El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), varias veces ha pedido pruebas a funcionarios del Gobierno Castro sobre empresarios ligados al narcotráfico, a la defraudación fiscal y favorecidos con cifras increíbles en perdón de impuestos; ese día llegó; hace unas horas, el director del Sistema de Administración de Rentas (SAR) llegó con un camión de pruebas para que el Ministerio Público proceda a la investigación de esos falsos empresarios.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. Luego que la presidenta, Xiomara Castro, anunciara que llevaría a cabo importantes reformas en el sistema tributario, principalmente con empresarios que gozan de incentivos fiscales, sectores como el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) se han pronunciado pidiendo que se abra investigaciones y se revise las exageradas dispensas fiscales que en varias ocasiones ha denunciado la Secretaría de Finanzas y el Servicio de Administración de la Renta (SAR).
Para el director del SAR, Marlon Ochoa, la reforma tributaria afectaría a diez familias que gozan de exoneraciones y que controlan el poder político y económico del país, absorbiendo la mayor parte de la riqueza producida y que utilizan al COHEP como sus representantes y al Bloque de Oposición Ciudadana (BOC) como brazo político.
Ante esas declaraciones, la reacción del COHEP fue inmediata y solicitó a Ochoa que presente las pruebas y que este día lo acompañaría al Ministerio Publico para que el SAR demuestre ente el acusador del Estado la veracidad de sus afirmaciones en los medios de comunicación, principalmente, por vincular a la institución con el crimen organizado y el narcotráfico, lo que “ensucia la reputación del ente”.
Fue así que hace unas horas, el titular del SAR llegó a las instalaciones del Ministerio Público con un camión que trasladó al menos 20,000 expedientes como pruebas que vinculan a las diez familias con actividades de corrupción y, que por injerencia para su beneficio, han obtenido favores en sus relaciones con actores de la política nacional, cuyos antecedentes los ubica por afinidad a grupos delictivos de la narcopolítica.
En su intervención, Ochoa, expuso que el COHEP solo representa esos intereses y no a los 300 mil empresarios que laboran a lo largo del país.
Según Ochoa, en la documentación de aproximadamente 20 mil paginas que llevó a la fiscalía este grupo de “privilegiados” logró la aprobación de 67 leyes y 100 contratos en una sola noche para su propio beneficio; también, entre los años 2010 y 2022, lograron 43 decretos que contienen beneficios como no pagar impuestos, mientras que a otras empresas -fuera de sus consorcios- se les gravó el 14 por ciento de nuevos impuestos.
Por lo que durante su llegada al Ministerio Publico, el titular del SAR explicó que son cuatro denuncias las que hará con su documentación debida sobre casos de corrupción e intereses por parte de este grupo, el cual es representado por el COHEP, y denunció que esos “empresarios” se valieron de su influencia política para beneficio.
El funcionario detalló que bajo el régimen de Zonas Libres (Zoli) empresas han logrado evitar el pago de hasta 500 millones de lempiras en impuestos y detalló como han aprovechado ingresar maquinaria como un helicóptero, que lejos de ser utilizado para trabajo sirvió para pasear familiares y amigos.
Otra de las denuncias son a empresas multinacionales que bajo su influencia en política lograron que el Congreso Nacional aprobara un decreto “mediante una interpretación del Código Tributario y, de forma retroactiva, eliminó el ajuste derivado de una auditoría tributaria, el cual se estimó en más 500 millones de lempiras”.
Asimismo, Ochoa expuso que un exdiputado incurrió en diversos delitos al promover, en un claro caso de conflicto de intereses, un decreto contentivo de beneficios fiscales para sus empresas en el régimen de Zonas Libres (Zoli) en Islas de la Bahía por 450 mil millones de lempiras.
“Estos son apenas los primeros casos que serán presentados, pero resumen de una forma muy clara cómo algunas empresas ligadas a la cúpula empresarial utilizaron su poder político durante el narco dictadura de Juan Orlando Hernández”, declaró el titular del SAR.
De igual forma, enfatizó que “no puede haber desarrollo sin justicia, no puede haber un desarrollo económico en una sociedad que ha legalizado la corrupción, la desigualdad y el ‘saque”.
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