El abogado y exfuncionario del CONADEH, Wilson Paz, cuestionó la segunda demanda del empresario guatemalteco Axel López contra el Estado de Honduras, al señalar que los hospitales móviles nunca cumplieron su propósito y que el país ahora enfrenta un nuevo reclamo económico por una compra que, según afirmó, perjudicó las finanzas públicas y dejó a la población sin el beneficio prometido durante la pandemia.
Redacción Central/EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. En entrevista con EL LIBERTADOR, el abogado y exfuncionario del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), Wilson Paz, reaccionó a la segunda demanda promovida por el empresario guatemalteco Axel López contra el Estado hondureño, relacionada con la adquisición de siete hospitales móviles durante la pandemia de COVID-19.
Paz recordó que, durante su labor en el CONADEH, tuvo la oportunidad de inspeccionar directamente las instalaciones donde fueron ubicados los hospitales móviles, experiencia que, según explicó, le permitió constatar las condiciones en que se encontraban estas estructuras.
“Me tocó inspeccionar las instalaciones donde se encontraban los hospitales móviles y me di cuenta in situ que era precisamente un armaje, de escenarios de infraestructura que siempre fue incompleta, nunca se pusieron a funcionar, engañaron al pueblo y el pueblo murió. Y ahora además de este escenario en el cual se pretende hacer un cobro lesivo al Estado de Honduras”, expresó.
El abogado cuestionó que, mientras el Estado hondureño destinó recursos públicos para la adquisición de los hospitales móviles y la población enfrentaba las consecuencias de la pandemia, ahora Honduras deba afrontar un nuevo reclamo económico derivado de aquella operación.
“El caso vuelve a poner en discusión el impacto que tuvieron los actos de corrupción y las irregularidades denunciadas durante la emergencia sanitaria”, destacó.
Asimismo, Paz recriminó que la coyuntura actual pueda terminar favoreciendo la impunidad de quienes fueron señalados por los millonarios desfalcos registrados durante la pandemia, mientras el Estado continúa enfrentando consecuencias económicas y judiciales por aquellas operaciones.
“Estamos hablando ya de una aparente libertad para Marco Bográn y otros actores que tuvieron que ver con los desfalcos masivos hacia la bolsa de la administración pública y por ende a la bolsa del pueblo hondureño. El Estado de Honduras pagó y que nunca vio el pueblo hondureño un beneficio de los denominados hospitales móviles”, puntualizó.
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