El Gobierno de Asfura busca reinstalar en Honduras el marco legal e institucional que le permita de nuevo el saqueo de recursos públicos, realizar recortes masivos de programas, despedir a miles de trabajadores sin sus derechos laborales e instalar su agenda de privatizaciones a ultranza”, advierte el exsecretario de Finanzas en la administración de Libre, Christian Duarte.

Honduras cerró 2025 con reducción de 13.5% de pobreza y 15.4% de pobreza extrema respecto de 2021. Junto a esto, se crearon cerca de 350,000 empleos y la tasa de desocupación (desempleo) bajó de 8.6% a 4.9%. El crecimiento económico fue sostenido, cercano al 4% los cuatro años de gobierno Libre, en momentos en que el promedio de crecimiento de América Latina osciló el 2%.

Christian Duarte
Secretario de Finanzas en Gobierno de Libre

En las últimas semanas ha trascendido un borrador de decreto legislativo promovido por el oficialista Partido Nacional, cuyo propósito es decretar una supuesta emergencia fiscal y crear las condiciones para la reactivación económica. Si bien el ministro de finanzas ha tenido que recular y aclarar que no hay una emergencia fiscal, no parecen haber indicios de que el Partido Nacional vaya a retroceder en sus objetivos políticos. Acá explico el porqué dicho decreto no tiene cabida y es realmente una pantalla para un propósito distinto.

La debacle económica y social heredada por 12 años de gobiernos del Partido Nacional entre 2010 y 2021.
En 2021, Honduras alcanzó sus niveles más altos de pobreza de las últimas décadas, con 73.6% y millones de personas huyendo del país, desplazadas por la falta de oportunidades y la violencia. El mismo año, el déficit fiscal fue de 3.7% y la deuda pública alcanzó su valor relativo más alto en el presente siglo con 55.8% del PIB. El fracaso del modelo económico de país y de la gestión fiscal del gobierno fueron más que evidentes.

¿Cómo se explica que la pobreza creciera de forma casi exponencial si al mismo tiempo el Gobierno contó sistemáticamente con más recursos? Ya que, por un lado, se aplicaron paquetazo tras paquetazo para incrementar la recaudación fiscal, mientras que, por el otro lado crecía año con año la deuda pública.

Entre 2010 y 2021 se aprobaron 40 decretos de reforma fiscal, conteniendo 14 nuevos impuestos, cargando mayoritariamente a los más pobres. Al mismo tiempo, la deuda pública creció de 25.2% del PIB al citado 55.8%, se duplicó respecto del PIB; pero en términos absolutos creció de $3,677 millones a cerca de $17,000 millones, un 363%. Ya que evidentemente no fue a parar a programas para reducir la pobreza y la violencia, cabe la pregunta ¿Adónde habrá ido a parar todo ese dinero? Sara Chayes podría tener la respuesta que todos conocemos.

Finalmente, a este escenario financiero debe sumarse el hecho de que el bipartidismo nacional-liberal había construido una infraestructura para legalizar el secuestro de los impuestos públicos mediante la banca privada, a través de 83 fideicomisos que administraron L145,702 millones por fuera de las leyes de compras y contrataciones.

Cuando en enero de 2022 asumió la Presidenta Xiomara Castro y su secretaria de Finanzas, Rixi Moncada, encontraron, no solo una debacle socioeconómica en el país, sino un presupuesto público que no reflejaba la verdadera situación fiscal de las instituciones públicas y una Caja Única del Tesoro agujereada por fideicomisos y amarrada por los pagos de vencimientos de deuda pública a corto plazo, lo que ocasionaba problemas de liquidez para saldar incluso los sueldos y salarios del sector público.

Así se declaró mediante un Decreto Ejecutivo una emergencia fiscal para solventar los problemas de liquidez del corto plazo mediante un préstamo a condiciones preferenciales con el Banco Central de Honduras (BCH) y para presentar un presupuesto verdadero con un agresivo programa de inversión pública.

La herencia de Xiomara Castro y el Gobierno de LIBRE
Cuatro años después, la Presidenta Xiomara Castro se retira dejando un país en plena recuperación económica y unas finanzas públicas mucho más sólidas que antes.

Honduras cerró 2025 con una reducción de 13.5% de pobreza y 15.4% de pobreza extrema respecto de 2021, es decir, cifras del 60.1% y 38.3% respectivamente. Junto a esto, se crearon cerca de 350,000 empleos y la tasa de desocupación (desempleo) bajó de 8.6% a 4.9%. El crecimiento económico fue sostenido, cercano al 4% los cuatro años, en momentos en que el promedio de crecimiento de América Latina osciló el 2%, y se espera que, en 2026, Honduras, sea junto a Costa Rica, la segunda economía de mayor crecimiento en Centro América. La inflación tuvo su nivel más bajo en los últimos ocho años y los niveles de reservas internacionales en dólares superaron por primera vez en la historia los $10,000 millones.

Y al contrario de lo ocurrido con los gobiernos del Partido Nacional, para obtener estos resultados no fue necesario colocar un solo impuesto más ni aumentar la deuda pública. La única reforma fiscal propuesta en los cuatro años fue la Ley de Justicia Tributaria para disminuir los excesivos privilegios fiscales de los más ricos, que no logró los votos suficientes ante el boicot de los grupos económicos. Y por el lado de la deuda pública, esta disminuyó cerca de 10% del PIB, de 55.8% en 2021 a cerca del 46% en 2026, una disminución inédita.

La verdadera clave fue formular un presupuesto transparente, fortalecer los mecanismos de transparencia y veeduría social e invertir los impuestos del pueblo de forma honesta. El programa de inversión pública se duplicó, al pasar de un promedio del 4% del PIB al 9%, sumando en 4 años L267,743 millones.

Conclusión: una cortina de humo para el achicamiento del Estado
Frente a este escenario inobjetable, el nuevo ministro de finanzas tuvo que salir a aclarar que Honduras no se encuentra en una emergencia fiscal. Pero no parece que el Partido Nacional vaya a recurar en sus intenciones de fondo.

Ya que, lo que realmente se propone el Gobierno de Nasry Asfura Zablah es: (i) reinstalar el marco legal e institucional que les permita de nuevo el saqueo de los recursos públicos, (ii) realizar recortes masivos de programas e instituciones públicas, (iii) despedir a miles de trabajadores vulnerando sus derechos laborales e (iv) instalar su agenda de privatizaciones a ultranza.

Solo la acción conjunta y coordinada del pueblo, gremios, sindicados, sociedad civil, pobladores, colectivos y fuerzas vivas nos garantizará la defensa efectiva de nuestros derechos conquistados.