Defender el territorio en Honduras no debería exigir entregar la vida, pero el recuerdo de Berta Cáceres vuelve a sobrevolar cada frontera donde la tierra se disputa con los gobiernos, con la entrada en vigor de la nueva Ley Agroindustrial y la sombra de los desalojos activos, lideresas comunitarias como Miriam Miranda alzan la voz para desmontar el discurso del sacrificio, nadie quiere convertirse en mártir a costa de su propia muerte. La verdadera prueba para el Estado hondureño no radica en estampar el rostro de una lideresa asesinada y en impunidad en el billete de 200 lempiras, sino en garantizar que defender los derechos colectivos de las comunidades garífunas e indígenas deje de ser una condena de sangre.
Para los registros de propiedad e inversionistas, la tierra se reduce a hectáreas, títulos de propiedad y márgenes de ganancia, para las comunidades campesinas y garífunas de Honduras, en cambio, la tierra es la fuente que genera vida, de ella nace el alimento, yuca, pesca y la memoria histórica de todo un pueblo; hoy, la nueva Ley Agroindustrial busca imponer una seguridad jurídica pensada para los negocios sobre territorios donde el derecho a sembrar y habitar se practica desde hace siglos, en este choque entre la rentabilidad y la supervivencia comunitaria, Honduras se enfrenta a una encrucijada, decidir si la ley servirá para alimentar a su gente o para acelerar el despojo de sus tierras.
Por: Francis Juanez y Fanny Yanes
Tegucigalpa, Honduras— Cuando una ley busca ordenar la tierra sin resolver quién tiene derecho sobre ella, el conflicto cambia de escenario. En Honduras, esa disputa tiene una historia que atraviesa generaciones y que hoy vuelve a la palestra pública con la aprobación de la Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial. Según sus promotores, la normativa busca fortalecer la seguridad jurídica, proteger las actividades productivas y generar condiciones para atraer inversiones.
Para las comunidades garífunas, indígenas y campesinas, la preocupación está en lo que ocurrirá cuando esas nuevas herramientas legales entren en territorios donde existen reclamos ancestrales, títulos en disputa, procesos de saneamiento pendientes y sentencias internacionales que el Estado todavía debe cumplir.
La pregunta que queda sobre la mesa es sencilla y al mismo tiempo incómoda: ¿Quién decide sobre la tierra en Honduras y qué ocurre con las comunidades cuando esa decisión entra en conflicto con su historia territorial? Para los garífunas, la respuesta tiene casi 230 años de memoria.
UNA HISTORIA QUE COMENZÓ CON EL DESARRAIGO
La lucha por la tierra corre por las venas del pueblo garífuna. Mucho antes de los actuales conflictos territoriales, los garífunas construyeron una identidad marcada por el desplazamiento, la resistencia y la defensa de sus comunidades. Su historia en Centroamérica comenzó después de la expulsión de San Vicente en 1797, cuando fueron trasladados hacia las costas caribeñas.
El historiador Edgar Soriano explica que, después de aquella expulsión, los garífunas llegaron a las costas de Centroamérica y se asentaron desde Belice hasta la zona de la Mosquitia hondureño-nicaragüense. Una parte importante de esa población se estableció en la costa hondureña.
Durante buena parte del periodo colonial —agrega— la presencia española en determinados sectores de la costa hondureña fue limitada. Esa circunstancia permitió que las comunidades garífunas construyeran poblaciones y desarrollaran una relación histórica con el territorio.
Esa permanencia histórica, también, debe analizarse a la luz de los convenios internacionales asumidos por Honduras, sostiene el historiador, que establecen obligaciones relacionadas con los derechos de los pueblos indígenas y tribales.
Pero el territorio representa mucho más que una superficie delimitada en un mapa. En las comunidades garífunas, la tierra está relacionada con la vivienda, la agricultura, la pesca, la alimentación, la cultura, la memoria familiar y las prácticas comunitarias que han pasado de una generación a otra. La música, el baile y la ritualidad forman parte de esa memoria. Para Soriano, esas expresiones culturales surgieron también como mecanismos de resistencia frente a la esclavitud y la exclusión: “Desde la esclavitud construyeron formas de resistencia cultural”.
