El Consejo Nacional Electoral trabaja en la corrección de los traslados de domicilio ilegales que se detectaron durante las elecciones primarias del pasado 9 de marzo, con el propósito de garantizar que estos vicios no se repitan en el proceso general de noviembre.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. El representante del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, denunció que al menos 9,000 solicitudes de traslado de domicilio son ilegales, por lo que ya fueron formalmente señaladas ante las autoridades competentes.
«Están en proceso de investigación, precisamente a través de estas 17 brigadas departamentales y 6 brigadas de supervisión, porque no cumplieron con el requisito de que coincidiera la huella dactilar con la registrada en el Registro Nacional de las Personas (RNP), además de que la cartografía de su domicilio no era válida», afirmó.
El funcionario detalló que el órgano electoral, hasta la fecha, ha realizado 4,000 inspecciones relacionadas con estas denuncias, como medida preventiva para garantizar transparencia y evitar alteraciones en las elecciones generales de noviembre.
Cabe recordar que, en mayo pasado, el Ministerio Público (MP) presentó un requerimiento fiscal contra dos funcionarios municipales acusados de inducir a ciudadanos de escasos recursos a cambiar su domicilio electoral bajo promesas de ayuda de activistas políticos.
Los imputados son: la secretaria municipal de la Alcaldía de San Antonio de Oriente, Marelyn Rodríguez, en el departamento de Francisco Morazán; y el secretario municipal de San Antonio de Flores, José Napoleón Cáceres, en el departamento de El Paraíso.
El ente acusador indicó que las constancias de vecindad adulteradas fueron utilizadas para alterar la base de datos del RNP, con el objetivo de influir en los resultados de las elecciones primarias del pasado 9 de marzo.
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