Con la presión social de miles de hondureños exigiendo proteger y conservar la cordillera de El Merendón, el titular del ICF, José Ramírez, aseguró a EL LIBERTADOR que la reserva mantendrá su categoría ambiental y descartó cambios que permitan urbanización o explotación del área.
Sin embargo, el extitular del ICF, Luis Soliz, advirtió que el verdadero riesgo para El Merendón surge durante los procesos de redefinición territorial, donde —según alertó— podrían infiltrarse intereses urbanísticos y presiones económicas sobre zonas estratégicas del Valle de Sula.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. La cordillera de El Merendón, ubicada al oeste de San Pedro Sula, una de las dos ciudades más importantes de Honduras, abarca unas 39 mil hectáreas de bosque nuboso, zonas de recarga hídrica y comunidades rurales que dependen directamente de sus recursos naturales; además, constituye uno de los ecosistemas estratégicos del Valle de Sula.
La reserva produce alrededor del 67 por ciento del agua que abastece a la gran “capital industrial” y otras comunidades cercanas, razón por la que ambientalistas, académicos y pobladores la consideran el principal “pulmón verde” y fábrica natural de agua de San Pedro Sula.
En las últimas semanas, El Merendón se convirtió en el centro de un intenso debate tras la propuesta impulsada desde el Instituto de Conservación Forestal (ICF) para redefinir límites y modificar su categoría de manejo, situación que sectores sociales advierten podría abrir espacios a intereses urbanísticos y nuevas presiones sobre el ecosistema.
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Al menos 227 mil hondureños firmaron mediante la plataforma Change.org para exigir al gobierno protección permanente para la cordillera de El Merendón y rechazar cualquier iniciativa que, según denunciaron organizaciones ambientalistas, pueda abrir paso a proyectos urbanísticos, comerciales o extractivos dentro de la reserva.
Para abordar a profundidad la controversia que rodea a El Merendón, EL LIBERTADOR entrevistó al director del Instituto de Conservación Forestal (ICF), Armando Ramírez, quien aseguró que la reserva no perderá su categoría de protección y que el proceso impulsado por la institución “es únicamente administrativo”.
Inicio del conflicto
El funcionario explicó que el conflicto comenzó tras la derogación del decreto 334-2013 —normativa aprobada durante el gobierno de Porfirio Lobo que redujo restricciones ambientales y permitió desarrollos urbanísticos dentro de sectores protegidos del Merendón— mediante el decreto 58-2024, aprobado por el Congreso Nacional para restablecer los límites originales de la reserva y ordenar un nuevo proceso técnico de redefinición territorial.
Ramírez detalló que, como parte de ese procedimiento derivado del decreto 58-2024, el ICF impulsó el acuerdo 092-2025, documento técnico que proponía redefinir límites y recategorizar El Merendón como Parque Nacional, figura contemplada dentro de las categorías oficiales de manejo ambiental establecidas en la Ley Forestal hondureña.
Según Ramírez, al asumir el cargo encontró que el período de oposición ciudadana estaba próximo a cerrarse, por lo que decidió ampliarlo para permitir que organizaciones y pobladores presentaran impugnaciones. “Si no había oposición, el decreto hubiera quedado establecido”, afirmó el titular del ICF.
El director sostuvo que las objeciones ciudadanas provocarán que el proceso concluya sin modificaciones sustanciales sobre la reserva y aseguró que “el parque nacional no procede”, por lo que El Merendón mantendrá su categoría actual como zona de reserva administrada por la Municipalidad de San Pedro Sula bajo el decreto original 46-90, legislación aprobada en 1990 para proteger las áreas productoras de agua.
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Asimismo, rechazó que exista un escenario inmediato de vulnerabilidad ambiental y afirmó que “el ICF no va a permitir que cambie de categoría de manejo”, insistiendo que las restricciones ambientales establecidas en el decreto original 46-90 permanecerán vigentes mientras finaliza el procedimiento administrativo.
“Solo es un proceso administrativo que tenemos que agotar, porque si lo cortamos antes puede haber demandas contra el Estado de Honduras. Y es lo que evitamos, que el Estado quede expuesto a demandas que tengan que pagar después indemnizaciones millonarias, pero no va a cambiar en nada”, explicó el funcionario.
El Merendón sí corre riesgos
Sin embargo, la versión oficial del ICF contrasta parcialmente con la lectura del exdirector de la institución, Luis Soliz, quien sostuvo que el verdadero riesgo para El Merendón no radica en la categoría de manejo, sino en los procesos de redefinición territorial que —según advirtió— históricamente han sido utilizados para favorecer intereses urbanísticos.
Soliz recordó que el decreto 334-2013 —posteriormente derogado— permitió proyectos habitacionales dentro de sectores sensibles del Merendón y calificó esa normativa como “uno de los decretos más nocivos y corruptos ambientales” aprobados en la historia reciente de Honduras.
Asimismo, explicó que la propuesta de redefinición territorial surgió como una obligación derivada del decreto 58-2024 —aprobado para restituir los límites históricos de la reserva establecidos en 1990— y aseguró que el proceso incluyó consultas con decenas de comunidades asentadas dentro de la cordillera, cuyos habitantes mantienen actividades agrícolas, cafetaleras y economías locales.
Asimismo, rechazó que la figura de Parque Nacional represente automáticamente una amenaza para la reserva y afirmó que “no se permite extractivismo, no se permite tala, no se permite nada”, insistiendo que la categoría mantiene restricciones ambientales similares a las vigentes actualmente en El Merendón.
No obstante, Soliz advirtió que el verdadero peligro aparece durante los procesos de redefinición de límites, pues —según sostuvo— allí pueden infiltrarse intereses urbanísticos o económicos interesados en recuperar terrenos estratégicos del Valle de Sula para futuros proyectos inmobiliarios o expansiones urbanas.
Finalmente, el exfuncionario consideró que, debido al rechazo social generado, el ICF debería declarar “sin lugar” la propuesta de redefinición y mantener vigente el decreto 46-90, argumentando que modificar nuevamente los límites de la reserva “es donde está la trampa” y podrían surgir nuevas amenazas ambientales.
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