En ese sentido, Soriano destaca el papel de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), y considera que una de las principales fortalezas del pueblo garífuna está precisamente en su capacidad de movilización comunitaria. En esa historia aparecen figuras como Juan Francisco Bulnes, conocido como “Walúmugu” o Rey Garífuna; Alfonso Lacayo Sánchez, uno de los primeros médicos negros de Honduras; y, en tiempos recientes, Miriam Miranda, coordinadora de OFRANEH.
La trayectoria de Miranda también refleja el costo que puede tener la defensa territorial, pues ha enfrentado persecución, atentados y arrestos que se interpretan como mecanismos de intimidación. La historia, de esta manera, conecta el pasado con una discusión que hoy se desarrolla en el Congreso Nacional.
LA LEY QUE LLEGA A UN TERRITORIO EN CONFLICTO
La noche del 4 de junio de 2026, mientras el Congreso Nacional (CN) cerraba el último debate de la Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial, la discusión legislativa avanzaba en Tegucigalpa mientras en distintas comunidades rurales continuaban abiertos conflictos alrededor de la tierra. La normativa fue presentada por sus promotores como una herramienta para fortalecer la seguridad jurídica, proteger la producción y generar condiciones para la inversión.
Así, el diputado nacionalista Marcos Paz [del partido en el poder] defendió esa posición al señalar que la legislación busca proteger las tierras vinculadas con los sectores agroindustrial, energético y turístico.
El argumento parte de una preocupación concreta: quienes invierten y producen necesitan certeza jurídica sobre sus propiedades y proyectos. Pero el problema surge cuando esa seguridad jurídica choca con territorios cuya historia no comenzó con una inscripción registral.
Para un empresario, la seguridad puede significar protección frente a una ocupación. Para un productor, certeza para cultivar y comercializar. Para una familia campesina, permanecer en el terreno que trabaja. Para una comunidad garífuna, puede significar que el Estado reconozca y proteja un territorio cuya relación con la comunidad antecede a los actuales registros de propiedad.
Esa diferencia explica buena parte de la tensión alrededor del Decreto 107-2026. Honduras arrastra décadas de conflictos agrarios, concentración de tierras, procesos de reforma agraria, disputas campesinas y reivindicaciones de pueblos indígenas y garífunas.
En varias regiones, esas controversias han derivado en desalojos, procesos judiciales, desplazamientos y violencia. El Bajo Aguán representa uno de los ejemplos más conocidos.
El 21 de mayo de 2026, 20 personas fueron asesinadas en Rigores, Trujillo, Colón, en uno de los episodios más graves de la reciente conflictividad agraria. Dos semanas después, el Congreso Nacional aprobó la nueva Ley Agroindustrial. La coincidencia temporal permite dimensionar el escenario en el que surgió la normativa: mientras el país discutía mecanismos para proteger la producción y la propiedad, en territorios rurales la disputa por la tierra continuaba teniendo consecuencias humanas.
Para el director del Centro de Estudio para la Democracia (Cespad), Gustavo Irías, uno de los principales cuestionamientos está relacionado con la manera en que la ley aborda los conflictos territoriales, pues sostiene que la normativa favorece a sectores empresariales y cuestiona sus mecanismos para responder ante ocupaciones y conflictos de tierra.
Las organizaciones sociales también han advertido sobre posibles afectaciones a la protesta y a los derechos humanos. La discusión llegó incluso a la Corte Suprema de Justicia, donde organizaciones como Ofraneh presentaron recursos contra el Decreto 107-2026.
