El director de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), Marco Zelaya, manifestó que varios funcionarios de pasadas administraciones y de la actual, han querido beneficiarse de los bienes incautados, los cuales están bajo control estatal para su correcta administración en favor del pueblo hondureño.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. El titular de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), Marco Zelaya, denunció la existencia de una red de diputados y policías estarían intentando apropiarse ilegalmente de propiedades administradas por la institución.
“Hay diputados pasados identificados de períodos anteriores de partidos que han sido más deliberantes en el Congreso y posiblemente actuales, interesados en adquirir de forma irregular propiedades que están siendo administradas por OABI. Y yo tengo que decirlo y se lo digo al pueblo hondureño, hay que estar atento se va a seguir una línea de investigación”, afirmó Zelaya.
El funcionario señaló que la OABI está desplegando equipos en todo el territorio nacional para realizar inspecciones exhaustivas de los bienes e inmuebles incautados.
Estas revisiones incluyen la realización de auditorías presenciales en los lugares donde se encuentran las propiedades, con el objetivo de verificar su estado y administración de manera directa y efectiva
Según Zelaya, en las primeras indagaciones se identificó que, en Islas de la Bahía, un funcionario –acompañado de un fiscal y un policía–, ofrecía propiedades incautadas en arrendamientos, “como si él fuera el dueño”.
Además, Zelaya indicó que la OABI retomó el control de las propiedades, colocando guardias de seguridad de manera temporal mientras se trabaja en la implementación de un mecanismo que permita una administración eficiente de estos bienes.
También advirtió que ha informado a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia y al Ministerio Público sobre la situación, subrayando que varios funcionarios, tanto pasados como actuales, están implicados en el saqueo de bienes pertenecientes al Estado.
“Denunciemos quiénes son las personas que pretenden apropiarse de lo que posiblemente en un eventual juicio, a través de una sentencia de privación definitiva, que no le quepa ningún recurso, va a pasar a arcas del Estado. O sea que ya no va a ser de propiedad privada, sino que va a pasar a ser administrado directamente por el Estado a través de la Oficina de Bienes Incautados”, expresó.
El togado indicó que se están realizando auditorías exhaustivas en otras regiones del país, en colaboración con las Fuerzas Armadas a través de la Policía Militar y Fuerza Naval, para asegurar la vigilancia y protección de los bienes incautados, muchos de los cuales se encuentran en zonas de difícil acceso.
Finalmente, el titular de la OABI enfatizó que se están realizando inventarios de los bienes incautados y se busca reformas dentro del marco legal que permitan una administración más eficiente. Y añadió que, en caso de que los bienes sean devueltos a sus dueños por fallo judicial, se asegurará de que el proceso se realice de forma inmediata y ordenada.
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