Un presunto campo de exterminio del crimen organizado levanta las alarmas en México. Ubicado en el municipio de Teuchitlán, se presume que integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) torturaron y asesinaron a cientos de personas.
Agencias / EL LIBERTADOR
Sputnik. Mochilas, pantalones, zapatos, restos óseos, hornos clandestinos, cartas… Todo ello en un rancho en el occidente del país, donde pudieron haber sido cremadas cientos o hasta miles de personas, según testimonios recabados por organizaciones civiles. Era un centro de adiestramiento del narcotráfico y, también, un domicilio del horror.
Se trata del Rancho Izaguirre, en el municipio de Teuchitlán. Ahí, de acuerdo con los colectivos independientes de búsqueda que hicieron el hallazgo, integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) exterminaron y torturaron a cientos de personas que, presumiblemente, fueron privadas de su libertad con el objetivo de ser entrenadas para sumarse a las filas de la delincuencia organizada. Allí solo sobrevivía el más fuerte, el que resistiera los supuestos adiestramientos.
El predio no queda a más de una hora de distancia de Guadalajara, la capital de Jalisco y una de las ciudades más importantes de México. Tampoco es un punto ciego; de hecho, en septiembre de 2024, según la propia versión de la Fiscalía local, elementos de la Guardia Nacional «descubrieron» el lugar, donde se detuvieron a 10 personas, mientras que se rescató a dos y se halló un cadáver. Además, ese mismo mes, se hizo una búsqueda de posibles fosas y en el lugar incluso se usó una retroexcavadora, además de perros y medidores de suelo. Pero, aseguran las autoridades, no encontraron nada. «Ante los recientes hallazgos, los trabajos fueron insuficientes. Ante ello, iniciamos una investigación para determinar posibles omisiones de cualquier autoridad responsable y fincar responsabilidades», se lee en un comunicado reciente de la dependencia.
El lugar, detallan las autoridades, fungía como un centro de adiestramiento para los próximos integrantes del crimen organizado y cuenta con un área de entrenamiento táctico y otra de acondicionamiento físico. Pero todo apunta a que el lugar era, sobre todo, un punto de exterminio, pues hasta este 13 de marzo, un total de tres crematorios han sido hallados en el predio.
«Encontramos demasiadas prendas, zapatos y casquillos»
En entrevista con Sputnik, Raúl Servín, quien desde 2018 busca a su hijo desaparecido con quien comparte nombre, relata que desde septiembre y octubre del año pasado el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco comenzó a recibir denuncias anónimas sobre lo que ocurría en el lugar; sin embargo, el grupo no había podido asistir debido a la falta de recursos, pues trabajan de forma independiente y sin apoyo de las autoridades.
Fue el pasado 5 de marzo cuando el grupo, gracias a una donación de recursos, pudo viajar al Rancho Izaguirre, donde hicieron los hallazgos de cientos de pertenencias, armas y crematorios aún con algunos restos que pudieron salvaguardar para que se analizaran.
«Nosotros hicimos nuestras labores, tratar de recuperar restos humanos que fueron cremados, lo que más pudiéramos (…) En el lugar encontramos demasiadas prendas, demasiados calzados, artículos de uso personal y muchísimos, muchísimos casquillos, balas de gotcha y, lamentablemente, los tres hornos, pero estamos a la espera de verificar un cuarto horno», detalla Raúl.
De acuerdo con datos de la Fiscalía de Jalisco, entre diciembre de 2018 y febrero de 2015, en el estado han sido hallados 186 sitios de inhumación clandestinos, siendo el municipio de Tlajomulco de Zúñiga el que encabeza la lista.
En tanto, el número de personas que han sido localizadas en estas fosas clandestinas asciende a 1.882 en el mismo periodo de tiempo.
La negligencia del Estado
El hallazgo realizado por el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco refleja varias aristas el panorama que vive México en materia de seguridad, siendo la principal y más preocupante la ausencia del Estado en la procuración de justicia, dice en entrevista con Sputnik el analista político mexicano Alberto Guerrero Baena.