QUÉ DICE LA LEY SOBRE TERRITORIOS INDÍGENAS Y GARÍFUNAS
El Decreto 107-2026 incorpora una disposición especialmente relevante para los pueblos indígenas y afrodescendientes. La norma establece que sus disposiciones no serán aplicables en territorios indígenas y tribales reconocidos sin que previamente se realice la Consulta Libre, Previa e Informada, conforme al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Constitución hondureña.
También establece que deben respetarse las tierras ancestrales de los nueve pueblos indígenas y afrodescendientes reconocidos en Honduras.
La propia legislación declara además de orden público, interés y prioridad nacional la protección de actividades agroindustriales, energéticas, turísticas y ganaderas, así como de determinadas tierras y propiedades destinadas a esas actividades.
El decreto establece mecanismos de protección para esas propiedades cuando su titularidad se encuentre legalmente definida e inscrita y ordena a las instituciones competentes actuar frente a ocupaciones, usurpaciones, tomas o bloqueos que afecten las actividades protegidas.
Y ahí aparece una de las principales preguntas de esta investigación:
¿Qué ocurre cuando existe una comunidad con una relación ancestral con un territorio, pero la titulación, delimitación o demarcación permanece incompleta o existen conflictos con terceros? La respuesta adquiere especial importancia en el caso garífuna, porque Honduras ya ha sido condenado internacionalmente por problemas relacionados con la protección de estos territorios.
SAN JUAN: CUANDO LA PROPIEDAD PRIVADA SE ENCUENTRA CON EL TERRITORIO ANCESTRAL
El 6 de julio de 2026, más de 200 agentes de la Policía Nacional ejecutaron un operativo de desalojo en un predio ubicado entre la comunidad garífuna de San Juan y la colonia 4 de enero, en Tela, Atlántida. Durante el procedimiento fueron detenidas cinco personas, entre ellas el presidente del Comité de Defensa de Tierra de la comunidad, Deinor Mejía.
Según la Secretaría de Seguridad, el operativo se realizó en cumplimiento de una orden judicial sobre un inmueble que las autoridades identificaron como propiedad privada y cuyo dominio pleno atribuyeron a la sociedad mercantil Promociones y Turismo. La institución informó que los ocupantes fueron notificados y que se les concedieron 30 minutos para desalojar voluntariamente el predio antes de ejecutar la orden.
La comunidad garífuna y organizaciones defensoras de derechos humanos ofrecieron una versión distinta. Denunciaron el uso de gases lacrimógenos, disparos y un uso desproporcionado de la fuerza, además de cuestionar el desalojo por tratarse de un territorio que consideran ancestral. El episodio ocurrió pocas semanas después de la entrada en vigor del Decreto 107-2026, lo que convirtió a San Juan en uno de los primeros casos en los que la nueva legislación se encuentra con una disputa territorial garífuna.
El conflicto adquiere una dimensión adicional porque la comunidad cuenta con una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 2023 relacionada con sus derechos territoriales. El 29 de agosto de 2023, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó sentencia en el caso “Comunidad Garífuna de San Juan y sus miembros Vs. Honduras”. El tribunal declaró la responsabilidad internacional del Estado por violaciones relacionadas con los derechos territoriales de la comunidad.
La sentencia abordó, entre otros aspectos, la falta de protección de las tierras ancestrales de la comunidad. La propia documentación del caso señala que San Juan no contaba con un título colectivo que reconociera la totalidad de sus tierras y territorios ancestrales. La Corte estableció obligaciones para el Estado relacionadas con la protección del territorio y su derecho a la propiedad colectiva. Por eso, el conflicto actual tiene una historia jurídica anterior a la Ley Agroindustrial.
El conflicto también apareció en otro punto del país: en El Tulito, Choluteca, organizaciones defensoras de derechos humanos denunciaron el despliegue de más de 200 policías para ejecutar un desalojo que afectaría a 84 familias campesinas. La Ley Agroindustrial no se limita a las comunidades garífunas. Sus posibles efectos alcanzan también a otros pueblos indígenas, comunidades campesinas y poblaciones que, aun sin pertenecer a un grupo étnico, mantienen vínculos productivos, históricos o de posesión con las tierras donde desarrollan sus actividades.
