas como el de “Vida Mejor” que costó a los hondureños 44,000 millones de lempiras y no incidió en mejorar la calidad de vida.
Sefin reportó además que los fideicomisos serán sometidos a revisión y auditoria para “determinar la existencia o no de responsabilidad civil, administrativa o penal, y en su caso proceder a su liquidación”.
Entre otras medidas se pide acompañamiento para revisar Alianzas Público Privadas, creación de un Plan de Pago de Deuda y colaboración de Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (CICIH), para auditoria forense, este ente ya ha sido solicitado oficialmente a Naciones Unidas.
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