OMAR MENJÍVAR COMPARA EL FUTURO DE LA ENEE CON EL DESMANTELAMIENTO DE HONDUTEL

El abogado Omar Menjívar, aseguró que el gobierno impulsa una estrategia para privatizar el servicio de energía eléctrica sin vender la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE): “En Hondutel hicieron exactamente esa misma pasada. No la privatizaron, pero todos sabemos que Hondutel hoy incluso tiene problemas para pagar su planilla de empleados porque le quitaron el negocio de las telecomunicaciones”.

Redacción Central / EL LIBERTADOR

Tegucigalpa. El abogado Omar Menjívar, afirmó que existe una estrategia del gobierno nacionalista para privatizar el servicio de energía eléctrica en Honduras, aunque no necesariamente la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) como institución.

Según el profesional del derecho, el gobierno mantendría a la ENEE como una empresa estatal, pero trasladaría gradualmente el negocio de la distribución y prestación del servicio al sector privado: “Lo que está privatizando es el servicio de energía eléctrica”.

El abogado comparó la situación con lo ocurrido con la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel), al asegurar que la estatal no fue privatizada formalmente, pero perdió el negocio que garantizaba su sostenibilidad financiera.

“En Hondutel hicieron exactamente esa misma pasada. No la privatizaron, pero todos sabemos que Hondutel hoy incluso tiene problemas para pagar su planilla de empleados porque le quitaron el negocio de las telecomunicaciones”, explicó.

La Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel) quebró en 2010, resultado de un proceso de descapitalización y pérdida de mercado que se agudizó durante el gobierno nacionalista de Pepe Lobo.

Menjívar recordó que, durante la década de 1990, Hondutel fue impedida por decreto de participar en el mercado de la telefonía celular, pese a que había realizado estudios de factibilidad e iniciado inversiones para desarrollar esa tecnología.

Asimismo, señaló que la decisión fue adoptada durante la administración del expresidente Rafael Leonardo Callejas, cuando, según su versión, desde Casa Presidencial se ordenó que el Estado no incursionara en actividades económicas relacionadas con la telefonía móvil, al considerarlas exclusivas de la iniciativa privada.

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