En este escenario, la discusión sobre la seguridad jurídica de la propiedad entra en tensión con otra realidad: miles de familias dependen de la tierra para producir alimentos, sostener sus economías y garantizar su subsistencia. Cabe mencionar, que San Juan y El Tulito tienen historias diferentes. En el primero existe una dimensión territorial garífuna y ancestral; en el segundo, una disputa protagonizada por familias campesinas. Ambos casos, sin embargo, colocan al Estado frente a la misma pregunta: ¿Cómo utiliza sus nuevas herramientas legales cuando la tierra está en disputa?
LO QUE PROTEGE LA LEY Y LO QUE ESTÁ EN JUEGO
El abogado José Zúniga propone leer el Decreto 107-2026 más allá de su lenguaje técnico. A su criterio, uno de sus principales objetivos de la normativa es proteger la propiedad privada y crear condiciones para atraer inversión, especialmente extranjera. El punto crítico aparece cuando esa política entra en contacto con territorios ocupados históricamente por pueblos indígenas, garífunas y tribales.
Zúniga considera que un terreno puede aparecer jurídicamente como propiedad privada mientras una comunidad sostiene derechos colectivos sobre ese mismo espacio. En esos casos, explica, una inscripción registral por sí sola no resuelve el conflicto: “Debe de analizarse el origen de la propiedad, los derechos históricos de las comunidades, las obligaciones constitucionales y los compromisos internacionales asumidos por Honduras”.
Además, el abogado recuerda que durante la administración de Xiomara Castro [2022-2026] se extendieron más de 10,000 títulos de propiedad a comunidades ancestrales, tribales e indígenas mediante el Instituto Nacional Agrario (INA). Según su estimación, durante ese período se extendieron más de 10,000 títulos de propiedad. Sin embargo, los registros públicos consultados del INA presentan las cifras agrupadas entre distintos sectores beneficiarios y no permiten confirmar que los más de 10,000 títulos correspondan exclusivamente a comunidades ancestrales, tribales e indígenas.
Al margen de eso, Zúniga considera que el desafío actual consiste en evitar que la expansión de proyectos turísticos y productivos coloque a esas comunidades en una posición todavía más vulnerable. Su argumento lleva la discusión hacia una deuda que permanece abierta: titulación, delimitación, demarcación y saneamiento territorial. Mientras esas tareas permanezcan pendientes, cualquier nueva herramienta legal puede encontrarse con conflictos anteriores que todavía esperan una respuesta.
EL COSTO HUMANO DE DEFENDER UN TERRITORIO
Aquí aparece Miriam Miranda, coordinadora de OFRANEH y una de las principales voces de la defensa territorial garífuna y, acerca de la Ley Agroindustrial relata experiencias marcadas por amenazas y ataques: “He recibido varios atentados”, denuncia la dirigente al mismo tiempo indica que está bajo medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y cuestiona la respuesta del Estado para garantizar su cumplimiento: “Lo que más me preocupa es la falta de respuesta del Estado para hacer cumplir las medidas cautelares”.
Para Miranda, la discusión sobre la tierra tiene una dimensión que trasciende los documentos y los expedientes judiciales. Está relacionada con la seguridad de las personas que defienden los territorios y con la capacidad del Estado para prevenir nuevas agresiones. Su posición frente a la Ley Agroindustrial es contundente: OFRANEH reclama su anulación total. “Esa ley debe ser totalmente liquidada, debe ser anulada por el Congreso Nacional”, sostiene.
Miranda cuestiona que las decisiones sobre el territorio se adopten sin una discusión amplia sobre el modelo de país que Honduras quiere construirla; también señala la desigualdad en la distribución de la tierra: “Aquí hay gente que tiene hasta mil manzanas de tierra y nadie dice nada”, afirma. Para ella, el debate involucra también a los campesinos y al conjunto de la población hondureña.
