Expertos abordados por EL LIBERTADOR afirman que el Gobierno de Nasry Asfura utilizará las matanzas de Colón como un “falso positivo” para un retorno agresivo de militares en el Bajo Aguán como una extensión de la grave acusación que el crimen organizado “se ha infiltrado” en organizaciones campesinas.
A criterio de los analistas, esta narrativa buscaría vincular las luchas agrarias con actividades terroristas, permitiendo perseguir judicialmente a sectores campesinos que llevan décadas resistiendo a terratenientes con influencia en el poder político que encargan ejecuciones y despojo de tierras.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. La Fiscalía regional del Bajo Aguán y Medicina Forense, lograron identificar a 19 víctimas mortales tras la masacre registrada en Trujillo, departamento de Colón; se suma a otro evento violento donde cinco policías y dos supuestos criminales perecieron tras un operativo, desatando alarma internacional y críticas ante la inoperancia estatal.
Diversos sectores de la sociedad hondureña han cuestionado los argumentos del Gobierno al referirse del primer caso –sobre todo–, pues según el secretario de Seguridad, Gerson Velásquez, la sangre derramada se debe a que el crimen organizado se “infiltró” en las organizaciones campesinas.
Bajo este contexto, el Gobierno de Nasry Asfura ha tomado una decisión controversial con un pasado marcado por el fracaso, el retorno del militarismo en funciones de seguridad ciudadana y, con especial de patrullaje en plantaciones de Palma Africana, zonas que llevan décadas en conflictos por la tenencia de tierras.
Las críticas ciudadanas surgen luego que, mediante decreto oficial, se reformará el Código Penal para aumentar las condenas por usurpación de tierras y elevar la tipificación de maras y pandillas a grupos terroristas.
El debate en seguridad es intenso, primero por haber eliminado la estrategia de “estado de excepción” de la administración de Xiomara Castro 2022-2026 y por la escalada de violencia que ya ha cobrado la vida a más de 900 hondureños, con eventos como las doce masacres de tres o más víctimas (57 en total).
En ese sentido, el analista Jimmy Bermúdez dijo a EL LIBERTADOR que Honduras enfrenta un escenario complejo porque, “quieren que se vea únicamente como un problema de inseguridad, pero no es cierto. Me parece más bien que están ayudando a construir un relato para intervenir militarmente en la sociedad”.
Bermúdez recordó que ese departamento, donde está el Valle del Bajo Aguán –que arrastra conflictos desde el enclave bananero–, ha estado siempre con intervención militar y nunca logró n armisticio o un “alto al fuego” definitivo.
El analista dijo además que previamente se habló que con reformas al Código Penal se entendería un mecanismo para evitar el derramamiento de sangre, “pero recordemos que desde 2020 se reforzaron delitos vinculados a la criminalidad y eso terminó afectando a grupos que luchan por la defensa de la tierra y sectores campesinos. Lejos de protegerlos, ha servido para criminalizarlos y validar las muertes”.
Sostuvo que los crímenes perpetrados en el Bajo Aguán no son hechos aislados, sino acciones que requieren planificación, organización y financiamiento y que, “solo pueden ser organizados por actores ligados a fuerzas públicas del Estado o por grupos paramilitares financiados por sectores privados. Esto ha ocurrido también en países como Colombia, Guatemala y Brasil”.
Al considerar que la lucha del Bajo Aguán ya es un contexto histórico estructural, se refuerza su hipótesis que la matanza reciente sea una estrategia o “falso positivo”, reforzado con la acusación del secretario Velásquez.
Por su parte, el abogado y analista José Zuniga cuestionó la elevación de penas por usurpación aprobada en el Congreso Nacional, señalando que numerosos grupos campesinos han sido acusados por ocupar tierras que históricamente les pertenecen, pero que no son reconocidas oficialmente por el Estado.
“Históricamente han tenido derecho a las tierras que han ocupado de generación en generación, pero terminan en manos de grandes empresas. Muchos líderes han pagado con su vida por defenderlas y ahora vemos un claro favoritismo hacia sectores empresariales con estas reformas”, expresó.
Asimismo, advirtió que con estas reformas se pretende criminalizar a los sectores campesinos, llevándolos ante los tribunales de justicia, limitando su capacidad de pronunciarse sobre la explotación de sus tierras nativas y debilitando la fuerza del pueblo hondureño.
Zuniga planteó que los eventos recientes en el departamento de Colón, desemboca en que “grupos invasores tomen armas y que, al final en vez de lograr una solución, esto derive en empeorar las situaciones legales de las tierras en nuestro país y, sobre todo, satanizar grupos campesinos que serían despojados del derecho que han ido ganando a través de los años y de reformas agrarias”.
Además, señaló que el Gobierno de Asfura, mantiene compromisos de carácter político que se traducen en el “pago de favores” mediante la cesión de grandes extensiones de tierra que pertenecen a grupos vulnerables para su explotación.
El analista también comparó la situación actual con los hechos violentos registrados en 2008 en el Bajo Aguán, afirmando que posteriormente se impulsó una mayor militarización en la zona bajo argumentos de seguridad.
“El Bajo Aguán será nuevamente militarizado ante la escalada de violencia y buscarán generar la percepción de que los grupos campesinos están ligados a organizaciones terroristas, tal como lo plantea el nuevo Código Penal”, afirmó.
El trasfondo de estas medidas apuntan a un fortalecimiento del control estatal sobre la sociedad hondureña –mencionó–, pues lo que buscan es justificar una presencia militar más fuerte.
“Es una estrategia para desacreditar a los campesinos y justificar acciones militares en la zona, esto es una clara operación de falsa bandera”, amplió.
Asimismo, sostuvo que, aunque sería difícil eliminar la Policía Nacional por implicaciones internacionales y cuestionamientos en materia de derechos humanos, sí podría consolidarse un esquema donde las Fuerzas Armadas asuman mayor control sobre la seguridad pública.
“No sería descabellado que altos mandos militares pasen a dirigir la Secretaría de Seguridad, manteniendo formalmente la Policía Nacional, pero bajo directrices militares, como ocurrió anteriormente con el general Julián Pacheco Tinoco”, indicó
Con relación con la tipificación de maras y pandillas como grupos terroristas, Zúñiga recordó que medidas similares ya habían sido impulsadas durante la administración de Porfirio Lobo Sosa como parte de estrategias de “mano dura”.
“En aquel momento parecía una medida atractiva en el papel, pero no dio los resultados esperados. Hoy esa estrategia podría utilizarse para criminalizar campesinos, vinculándolos con grupos criminales para despojarlos de sus tierras”, puntualizó.
Deja un Comentario