El Centro de Estudios para la Democracia (Cespad) advirtió que el proyecto de reformas penales SEP-709-2026, impulsado desde el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS), podría ampliar las facultades del Estado para intervenir territorios, restringir derechos fundamentales y criminalizar a organizaciones sociales, comunidades y personas defensoras del territorio.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. El conjunto de reformas y disposiciones de seguridad que se contempla, representan un riesgo considerable para los pueblos, advirtió el Centro de Estudios para la Democracia (Cespad) que, a través de un comunicado, ha emitido una alerta de emergencia ante el avance del proyecto.
Desde hace varias semanas la organización alertó que el proyecto representa nuevos riesgos para el ejercicio de los derechos humanos, la organización comunitaria y la defensa del territorio en Honduras.
De acuerdo con Cespad, la iniciativa impulsada desde el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) propone cambios que podrían fortalecer las facultades del Estado para clasificar como terroristas a las organizaciones populares, realizar intervenciones territoriales y aplicar medidas restrictivas de derechos.
Reformas de seguridad bajo cuestionamiento
Entre las disposiciones señaladas figura el Decreto 84-2026 que reformó la figura de “asociación terrorista”, otorgando al CNDS la facultad de calificar organizaciones y creando la Agencia Nacional contra el Crimen, un concepto que Cespad ha advertido que los conceptos como presencia territorial, dominio social, intimidación o coerción, “requieren límites precisos para evitar que protestas y conflictos agrarios, ambientales y territoriales sean interpretados como terrorismo”.
Otro de los instrumentos cuestionados es el Decreto 107-2026, que contempla la intervención del Ministerio Público y de la Policía ante ocupaciones, bloqueos, tomas y usurpaciones que afecten actividades agroindustriales, energéticas, turísticas y agrícolas, considerada una disposición que amplía la respuesta penal frente a acciones que pueden estar vinculadas con protestas y reivindicaciones territoriales.
Se suma el Decreto 208-2026, que faculta al CNDS para declarar determinados espacios como “Territorios de Alto Riesgo”, habilitando despliegues policiales y militares, vigilancia tecnológica y restricciones de circulación; además de un régimen penitenciario especial con limitaciones a las visitas, las comunicaciones y la movilidad.
“Durante su aprobación, diputados expresaron preocupación por la proporcionalidad, la temporalidad, el control judicial y las garantías de derechos”, resalta el Cespad.
Además, el proyecto SEP-709-2026, propone allanamientos sin orden judicial previa, prisión preventiva obligatoria, ampliación del plazo de detención antes de presentar a una persona ante el juzgado, restricción de la libertad condicional y el uso de elementos subjetivos (como tatuajes o símbolos) para acreditar pertenencia a organizaciones terroristas.
“Este combo normativo incrementa los riesgos para el movimiento social, en consonancia con las preocupaciones expresadas por los procedimientos especiales de Naciones Unidas en las comunicaciones OL HND 2/2026, del 25 de agosto y OL HND 4/2026 del 21 de agosto”, apunta la organización
Y, es que, en un contexto de criminalización de la protesta y la organización comunitaria, Cespad identifica que las recuperaciones de tierra, campamentos, asambleas y bloqueos, “podrían ser interpretados mediante categorías amplias de terrorismo o amenaza a actividades económicas, sin distinguir las conductas delictivas del ejercicio de derechos”.
Riesgos para las comunidades y activistas sociales
Además, en un marco de desalojos e intervenciones coercitivas frente a demandas territoriales: “Los reclamos de acceso a la tierra, protección ambiental y derechos colectivos pueden subordinarse a respuestas policiales o militares, desplazando el diálogo y la atención de sus causas”.
En un tercer punto, las restricciones a la participación y defensa de derechos: “La aplicación conjunta de estos decretos configura un marco cada vez más restrictivo para la participación ciudadana y la defensa del territorio: la ampliación de la vigilancia, los controles de circulación y las categorías penales puede dificultar las reuniones, la movilización y el trabajo de las personas defensoras”.
Ante estos riesgos, el CESPAD demanda:
- Al Congreso Nacional: adecuar el proyecto SEP-709-2026 a los estándares de derechos humanos antes de su aprobación, atender las observaciones de la Corte Suprema de Justicia, establecer límites precisos a las facultades de investigación y detención, un control judicial efectivo y garantías para impugnar decisiones que restrinjan derechos. Asimismo, derogar las disposiciones del Decreto 84-2026 que permiten calificar a organizaciones como terroristas mediante categorías imprecisas y atribuyen esa decisión al CNDS; derogar el Decreto 107-2026; y revisar el Decreto 208-2026 para delimitar el alcance de las intervenciones territoriales, establecer su duración y garantizar su sometimiento a control judicial.
- A las instituciones de seguridad y justicia: evitar que las figuras de terrorismo, usurpación o alteración del orden público se utilicen para perseguir la protesta pacífica, la organización comunitaria y la defensa territorial. Asimismo, investigar con diligencia las amenazas y agresiones contra comunidades y personas defensoras, así como los posibles abusos cometidos durante desalojos.
- Al Estado hondureño: atender las causas de la conflictividad mediante políticas de justicia agraria y ambiental, seguridad jurídica para las comunidades, garantías de consulta previa, libre e informada para los pueblos titulares de este derecho y protección efectiva para las personas defensoras.
El CESPAD reconoce el deber del Estado de proteger a la población y combatir la criminalidad, pero subraya que este mandato debe cumplirse bajo estrictos controles democráticos y con pleno respeto a los derechos humanos. La organización comunitaria, la protesta pacífica y la defensa del territorio deben ser protegidas frente al uso arbitrario del poder estatal.
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