El consejero electoral Marlon Ochoa se presentó ante el Ministerio Público con denuncias por delitos electorales, prevaricato administrativo y usurpación de funciones, al querer imitar en las próximas elecciones generales el fallido modelo de David Matamoros Batson, que dio lugar en 2017 al caótico fraude electoral que dio continuidad a la dictadura de Juan Orlando Hernández.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. El consejero electoral Marlon Ochoa reiteró esta su postura contra el mecanismo de transmisión de resultados en el proceso electoral previsto para noviembre de 2025, aprobado por el resto de miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cosette López y Ana Paola Hall, consejeras representantes del Partido Nacional y el Partido Liberal.
Según Ochoa, el procedimiento acordado por mayoría establece que los resultados preliminares enviados por las Juntas Receptoras de Votos (JRV) serán filtrados por dos personas antes de ser divulgados públicamente.
Este paso, denuncia, representa una “intromisión humana” que califica de ilegal, inconstitucional y comparable a las prácticas electorales de 2013 y 2017.
“No podemos permitir que los resultados que el Consejo Nacional Electoral pretende divulgar tres horas después del cierre de la votación sean filtrados por un nacionalista y un liberal que pretenden poner frente a una computadora para que diga qué acta pasa a divulgarse y qué acta no pasa a divulgarse”, expresó.
Ochoa cuestiona que este modelo habilita la manipulación previa a la publicación oficial de los resultados preliminares, calificando que “ese paso es ilegal y es un sistema diseñado tal cual se diseñaron los sistemas de 2013 y 2017” donde se registraron dos fraudes electorales –según el oficialismo–.
De acuerdo con el consejero, la ley electoral establece que el sufragio es ejercido por el pueblo en la JRV, y que esta, al cerrar, debe levantar un acta que refleja la voluntad ciudadana, por lo que, “en ninguna parte de la ley, le otorga facultades al Consejo Nacional Electoral y mucho menos a funcionarios nacionalistas y liberales que pretenden poner acá, mediante la violación humana”, agregó.
El funcionario argumenta que la ley obliga al CNE a divulgar los resultados preliminares de forma inmediata desde el momento en que los recibe. Citó los artículos 21 numeral 3 literal H, 278 y 283 de la Ley Electoral para respaldar su posición.
El nuevo esquema contrasta con el sistema utilizado en las elecciones generales de 2021, en las que, según Ochoa, se implementaron mecanismos automáticos de validación que excluían la intervención humana directa.
“La computadora no sabe si está favoreciendo a un candidato o a otro. El espíritu es que no se divulguen actas que tienen inconsistencias en el balance de los resultados”, explicó.
Ante esta situación, propuso eliminar la validación previa por personas designadas y permitir que cualquier verificación humana se realice únicamente después de la divulgación e indicó que esta propuesta fue bien recibida en privado por las otras dos consejeras, aunque sus partidos políticos no les han permitido respaldarla públicamente.
Y citó el artículo 2 de la Constitución que establece que la soberanía reside en el pueblo y que se ejerce mediante el sufragio. Para Ochoa, cualquier mecanismo que interfiera entre ese sufragio y la publicación de sus resultados constituye una violación grave al orden democrático.
“No aceptamos que la noche de la elección se pretenda divulgar resultados que no corresponden con los remitidos por la Junta Receptora de Votos”, reiteró.
Ante este panorama, Ochoa se presentó al Ministerio público para denunciar la instalación de este sistema, argumentando que se están cometiendo los delitos de Prevaricato Administrativo y Usurpación de Funciones “por la publicación de una enmienda a los pliegos del TREP (para usar sistema del fraude 2013 y 2017 de David Matamoros), sin convocatoria al Pleno de Consejeros, y por violar la Ley Electoral de Honduras al aprobar un sistema de verificación de resultados con intromisión humana, no prevista”.
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