Y es que, recuerda, el lugar ya había sido cateado previamente por elementos de seguridad e incluso por la Guardia Nacional; sin embargo, tras el hallazgo hecho por personas buscadoras el caso refleja también la falta de pericia por parte de quienes se encargan de hacer los cateos o una posible colusión.
«Se supone que ya estaba cerrado, se supone que no estaba o que ya no iba a operar, ya que estaba custodiado por las autoridades y resulta, pues, que era usado como que crematorio también», resume. «Y refleja también un país con una falta de oportunidades terrible, donde un anuncio de trabajo puede resultar inclusive en el riesgo de perder en la vida porque sabemos que la gran mayoría de ellos [jóvenes desaparecidos] iban porque previamente vieron un anuncio [para trabajar] como guardias de seguridad», relata.
El experto en temas de seguridad señala que, mientras el caso pasa de la Fiscalía estatal a la federal, se exhibe también la poca seriedad en los tres niveles de Gobierno para resolver este tipo de casos, una tarea que ha quedado en manos de las familias de las víctimas, quienes sin ningún apoyo ni protección hacen tareas de alto riesgo y hasta reciben amenazas directas del crimen.
«Se va desnudando un país en descomposición absoluta (…) Se dejó crecer a los grupos del crimen organizado y hoy en día lo que estamos descubriendo: infinidad de fosas y no solamente en Jalisco (…) Tenemos un severo problema de desapariciones y tenemos un severo problema de de reclutamiento de gente del crimen organizado», observa.
Con él coincide el consultor en materia de seguridad, David Saucedo, quien también en charla con Sputnik agrega que los colectivos de búsqueda son los que «ejercen una presión constante», a pesar de la falta de recursos que enfrentan. «Hacen una labor que no realiza la autoridad», dice.
«Es triste, es doloroso, saber que alguno de nuestros familiares estuvo aquí»
Saucedo explica a Sputnik que la existencia de centros de reclutamiento y formación de cuadros de sicarios de élite no es un fenómeno nuevo, además de que por su misma naturaleza generan ruido y señales que, sin mayor complicación, pueden ser detectadas por las autoridades.
«Los ranchos de esta naturaleza generan mucho ruido. Para este tipo de espacios se crean anillos de protección que evitan que haya curiosos, que lleguen sicarios de otro cártel. El primer anillo son los mismos integrantes del grupo; el segundo anillo, las autoridades municipales (…) Si el año pasado [las autoridades locales y federales] catearon ese rancho, es evidente la colusión», apunta.
A las personas que lleguen a ese lugar, ya sea por voluntad propia o por la fuerza, se les enseña manejo de explosivos e incluso de manejo de cadáveres. Y esto último, dice, tiene una razón de fondo, señala Saucedo.
«La existencia de los hornos crematorios va más allá del horror que ya vimos. Si no hay cadáver no hay homicidio (…) Así escapan de penas altas y los grupos no se diezman (…) Es una táctica terrorífica para evitar ser llevadas a juicio», apunta.
El buscador Raúl Servín sentencia que para él y otros integrantes del colectivo resulta doloroso pensar que, tal vez, algunos pasaron por el Rancho Izaguirre.
«Es triste, doloroso, como no te puedes imaginar, saber o pensar que alguno de nuestros familiares estuvo aquí, en contra de su voluntad, o que les hayan quitado la vida de esa manera, como lo hicieron con las demás personas», dice.
Aunque el hombre asegura que, por un lado, hallar este tipo de lugares da, en cierta forma, esperanza a las y los buscadores porque significa posiblemente un cierre al saber el destino de sus desaparecidos, lamenta que al ser cremados los cadáveres, estas posibilidades se reducen. «A quienes se le quitó la vida de esta manera, sus familiares nunca los van a encontrar».
Sputnik / Daniela Díaz
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