El director ejecutivo del Instituto Conservación Forestal (ICF), Luis Solís, es firme al asegurar que la maquinaría que está trabajando en la controversial carretera en la Mosquitia hondureña, no cuenta con permisos para seguir operando y reconoció que las “inversiones” en ese proyecto son motivadas por el lavado de activos y la narcoactividad; “corresponde a la fiscalía realizar el decomiso y la custodia a las Fuerzas Armadas”, dijo.
Un informe de MiAmbiente, reveló que en el país, más de 226,000 hectáreas de bosque han sido destruidas, el 45 por ciento se ubica en zonas protegidas, donde la reserva del Río Plátano es la más afectada, pese a que es considerada Patrimonio de la Humanidad, según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).
Redacción Central/ EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. Esta mañana, pobladores de la Mosquitia hondureña, han enviado una denuncia a la Sala de Redacción de EL LIBERTADOR, se trata de fotografías de maquinaria pesada con la leyenda “Asociación de ganaderos de Wampu (ASOGAW-Olancho, Gracias a Dios)”, las cuales se identifica están realizando trabajos sobre la carretera que fue declarada “ilegal” por su impacto medioambiental, que además violenta leyes nacionales e internacionales.
El tramo carretero, comunica los municipios de Dulce Nombre de Culmí (Olancho) con Wampusirpi (Gracias a Dios), y desde 2021 fue denunciada por pobladores ancestrales porque se adentra en la Reserva del Hombre y la Biosfera Río Plátano, la Reserva de la Biósfera Tawahka Asangni (BTA) y el Parque Nacional Patuca (PNP).
Autoridades del Estado confirmaron que esta carretera no contó con la autorización de los pueblos originarios organizados, ni de las instituciones gubernamentales. Y la única prueba de “legalidad” presentada, es una carta donde supuestamente la Junta Directiva de la Federación Indígena Tawahka de Honduras (FITH), aprueba en cabildo abierto “la reparación de la carretera”, documento firmado por los señores Romel Sánchez Ortiz y Rotilio Ortiz Gonzales.
El 28 de abril 2022, en conferencia de prensa representantes de los consejos territoriales miskitos de Rayaka, Diunat, Batiasta, Bamiasta y Makinasta, agrupados en la organización Masta, y la Confederación de Pueblos Autónomos de Honduras (Copah), afirmaron que están en contra de esta obra que no cuenta con los permisos de instituciones públicas de protección del ambiente.
DE INTERÉS: “CARRETERA NO, SANEAMIENTO SÍ”: INDÍGENAS DE MOSKITIA INTERPELAN GOBIERNO
Además, aseguraron que para realizar esta obra millonaria se taló el bosque, causando un grave daño ambiental al patrimonio ancestral de La Moskitia. Según expertos, el costo de esa carretera ubicada en la Reserva del Río Plátano, es de 60 millones de lempiras, sin embargo, a la fecha nadie acredita ser el inversionista.
Ante la denuncia que llegó esta mañana a EL LIBERTADOR, se abordó al director ejecutivo del Instituto Conservación Forestal (ICF), Luis Solís, quien comentó que ese tramo carretero “siempre ha existido” como una ruta “temporal”.
“Tiene como 10 años de existir, ahorita lo que ellos hicieron es una habilitación, lógicamente hay que tener vigilancia porque existe una dinámica de pérdida de cobertura de bosque, para áreas ganaderas que es responsable del 95 por ciento de la deforestación en esa zona”, reconoció.
Solís aseguró que: “Nosotros tenemos la denuncia, vamos actuar con la fuerza de tarea por lo de la carretera, pero también porque en verano aumentamos las intervenciones por la deforestación, tanto en zona Tawahka como en la Reserva del Río Plátano; tenemos alertas de deforestación, por ejemplo, en la zona del norte en Wampusirpe, hay más de 150 hectáreas deforestadas, las que ya están en control, pero hay tres casas y estamos esperando el requerimiento de la Fiscalía para proceder al desalojo”.
Ante la consulta sobre la maquinaria que opera en la carretera, Solís fue contundente al mencionar que ésta no cuenta con permisos del ICF: “Totalmente negativo, no tienen permiso para intervención en áreas protegidas y que ellos están trabajando en ilegalidad”.
Amplió que, “hay que tener claro que esas inversiones y la neo-colonización para destruir al bosque, son movidos por el lavado de activos y la narcoactividad”. Y comentó que el procedimiento legal es decomisar la maquinaria y aplicar la responsabilidad multisectorial de las instituciones responsables: “En este caso, le corresponde a la fiscalía realizar el decomiso y la custodia le corresponde a las Fuerzas Armadas”.
El contexto de deforestación, que repercute en vulneración de los derechos de pueblos indígenas de la zona, ya fue reconocida por el Estado de Honduras, precisamente, el 21 de marzo de 2022, el nuevo titular de la Secretaría de Recursos Naturales (MiAmbiente), Lucky Medina, tras una revisión interinstitucional con el Instituto de Conservación Forestal, Ministerio Público y Fuerzas Armadas, ofreció una conferencia donde mencionó que la carretera pasaría a un “cierre inmediato”.
En el evento, Medina admitió que 226,000 hectáreas de bosque habían sido destruidas, el 45 por ciento ubicándose en zonas protegidas, donde la reserva del Río Plátano es la más afectada.
“La carretera pasará a un proceso de cierre inmediato”, aseguró el representante de la presidenta Castro, y dijo además que “el Estado se compromete a dar atención a los hermanos Tawahkas en la zona”. No obstante, meses después, sectores ganaderos lograron un acuerdo con el Gobierno para no dar cierre definitivo al proyecto siempre y cuando no se siga deforestando el bosque.
Para conocer más detalles respecto a la denuncia, EL LIBERTADOR se contactó con el titular de MiAmbiente, Lucky Medina, sin embargo, pese a los esfuerzos por una comunicación, no hubo ninguna respuesta.
Deja un Comentario