El exrepresentante del Consejo Nacional Electoral (CNE), Julio Navarro, manifestó a EL LIBERTADOR que reformas como la implementación de la segunda vuelta electoral, la creación de mesas ciudadanas y la elección de nuevas autoridades de los órganos electorales, son necesarios para la transparencia, la credibilidad y la legitimidad de los procesos electorales
Redacción Central/EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. El exrepresentante del Consejo Nacional Electoral (CNE), Julio Navarro, respaldó la propuesta de reformas electorales presentada por exfuncionarios de los organismos electorales con miras a implementarlas en las elecciones generales de 2029.
En entrevista exclusiva con este rotativo, destacó que las propuestas fueron elaboradas por exfuncionarios con amplia experiencia y competencias en materia electoral, quienes pretenden incorporar a la legislación las inquietudes que durante los últimos años han surgido en torno a la administración de las elecciones.
Uno de los principales planteamientos que respaldó fue la implementación de la segunda vuelta electoral, en este sentido explicó que para hacerla realidad es necesaria una reforma constitucional que requiere la aprobación de 86 diputados en dos legislaturas consecutivas.
«¿Por qué la segunda vuelta? Porque a partir de 2013, cuando aparecieron el Partido Anticorrupción y el Partido Libre, se rompió el bipartidismo tradicional entre el Partido Liberal (PL) y el Partido Nacional (PN). Desde entonces hemos tenido elecciones muy cerradas, como las de 2017 y 2025. La segunda vuelta permitiría que el gobierno electo tenga mayor representatividad y, por ende, mayor legitimidad», afirmó.
Navarro añadió que, de aprobarse esta modalidad, también deberá establecerse cuál será la diferencia porcentual entre el primero y segundo lugar para determinar cuándo procede una segunda vuelta, tal y como se hace en países sudamericanos: “se utiliza un margen del 10 por ciento”.
El exconsejero también respaldó la propuesta para que las Juntas Receptoras de Votos (JRV) dejen de estar integradas por representantes de los partidos políticos y que, en su lugar, el CNE seleccione de forma aleatoria a ciudadanos habilitados para ejercer esa función.
Indicó que esta medida responde a una de las principales críticas de la población, al considerar que en las JRV es donde frecuentemente se denuncian irregularidades y posibles fraudes electorales.
«Es una buena reforma porque busca que el CNE escoja personas aleatoriamente. Eso responde a la queja de la población que considera que ahí es donde comienzan a fraguarse los fraudes electorales», expresó.
Navarro también se mostró a favor de que el CNE desarrolle su propio sistema informático para la transmisión de resultados preliminares, evitando depender de empresas extranjeras contratadas mediante licitación.
Según explicó, la contratación de estos servicios representa un gasto de entre 450 y 500 millones de lempiras en cada proceso electoral, pese a que únicamente se encargan de divulgar resultados preliminares.
«Países como Panamá ya cuentan con su propio software para transmitir resultados. Hoy la tecnología ha avanzado tanto que incluso los resultados pueden enviarse mediante aplicaciones como WhatsApp», señaló.
Otra de las reformas que consideró necesarias es modificar el mecanismo de elección de los consejeros del CNE para que sean designados por su capacidad técnica e idoneidad, y no mediante propuestas de los partidos políticos.
A juicio, el último proceso electoral evidenció las debilidades de un sistema donde las decisiones recaen en representantes partidarios «Solo en Honduras vimos que se detuvo el conteo de actas y se hizo una declaratoria sin escrutar alrededor de 2,800 actas presidenciales y de diputados. Esa propuesta es positiva porque fortalece la institucionalidad electoral», sostuvo.
Asimismo, hizo un llamado al Congreso Nacional para que asuma la responsabilidad de aprobar una legislación que garantice procesos electorales transparentes y libres de sospechas.
Respecto a la propuesta de derogar el Tribunal de Justicia Electoral (TJE), dijo estar de acuerdo con sustituirlo por una Sala Electoral especializada dentro de la Corte Suprema de Justicia, mediante una reforma al artículo 316 de la Constitución.
Argumentó que el TJE dejó de cumplir su papel como instancia superior de revisión, ya que, en las últimas elecciones, sus decisiones fueron similares a las adoptadas por el CNE.
Además, señaló que actualmente existen reclamos de al menos 67 alcaldías que aún no han sido resueltos y que algunos recursos han permanecido hasta tres años sin una decisión definitiva.
«El Tribunal no ha funcionado, no necesariamente por la ley, sino porque a quienes han estado al frente les ha faltado ejercer con firmeza la autoridad que les corresponde», afirmó.
En ese sentido, planteó la creación de una Sala Electoral especializada que resuelva los recursos en un plazo máximo de entre 20 y 30 días.
Finalmente, al referirse a la propuesta de derogar la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización (UFTF), Navarro consideró que la institución ha mostrado debilidades en el cumplimiento de sus funciones, aunque atribuyó esa situación más a quienes la han dirigido que al diseño de la entidad.
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