El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, precisó que es competencia del Poder Legislativo llevar a cabo los juicios políticos contra magistrados; no obstante, subrayó que dicha figura no excluye la posibilidad de que los funcionarios sean sancionados por la vía penal o administrativa.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. El presidente del Congreso Nacional (CN), Luis Redondo, se pronunció sobre los requerimientos fiscales presentados por el Ministerio Público (MP) contra los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Flores Urrutia y Miriam Barahona, y enfatizó que un eventual juicio político no los exime de responsabilidad penal.
Por su parte, analistas opositores advirtieron que la situación representa un riesgo institucional y podría tener repercusiones en el proceso electoral que se llevará a cabo en menos de tres semanas.
En respuesta, Redondo señaló que exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), exfiscales generales y analistas vinculados a organizaciones no gubernamentales (ONG) han difundido desinformación en torno al proceso.
El titular del Legislativo recordó que el artículo 234 de la Constitución de la República regula la figura del juicio político y establece de forma expresa que este mecanismo puede aplicarse “sin perjuicio de la responsabilidad penal, civil o administrativa”.
“Es decir, el requerimiento fiscal o la acusación criminal contra un alto funcionario puede presentarse independientemente de que el Congreso Nacional realice o no un juicio político”, explicó Redondo.
Asimismo, detalló que el juicio político consta de dos etapas: una fase investigativa, que durará el tiempo estipulado en la ley especial que se emita para tal efecto, y una fase de discusión y votación, que deberá desarrollarse dentro de los cinco días posteriores a la presentación del informe de la Comisión Especial ante el Pleno.
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