El COHEP se ofreció a pagar el 50 por ciento de anticipo a transportistas para trasladar material electoral. Como respuesta, el consejero Marlon Ochoa afirmó que el ente no puede participar en tareas administrativas y que la propuesta le genera «suspicacias sobre cómo sabían que esa condición iba dentro de la oferta».
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) ha propuesto al Consejo Nacional Electoral (CNE) un convenio tripartito con la empresa responsable de transportar la logística electoral, con la finalidad de pagar anticipadamente el 50 por ciento del valor contractual.
Sin embargo, la propuesta ha sido acusada de ilegal, ya que la legislación vigente establece funciones específicas en temas como el transporte, custodia y seguridad del material electoral, así como normativas que regulan la contratación de bienes y servicios con fondos públicos.
El artículo 14 de la Ley de Contratación del Estado y el artículo 22 de su reglamento precisan que la facultad de celebrar contratos con recursos estatales corresponde exclusivamente a los funcionarios responsables de la dirección del ente público involucrado, en este caso, el CNE.
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Además, el artículo 272 de la Constitución dispone que las Fuerzas Armadas, como institución apolítica y no deliberante, deben garantizar el libre ejercicio del sufragio y están encargadas de la custodia, transporte y vigilancia del material electoral, desde un mes antes de los comicios hasta la declaratoria oficial de los resultados.
En ese contexto, el representante del CNE, Marlon Ochoa, recordó que las asociaciones civiles o empresariales, como el COHEP, no pueden participar en tareas administrativas, logísticas ni de seguridad electoral.
“La propuesta de asumir el 50 por ciento del anticipo la envió COHEP 30 minutos después de que recibimos la oferta de los transportistas, lo que despierta suspicacias sobre cómo sabían que esa condición iba dentro de la oferta. No hay duda de que esto forma parte del plan para desarticular el transporte”, añadió Ochoa.
Cabe recordar que en las elecciones internas celebradas en marzo de 2025 se presentaron complicaciones con el traslado del material electoral, lo que provocó que varias personas que querían ejercer su derecho al voto tuvieran que esperar hasta la madrugada del día siguiente.
En audios filtrados hace semanas por la Fiscalía, la consejera Cossette López, afín al Partido Nacional, y el jefe de bancada de esa institución política, Tomás Zambrano, supuestamente planean que esas irregularidades se repitan en las elecciones generales.
“Me voy a asegurar de que sean de ellos de nuevo los que lleven el transporte”, habría dicho la consejera a Zambrano, y posteriormente le aseguró que un sector de las Fuerzas Armadas “está con nosotros”. En otro fragmento, López señala: “Mira, esa empresa de transporte es la que nos dijeron que teníamos que meter”.
En tanto, a poco más de 15 días para las elecciones, el tema del transporte electoral sigue siendo una incógnita. El 4 de noviembre, el CNE adjudicó un contrato de casi 58 millones de lempiras a la empresa Unión Latin Cargo, pero esta renunció.
Por ello, el pasado 8 de noviembre se oficializó el proceso de contratación expedita para el transporte del material electoral que será utilizado en las próximas elecciones generales, mismo que aún se encuentra en proceso.
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