La socióloga Julieta Castellanos, advirtió que las reformas impulsadas por el Congreso Nacional (CN), permitirían a la Policía ejecutar allanamientos y capturas sin orden judicial y podrían dejar en indefensión a la población, mientras cuestionó que las instituciones de seguridad y justicia aleguen falta de recursos pese a los millonarios presupuestos que reciben.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. La socióloga y exrectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Julieta Castellanos, sostuvo que las acciones y leyes impulsadas por el Congreso Nacional (CN) evidencian el fracaso de las instituciones responsables de garantizar la seguridad, la defensa y la justicia en el país.
“Todas hablan de insuficientes recursos, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tiene un presupuesto de L.4,396 millones, la Secretaría de Defensa L.12,396 millones, la Secretaría de Seguridad L.13,337 millones y el Ministerio Público (MP) L.3,040 millones, hay que sumar la Tasa de Seguridad y ahora los dineros incautados que se les entregará ¿Cuánto más requieren para dar resultados?” cuestionó.
La socióloga señaló que, aunque no se denomine formalmente como un estado de excepción, a su juicio, responden a esa lógica al aprobar leyes sin contar con la opinión de la CSJ que permitirían a la Policía ejecutar allanamientos y capturas sin orden judicial.
Asimismo, advirtió que estas disposiciones podrían dejar a la población en una situación de indefensión, especialmente ante el riesgo de que existan agentes policiales infiltrados por el crimen organizado o vinculados directamente con estructuras criminales.
Como ejemplos de las dudas que persisten sobre el desempeño de las autoridades de seguridad, Castellanos mencionó el caso ocurrido en junio en Corinto, Omoa, donde cinco policías, entre ellos un subcomisionado, murieron durante un operativo con un procedimiento que se habría realizado sin autorización y al margen de los protocolos legales.
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