El presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), Eduardo Facussé, ha recordado a los promotores de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) que el marco legal de éstas fue creado “con la única finalidad de saquear al Estado”.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. En Honduras “no hay tierra sin dueño” ni tampoco imperio de la ley, pues aunque las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), fueron derogadas por el Congreso Nacional en abril pasado, a esta fecha siguen siendo controversia ante el desacato de los empresarios extranjeros.
Los bucaneros que promueven el proyecto ilegal de la dictadura del Partido Nacional, ahora han amenazado a los hondureños con una multimillonaria demanda si el Gobierno de Xiomara Castro no cumple el tratado que firmaron con el dictador Juan Hernández.
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Ante esta nueva polémica, el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), Eduardo Facussé, ha reaccionado recordando a los extranjeros que este proyecto nació con un marco legal “creado con la única finalidad de saquear al Estado”.
“No hay empresario más deshonesto que el que reclama riqueza sin haberla generado, aduciendo seguridad (extorsión) jurídica. Se comprueba que este ‘marco legal’ fue creado con la única finalidad de saquear al Estado”, reafirmó en su cuenta de Twitter.
Además, reprochó que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) actúa muy pasiva al no cumplir con su rol de defender a los hondureños en lo jurídico.
Y es que el Poder Judicial, presidido por Rolando Argueta –amigo de Juan Hernández y militante del Partido Nacional–, no ha mostrado interés en castigar a los bucaneros con el mismo “brazo fuerte” con el que arremete contra campesinos cuando éstos defienden la tierra ante proyectos ambientales o reformas para expropiación.
Facussé señaló que “los dueños de ZEDES deben aceptar los cambios para que se garantice el respeto a la soberanía y la independencia del estado. Cualquier otro arreglo sería inaceptable e indigno”.
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