Entre el viernes 15 y martes 19 de septiembre, dos defensores de la vida y los recursos naturales, Miriam Miranda y José Ramiro Lara, han sido víctimas de atentados violentos, luego que cuadrillas con armas de asalto, asediaran sus viviendas en sus respectivas comunidades.
En el caso de Lara, el escuadrón alcanzó a disparar en 22 ocasiones contra la vivienda, donde afortunadamente no hubo resultado letal; en tanto, en el caso de Miranda, personal de seguridad logró detener a los paramilitares antes de que abrieran fuego.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. El ataque sistemático y violencia contra defensores de Derechos Humanos y de los recursos naturales hondureños, sigue activo y sin dar tregua; en menos de una semana, se ha registrado dos atentados en diferentes zonas del país.
Ayer martes 19 de septiembre, la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh), denunció en un comunicado que una cuadrilla de hombres fuertemente armados, atentó contra la vida de su coordinadora, Miriam Miranda, quien se encontraba en su casa de habitación en Vallecito, Colón.
El documento señala que los sujetos fueron detenidos por elementos de seguridad asignados a la protección de Miranda, confirmando que los detenidos poseían fusiles de asalto y que no pertenecían a la comunidad garífuna.
Según Ofraneh, la intención de acabar con la vida de la lideresa, forma parte de un Plan de Genocidio y Exterminio contra el pueblo, por lo que, exigieron al Estado de Honduras garantizar el derecho a la vida y la seguridad de la defensora, para que siga ejerciendo su labor en la defensoría de territorio, cultura y vida del pueblo garífuna.
Cabe señalar que esta tarde, la Red de Defensoras de Derechos Humanos (REDH), denunció que tres de las cuatro organizaciones que conforman el mecanismo técnico de protección, no se hicieron presentes a una reunión programada desde agosto pasado para concretar medidas de seguridad en favor de Miranda.
Según el reporte: “La Procuraduría General de la República, el departamento de Derechos Humanos de la Secretaría de Seguridad y la Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público no se hicieron presente, las dos primeras argumentaron falta de presupuesto y personal, y la última no se ha manifestado”.
El ataque en contra de Miranda ocurre justo cuatro días después del atentado que sufrió el también defensor de la vida y el ambiente, José Ramiro Lara Zavala y su familia el pasado viernes 15 de septiembre en la ciudad de Santa Rosa de Copán.
Este caso, fue condenado y alertado por la Secretaría de Derechos Humanos (SEDH), instando a la Secretaría de Seguridad, desplegar medidas de protección para el activista social y sus familiares.
Lara denunció que cuatro sujetos fuertemente armados –según se constató en videos de seguridad– dispararon en al menos 22 ocasiones contra la casa de habitación de la familia en el occidente del país.
Bajo este panorama, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) ha informado que desde el 2014 al menos 136 activistas sociales perdieron la vida violentamente; y solo en los últimos dos años y lo que va de 2023, alrededor de 40 defensores han muerto bajo esa circunstancia, la mayoría de ellos vinculados a grupos indígenas, personas LGTBI, derechos sobre la tierra y el territorio ancestral.
Cifras del proyecto Proyecto Pro Defensoras –financiado por el Fondo para la Consolidación de la Paz de Naciones Unidas- arrojan que solamente en el 2021, alrededor de 209 defensores fueron víctima de algún tipo de ataque en Honduras.
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