“NADIE QUIERE SER BERTA CÁCERES”
La defensa territorial también lleva inevitablemente a recordar a Berta Cáceres. Miranda rechaza que la seguridad de las defensoras se plantee como una posible repetición de aquella historia. “Nadie quiere ser mártir, tampoco Berta lo quería ser”. Su reflexión apunta a una idea muy clara: ninguna defensora quiere convertirse en símbolo después de morir. La responsabilidad —sostiene—, corresponde al Estado, que debe impedir que las amenazas lleguen hasta ese extremo.
La dirigente vuelve entonces al caso de San Juan y a las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos relacionadas con comunidades garífunas: “Exigimos cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la comunidad de Triunfo de la Cruz, San Juan, Punta Piedra y Cayos Cochinos”.
La referencia tiene un contexto jurídico concreto. La Corte IDH dictó en 2015 sentencias sobre las comunidades de Triunfo de la Cruz y Punta Piedra y en 2023 resolvió el caso de San Juan. Ambos procesos permanecen vinculados a obligaciones estatales y a mecanismos de supervisión de cumplimiento. En 2026, además, la Corte IDH emitió una sentencia en el caso de la Comunidad Garífuna de Cayos Cochinos y sus miembros Vs. Honduras.
Los casos tienen hechos y obligaciones diferentes, pero comparten una preocupación relacionada con el reconocimiento y protección de derechos colectivos de comunidades garífunas. Desde su perspectiva, el conflicto territorial forma parte de un problema mayor relacionado con el Estado de derecho y la protección de los derechos colectivos.
Miranda considera que las personas con menos recursos enfrentan mayores dificultades para defender sus derechos y cuestiona la existencia de estructuras de poder económico capaces de influir en el acceso a la justicia. Su preocupación alcanza al ciudadano que carece de recursos para enfrentar un proceso judicial: “Estamos hablando de todo el hondureño y la hondureña”.
En su interpretación, el conflicto territorial forma parte de un problema mayor relacionado con el Estado de derecho y la protección de los derechos colectivos. Incluso utiliza una expresión extrema para describir lo que considera una amenaza contra la permanencia del pueblo garífuna en Honduras: “hay un genocidio cultural”.
LA TIERRA TAMBIÉN ALIMENTA
La disputa territorial tiene otra dimensión que puede perderse entre los documentos legales: la económica. En las comunidades garífunas, la relación con la tierra y la costa sostiene actividades como la pesca artesanal, la agricultura de subsistencia, la producción de yuca, plátano y coco, la elaboración de alimentos y artesanías, además del turismo comunitario y cultural.
Cada una de esas actividades depende de un territorio. Cuando una familia pierde acceso a la tierra, puede perder también la posibilidad de cultivar alimentos, generar ingresos, desarrollar emprendimientos o mantener prácticas productivas transmitidas entre generaciones; por eso, el conflicto territorial también tiene consecuencias económicas.
El riesgo planteado por las comunidades es que proyectos con mayor capacidad de inversión terminen desplazando sistemas productivos locales que dependen de pequeñas extensiones de tierra y del acceso comunitario a espacios costeros.
En importante señalar que los hondureños no se oponen al desarrollo económico; por el contrario, el país necesita con urgencia un modelo capaz de generar empleo, inversión y mejores condiciones de vida para la mayoría. Sin embargo, los resultados de las políticas aplicadas durante las últimas cinco décadas obligan a cuestionar si el modelo adoptado realmente ha logrado reducir la pobreza y distribuir sus beneficios.
En la década de 1970, cuando Honduras tenía alrededor de 6.4 millones de habitantes, cerca del 60 % de la población vivía en condiciones de pobreza, actualmente de los 11.2 millones de habitantes, 9.5 millones están bajo la línea de la pobreza, según el Instituto Nacional de Estadística (INE) es decir, el crecimiento de la población y la creación de mecanismos para atraer inversión no se han traducido necesariamente en bienestar para todos.
