El pasado jueves 1 de septiembre, los titulares del viejo esquema del controversial Consejo de Defensa, los nacionalistas Rolando Argueta (Corte Suprema) y Óscar Chinchilla (Fiscalía) atendieron –previo a ultimátum– la convocatoria de la presidenta Xiomara Castro para acordar nuevos nombramientos en la Dirección de Inteligencia, quedando al cargo el comisionado de Policía Raúl Mejía.
En esta misma reunión, donde también estuvo presente el presidente del Congreso, Luis Redondo; el canciller Enrique Reina; el secretario de Defensa, José Zelaya y representantes del Ejército, entre otros, se juramentó como subdirector a Ángel Luque.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. Tras la primera reunión del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) de la presidenta Xiomara Castro y el titular del Congreso Nacional, Luis Redondo, con los vestigios del esquema viejo: Rolando Argueta mandamás de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Óscar Chinchilla de la Fiscalía General, se concluyó juramentar a nuevas autoridades de la Dirección de Investigación.
En la sesión también estuvieron presentes el secretario de Defensa, José Zelaya; el asesor presidencial, Manuel Zelaya –presidente derrocado en 2009–; el canciller, Enrique Reina; y representantes de las Fuerzas Armadas entre otros funcionarios de Gobierno.
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Así, el CNDS decidió que la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia (DNII), quedara bajo el mando del comisionado de Policía, Raúl Mejía (como director) y Ángel Josué Luque como subdirector.
Cabe señalar que, de acuerdo a la ley, la DNII tiene como objeto, el desarrollo de actividades de investigación e inteligencia estratégica, para la protección de los derechos y libertades de los ciudadanos y residentes en el país. Asimismo, ejecutar resoluciones judiciales y nombramiento de coordinadores de unidades especiales de investigación, entre otras.
El CNDS ha entrado nuevamente en controversia, ya que las bancadas de “Salvador de Honduras” (PSH) y partidos Liberal (PL) y Nacional (PN), han detenido el proyecto enviado por la presidenta Castro para desarticular el viejo esquema de la dictadura de Juan Hernández que anula la independencia de poderes que, en sus artículos pétreos, exige la Constitución del país.
La propuesta del Ejecutivo es que el Consejo de Defensa sea un órgano exclusivo de Casa Presidencial y sus secretarías especializadas en materia; sin embargo, las bancadas mencionadas piden seguir bajo la influencia de lo viejo y, entre otras cosas, mantener al Ejército con mucha influencia en el Gobierno y en el CNDS.
De acuerdo con el nuevo proyecto, se pretende retornar a la separación de poderes y comenzar a reparar el daño que dejó la dictadura buscando el castigo de quienes cometieron delito de traición a la patria con el golpe de Estado 2009, la reelección ilegal en 2017 y la venta del territorio con las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE).
Durante la dictadura, el CNDS también tomó decisiones insólitas relacionadas a la actualidad económica de Honduras, pues estando Juan Hernández en el poder exigió el sobrendeudamiento del país, con cerca de 90 préstamos multimillonarios que sólo empeoraron la calidad de vida del pueblo.
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