A instancia del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS), la presidenta Castro, en cadena nacional de prensa, ha presentado la Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra para fortalecer el sector agropecuario, que aporta el 13 por ciento de la producción nacional y 35 por ciento de exportaciones del país; además, la nueva estrategia apunta a combatir los altos índices de pobreza y miseria concentrada en las zonas rurales.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. En la zona rural de Honduras, el 72 por ciento de la población subsiste en pobreza y 50 por ciento en extrema necesidad, por eso hoy la presidenta hondureña, Xiomara Castro, ha dicho que la reforma agraria es un asunto pendiente, que han pasado más de 30 años de creación de la ley de modernización agrícola, y desde 2010 a la fecha hay mora en más de 1,000 solicitudes de tierra.
En este contexto, este día Castro presentó a Honduras la creación de la Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra, que estará conformada por el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS).
Con estas medidas se pretende dar lucha a la precariedad en la que se encuentra población dependiente del sector agropecuario, por lo que la mandataria de los hondureños enfatizó que “…históricamente, la mayoría de las políticas agrarias han derivado en proceso fracasados, no podemos desconocer las condiciones precarias en que vive el sector rural y agrícola de nuestro país”.
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Mientras otro sector cuenta con jugosos privilegios como exoneraciones y beneficios, la presidenta Castro fue determinante al explicar que los campesinos han sido victimas de un sistema económico que los ha relegado del acceso a la tierra y niveles de vida digno.
Asimismo, detalló que una reforma agraria es un ¨asunto pendiente¨ y que desde que se promulgo la ley para la Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola, hace aproximadamente 30 años, se han bloqueado todo Intento del Instituto Nacional Agrario (INA) para ¨ dar respuesta positiva a la demanda de tierras que presentan continuamente las mujeres campesinas, grupos campesinos, comunidades indígenas y pueblos originarios¨.
En el 2008, explicó Castro, se disminuyó la mora agraria y agregó que ¨a la fecha existen aproximadamente 129 casos pendientes y 40 resoluciones que beneficiarán a cuatro mil manzanas de tierra y los respectivos títulos e igual número de campesinos que reunían los requisitos exigidos por aquel decreto que fue derogado¨.
¨Cabe mencionar que, los registros agrarios del Instituto de la Propiedad (IP) contienen un sin número de terrenos con antecedentes de legalidad que causan efectos ante terceros, no obstante, estudios apuntan que estos registros carecen de legitimidad puesto que la mayoría han sido propiedad adquiridas irregularmente por medio de remedidas en terrenos nacionales, tierras concesionadas, traspasadas sin el trámite correspondiente, no es difícil encontrar en el IP hasta cuatro títulos superpuestos sobre un mismo predio”, concluyó.
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