El alto mando militar respondió a la campaña mediática que, según su versión, mantienen los medios tradicionales contra las Fuerzas Armadas, señalando como principal actor al Grupo OPSA —propietario de La Prensa y El Heraldo—, al que atribuyen motivaciones derivadas de la cancelación de contratos vinculados a su presidente, Jorge Canahuati.
Asimismo, la institución castrense dejó entrever la participación de estructuras del crimen organizado en campañas de desacreditación, las cuales “buscan influir en la política mediante el lavado de activos, el uso de empresas de maletín y la confabulación con agentes económicos y financieros”.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. En medio de una creciente tensión entre instituciones del Estado y los medios de comunicación, el Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández, respondió públicamente a través de un comunicado a lo que calificó como una “campaña mediática organizada” en su contra y contra la institución castrense.
El alto mando militar atribuye esta ofensiva informativa al Grupo OPSA, presidido por el empresario Jorge Canahuati, a quien señala de mantener un conflicto de intereses derivado de relaciones comerciales con el Instituto de Previsión Militar (IPM).
Hernández acusa a OPSA —propietario de los diarios La Prensa y El Heraldo— de encabezar una operación sistemática para dañar la imagen institucional de las Fuerzas Armadas y afectar su credibilidad ante la opinión pública por los «intereses económicos interrumpidos» tras decisiones administrativas del IPM.
En el documento, Hernández sostiene que la matriz negativa no responde a un hecho aislado, “sino parte de un entramado donde actores públicos y privados se confunden con estructuras de crimen organizado” moviendo la disputa al terreno del poder civil y empresarial, más que en el ámbito del periodismo o la libertad informativa.
Lo anterior sitúa la respuesta pública más allá de la defensa institucional y vincula la supuesta campaña de desprestigio con estructuras del crimen organizado que se esconden -según Hernández- en todos los estratos sociales y buscan influir en la política mediante el lavado activos con empresas de maletín y confabulaciones con sectores económicos y financieros.
Comunciado FF.AA.:
Además, en el último eje del documento, aborda los audios filtrados por el Ministerio Público, en los que se escucha a la consejera electoral, Cossette López, conversar con un oficial de las Fuerzas Armadas sobre supuestos apoyos partidarios.
Sobre la autenticidad, el jefe militar “confirmó que los audios dados a conocer por el Ministerio Público son auténticos mención que coincide con informes forenses y comunicaciones periodísticas recientes y sostuvo que negar esa evidencia bajo el argumento de inteligencia artificial sería ‘defender algo indefendible’”.
Reiteró que “la publicación y verificación de esos audios han generado reacciones políticas y legales en distintos frentes”. Incluso, el mismo jefe del Estado Mayor confirmó que el presunto militar de los audios fue separado de puestos de mando.
Medios denuncian hostigamiento y censura
En paralelo, el Grupo OPSA denunció al jefe militar argumentando que su gestión representa una forma de hostigamiento y censura hacia los medios de comunicación. Un artículo publicado por La Prensa sostiene que Hernández ha emprendido una ofensiva contra periodistas y medios que cuestionan su gestión, calificándolos públicamente de “mentirosos” o “traidores”, lo que genera un clima de intimidación.
El artículo detalla que la confrontación se intensificó tras las primarias de marzo, cuando los medios difundieron críticas sobre la actuación de las Fuerzas Armadas en la jornada electoral. Desde entonces, según la versión periodística, el alto mando habría ordenado investigaciones para identificar fuentes informativas, una práctica que viola los principios de confidencialidad periodística reconocidos por ley.
Asimismo destacaron que organizaciones nacionales e internacionales defensoras de la libertad de prensa han expresado preocupación por la escalada de tensiones entre el poder militar y los medios de comunicación, advirtiendo que las declaraciones del jefe castrense pueden limitar el ejercicio del periodismo y desalentar la denuncia pública sobre temas de interés nacional.
Pese a los señalamientos, las Fuerzas Armadas se reafirman como garantes del orden constitucional y denuncian ser blanco de una ofensiva mediática con fines políticos y económicos, criticando que la arremetida responde más a un conflicto de intereses que a un correcto desempeño de la labor periodística.
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