La Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras (CUTH), la Federación Unitaria de Trabajadores de Honduras (FUTH), la Federación Sindical Mundial (FSM) y la Red Contra la Violencia Antisindical y otras organizaciones informaron que llevaron ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) una denuncia contra el gobierno de Nasry Asfura, por un presunto patrón de persecución y represalias antisindicales, que incluiría casi 12,000 despidos en el sector público.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. La Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras (CUTH), la Federación Unitaria de Trabajadores de Honduras (FUTH), la Federación Sindical Mundial (FSM) y la Red Contra la Violencia Antisindical informaron que acudieron ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para denunciar un supuesto patrón sistemático de persecución, discriminación y represalias contra trabajadores y dirigentes sindicales del sector público.
Las organizaciones señalaron que el 14 de julio de 2026 solicitaron la intervención urgente de la OIT, en respaldo y a petición de 14 organizaciones sindicales afectadas: “Esta solicitud responde al grave, creciente y sistemático patrón de persecución y discriminación antisindical atribuido al gobierno contra dirigentes, miembros fundadores y trabajadores afiliados”.
Según explicaron, buscan que se establezca un mecanismo de seguimiento, con acompañamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que permita verificar las denuncias, investigar los hechos y constatar posibles violaciones a la libertad sindical y al derecho de negociación colectiva.
Según el comunicado oficial el 31 de julio, las organizaciones sindicales presentaron una queja consolidada ante el Comité de Libertad Sindical de la OIT, sustentada en documentación sobre presuntas violaciones registradas desde 2025: “La denuncia internacional documenta una serie de violaciones a derechos laborales y sindicales fundamentales sin precedentes en la historia reciente del país, reflejada en cerca de 12,000 despidos ilegales en el sector público”.
El documento sostiene además que alrededor de 400 dirigentes sindicales protegidos por el fuero sindical habrían sido despedidos sin causa justificada, situación que, a criterio de las organizaciones, tendría como finalidad debilitar o desarticular la organización sindical dentro del Estado: “Sus despidos se habrían ejecutado sin causa justificada y con el propósito de debilitar y desmantelar la organización sindical en el Estado”.
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