Desde 1976, con la creación de la Zona Libre (ZOLI), Honduras comenzó a consolidar un modelo basado en incentivos fiscales y aduaneros para atraer inversión, impulsar las exportaciones y generar empleo. Posteriormente surgieron otros regímenes especiales, como el Régimen de Importación Temporal (RIT), las Zonas Industriales de Procesamiento para Exportaciones (ZIP) y otros mecanismos de incentivos sectoriales.
Durante cinco décadas, el Estado ha recurrido a beneficios fiscales con la promesa de estimular el desarrollo económico. Sin embargo, los persistentes niveles de pobreza plantean una pregunta de fondo: ¿ha funcionado este modelo para la mayoría de los hondureños o sus beneficios se han concentrado en determinados sectores?
La dimensión del sacrificio fiscal también obliga a revisar sus resultados. Para 2025, la Secretaría de Finanzas (SEFIN) estimó que el gasto tributario —los ingresos que el Estado deja de percibir como consecuencia de exoneraciones y otros beneficios fiscales— equivaldría aproximadamente al 6.1 % del Producto Interno Bruto (PIB). Para el período 2026-2029, proyectó un promedio cercano al 6.2 % del PIB.
Los regímenes de exoneración sí generan empleo. En 2024 reportaron 170,126 puestos de trabajo, equivalentes aproximadamente al 5 % de la fuerza laboral. De ellos, 105,374 correspondieron a empresas acogidas al régimen ZOLI, es decir, el 61.9 % del empleo reportado por los regímenes de exoneración, mientras que el RIT registró otros 17,125 empleos, según SEFIN.
El desafío, por tanto, no consiste en negar los empleos o la inversión que estos mecanismos han generado, sino en determinar si los beneficios obtenidos compensan el costo fiscal que asume el Estado.
En este contexto surge ahora el debate sobre la Ley de Protección a la Agroindustria, presentada como una herramienta para impulsar la producción, atraer inversión, generar empleo y fortalecer un sector considerado estratégico para la economía nacional. Sus promotores sostienen que el país necesita condiciones que permitan ampliar la inversión agroindustrial y agregar valor a la producción.
¿UN NUEVO MODELO CALLEJAS?
El doctor en Economía de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Claudio Salgado, encuentra un antecedente en la Ley para la Modernización y el Desarrollo del Sector Agrícola aprobada durante el gobierno de Rafael Leonardo Callejas [1990-1994].
A su juicio, aquella reforma que impulsó el entonces gobernante por el Partido Nacional, debilitó los avances de la reforma agraria y esta nueva legislación podría profundizar una tendencia que dejó pendientes importantes en el campo hondureño.
Salgado cuestiona especialmente el tratamiento de las protestas y las ocupaciones de tierra. “Va a ser declarado terrorista, ya sea que proteste los garífunas u otros”, afirma, al considerar que la aplicación de la ley puede generar diferencias entre la manera en que se denomina una acción realizada por campesinos y otra protagonizada por grandes propietarios. El economista también advierte sobre los pequeños productores de granos básicos.
Arroz, frijoles y otros alimentos forman parte de la producción que abastece el consumo nacional. Desde su perspectiva, una política concentrada en la agroindustria puede dejar en segundo plano a quienes producen para el mercado interno. Si esos productores pierden tierra o reducen su capacidad productiva, Honduras podría incrementar su dependencia de las importaciones.
Salgado establece una comparación con las promesas que acompañaron la modernización agrícola de los años 1990.Más de tres décadas después, considera que Honduras continúa dependiendo de productos como el banano, la palma africana y el café, sin haber alcanzado la transformación productiva que se anunció entonces. También cuestiona la desaparición o reducción de programas de apoyo para pequeños y medianos productores, entre ellos el bono tecnológico, el bono ganadero y el bono cafetalero.
Su propuesta parte de una prioridad diferente: fortalecer primero la producción nacional y después ampliar la orientación exportadora. “Honduras debería ir fomentando la producción nacional primero, y después pensar en la producción para el exterior, e implementar la reforma agraria”, plantea.
