En 2017 la OEA, a través de su Misión de Observación Electoral, evidenció que los comicios generales que permitieron a Juan Hernández ejecutar la ilegal reelección, estuvieron ligados a una serie de irregularidades en el extinto Tribunal Electoral y la empresa “Mapa Soluciones”.
De forma contundente el organismo sugirió que aquellas elecciones fueran repetidas porque todo el proceso estuvo manchado; hoy, según denuncia del consejero electoral, Marlon Ochoa, nuevamente el bipartidismo busca trabajar con la controversial empresa y el esquema de fraude.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. La empresa “Mapa Soluciones”, severamente cuestionada por su rol en el fraude electoral de las elecciones generales de 2017, que instaló el crimen en la República, podría volver a operar en los próximos comicios de noviembre, pese a las advertencias y observaciones de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
Según denuncia del representante del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, personas del Partido Nacional y Liberal que laboran en la institución, han realizado viajes recientes a países de Sudamérica con el objetivo de contactar empresas que participarían en la próxima licitación del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).
No obstante, advirtió que estas firmas funcionarían como “intermediarias” o “prestanombres” para facilitar el regreso de Mapa Soluciones a Honduras para el proceso electoral.
Según explicó Ochoa, esto sigue a una estrategia de la presidenta del CNE, Ana Paola Hall, quien impulsa la reinstauración del antiguo modelo de transmisión de resultados, el mismo que provocó una crisis sin precedentes en 2017 y que, según el informe oficial de la Misión de Observación Electoral (MOE) de la OEA, generó una elección de “baja calidad democrática”.
Y, es que, en durante el fraude electoral de 2017, la OEA aconsejó a las autoridades hondureñas a repetir todo el proceso de elección, ya que éste estuvo viciado en todos sus procesos y nunca hubo certeza de datos que avalaran el “triunfo” de Juan Hernández, hoy preso en Estados Unidos por narcotráfico.
Esto, generó entre otras cosas, la brutal represión de hondureños que rechazaron el fraude electoral y la imposición de la ilegal reelección presidencial de Hernández, quien según el extinto Tribunal Supremo Electoral (TSE), dio vuelta a una tendencia de más de cinco por ciento a favor de la entonces oposición por el voto rural, contexto que recibió el apodo de “curva de Batson”.
Durante las elecciones de 2013 y 2017, la empresa Mapa Soluciones fue contratada por el TSE para implementar el sistema de transmisión y procesamiento de resultados; sin embargo, los comicios de 2017 se vieron marcados por fallas masivas en la tecnología, manipulación del proceso y retrasos inusuales en la publicación de datos oficiales.
Antes de los comicios, la Misión advirtió indicios de partidización del TSE incluyendo la entrega de credenciales sin nombre a partidos con escasa votación real.
Además, se denunció el cambio de proveedor del sistema de transmisión y procesamiento de resultados poco antes del día de votación, un simulacro tardío y limitado del Sistema Integrado de Escrutinio y Divulgación Electoral (SIEDE).
Entre otras, el uso de una sentencia judicial como práctica irregular para habilitar la reelección presidencial, reviviendo la polarización derivada del golpe de Estado y la crisis política de 2009.
Durante la jornada electoral, la MOE-OEA destacó el uso de encuestas de boca de urna con fines propagandísticos, el confuso horario de cierre de urnas —aunque legal, inusual— que dejó electores en espera para votar, la ausencia de transmisión oficial de datos hasta la madrugada del día siguiente, y que solo se transmitiera un 64 por ciento de actas.
El informe señala que después de las elecciones, se paralizó la transmisión de actas en línea el lunes 27 de noviembre dejando de contar votos desde la 1:30 de la madrugada y sin seguir hasta mucho después, deteniendo el proceso una vez más el miércoles 29 de noviembre por fallas en el servidor principal.
Además, constató el manejo de maletas electorales sin protocolos adecuados en las instalaciones del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), zona que ha sido el bunker histórico de órganos electorales; entre el material encontrado, se identificó que estaba sin custodia, abierto o incompleto.
La MOE-OEA también recapituló su participación en el escrutinio especial de actas donde señaló que no pudo “concluir que en casi la totalidad de las actas hay coincidencia entre las oficiales y las obtenidas por los partidos. Sin embargo, existen algunos casos en los que se encontraron discrepancias inexplicables entre las actas de los tres partidos y las del TSE”.
También la MOE advirtió que las copias en poder de los partidos carecen de medidas de seguridad, lo que abre la posibilidad de alteraciones o falsificaciones, situación que agrava aún más la incertidumbre sobre la voluntad popular expresada en las urnas.
Ante el cúmulo de irregularidades y el estrecho margen en los resultados, la Misión fue contundente: no había certeza sobre la legitimidad del resultado final.
Aunque en su primer informe preliminar OEA sugirió repetir todo el proceso, la determinación del ente regional cambió cuando la embajada de Estados Unidos, reconoció a Hernández como “presidente” y ganador de la contienda, avalando así el crimen de traición a la patria y cerrando un fraude escandaloso que hizo eco en el mundo.
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