LA SALIDA: RESOLVER ANTES DE DESALOJAR
Las voces consultadas llegan desde lugares distintos, pero coinciden en un punto fundamental: el conflicto territorial hondureño tiene problemas anteriores a la Ley Agroindustrial. El historiador Edgar Soriano plantea que las comunidades deben participar en las decisiones que puedan afectar sus territorios.
El abogado José Zúniga señala la necesidad de atender la titulación, delimitación, demarcación y saneamiento, además de cumplir las obligaciones internacionales del Estado. Miriam Miranda reclama la anulación de la Ley Agroindustrial y exige que Honduras cumpla las sentencias internacionales relacionadas con los territorios garífunas.
El economista Claudio Salgado propone fortalecer primero la producción nacional, proteger a los pequeños productores y retomar una política agraria capaz de reducir las desigualdades históricas. Las propuestas tienen diferencias importantes. Todas apuntan, sin embargo, a una misma deuda: Honduras necesita resolver los conflictos territoriales antes de pretender que una nueva legislación pueda ofrecer seguridad jurídica sobre ellos.
Una salida posible pasa por varios pasos concretos: revisar los conflictos territoriales existentes antes de aplicar mecanismos de desalojo; acelerar los procesos pendientes de titulación, delimitación, demarcación y saneamiento de los territorios ancestrales; garantizar la participación efectiva de las comunidades en las decisiones que puedan afectar sus tierras; cumplir las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; y diseñar políticas productivas que incorporen a pequeños productores, comunidades campesinas, indígenas y garífunas.
Para Soriano, las comunidades garífunas no rechazan la posibilidad de que Honduras produzca, genere empleo y atraiga inversiones. Lo que cuestionan es que ese desarrollo pueda construirse sobre territorios cuya historia y derechos colectivos todavía permanecen en disputa.
“EN REALIDAD NO ES OPONERSE AL DESARROLLO”, SOSTIENE EL HISTORIADOR.
Esa frase resume una de las claves del conflicto. La discusión no debería reducirse a escoger entre inversión y comunidades, producción y territorio, propiedad privada y derechos ancestrales. Honduras necesita encontrar mecanismos que permitan producir sin profundizar conflictos que llevan décadas abiertos. Porque para los garífunas la tierra también significa vivienda, alimento, cultura, memoria y futuro.
Hace casi 230 años los garífunas llegaron a estas costas después de ser expulsados de San Vicente. Desde entonces han levantado comunidades, preservado una cultura única en el continente y defendido un territorio que consideran parte inseparable de su identidad.
Hoy, frente a la nueva Ley Agroindustrial, una vieja disputa vuelve a ocupar el centro del debate nacional.
La pregunta parece sencilla, pero encierra siglos de historia: ¿Quién tiene derecho a decidir sobre la tierra? Para el Estado, la respuesta pasa por la seguridad jurídica. Para los inversionistas, por la certeza sobre la propiedad. Para las comunidades garífunas, por el reconocimiento de derechos ancestrales que, en muchos casos, siguen pendientes de delimitación, demarcación y protección efectiva.
Detrás de esa disputa emerge una interrogante todavía más profunda, una que Honduras no podrá postergar indefinidamente: ¿puede construirse desarrollo sobre territorios donde persisten conflictos sin resolver?
La respuesta definirá mucho más que el futuro de una ley. Definirá si el país es capaz de conciliar crecimiento económico, justicia territorial y derechos colectivos, o si seguirá trasladando a las próximas generaciones un conflicto que lleva más de dos siglos buscando una solución. Porque cuando los garífunas proclaman “¡Jamás seremos esclavos!”, no evocan únicamente su pasado. También están defendiendo el derecho a permanecer, decidir y construir su futuro en la tierra que llaman hogar.
Créditos: Francis Juanez (Periodista).
Fanny Yanes (Periodista)
Josué Sevilla (Periodista y fotógrafo)
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