Es hora, y lo vemos por el debate social que se ha generado, de que el Instituto Nacional de la Mujer (INAM) tome medidas. El primer paso que debe hacer es desarrollar una campaña para que la gente comprenda qué es abuso sexual, qué es aceptable y qué no.

Belinda Portillo *
Columnista
EL LIBERTADOR
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Ayer las redes sociales estallaron a raíz de una denuncia hecha a los medios de comunicación, por una madre de una alumna de la Escuela Agrícola Panamericana (EAP) “El Zamorano”, sobre la violación ocurrida a dos estudiantes de primer ingreso en el campus de esa universidad; la EAP, se ha limitado a divulgar un comunicado muy poco contundente, donde condena que ocurran “actos inmorales en esa casa de estudios”.

Las violaciones no son casos nuevos en las universidades hondureñas, sin embargo, estos casos no saltan a la luz pública porque las mismas universidades se encargan de ocultar y minimizar el abuso y acoso sexual al que son sometidas las estudiantes, por parte de sus compañeros y maestros. Ni la Policía ni las universidades conocen cuál es la situación real de la violencia sexual en sus campus. Muchas de las víctimas no denuncian porque lo toman como un asunto personal, por miedo a represalias, no lo consideran tan importante, no quieren que el agresor se meta en líos o creen que la policía no hará nada y, sobre todo, por miedo a la condena social, porque aun hoy la sociedad trata de justificar al agresor y culpa a la mujer, víctima de violencia. La mayoría de las veces la sociedad juzga mucho menos al hombre, al infractor, y justifica lo que ha pasado, culpando a la víctima.

Es hora, y lo vemos por el debate social que se ha generado, de que el Instituto Nacional de la Mujer (INAM) tome medidas. El primer paso que debe hacer es desarrollar una campaña para que la gente comprenda qué es abuso sexual, qué es aceptable y qué no; diseñar programas de educación para romper la creencia machista que las víctimas de violación se lo buscaron, para evitar enviar a la sociedad el mensaje de que las mujeres somos un objeto del cual se puede disponer y luego desechar; y trabajar con la juventud para que entienda y comprenda que la violación es la mayor vejación que puede ejercer un ser humano sobre otro, y que un no, no quiere decir que sí, jamás.

Los videos de protestas de las estudiantes de El Zamorano, bajo el grito “Si nos tocan a una, respondemos todas”, se ha hecho viral en redes sociales, lo mismo que un video en el cual se ve a una señora que culpa a las dos víctimas de violación, diciendo con total irresponsabilidad, que como dice Denis Castro Bobadilla: “Cuando la violación es inevitable no hay que oponerse”. Aunque indigna la actitud y repugna la frase, en Honduras hemos crecido viendo como las mismas mujeres, las madres o esposas son las primeras en cubrir las malas acciones sexuales de sus padres, hijos y esposos.

La violencia contra la mujer es en parte efecto y resultado de la desigualdad de género, porque los hombres aprenden en sus casas que tienen el derecho y el poder para hacer lo que quieran con las mujeres; no solo ven a la mujer como una propiedad que pueden manejar y a la que le pueden dar órdenes, sino que creen que es su derecho como hombres, en otras palabras, crecen con el “permiso para violar, abusar y acosar”, y esto traspasa todas las clases sociales del país.

La EAP, no puede ignorar el problema, si realmente las autoridades quieren aclarar lo sucedido y que no quede en la impunidad, es necesario que realice una investigación a profundidad sobre la denuncia hecha de violación y debe permitir que se aplique medidas judiciales a los perpetradores de este acto. Por su parte, el Estado a través del INAM debería exigirle de forma inmediata a todas las universidades del país que asuman el compromiso y la voluntad política para diagnosticar e identificar las violencias basadas en género, que incorporen además políticas institucionales de igualdad y equidad que permitan combatir la discriminación basada en género en todos los ámbitos de la academia y adoptar protocolos de prevención y atención participativos que permitan la discusión abierta sobre la situación de género y que garanticen la apropiación de parte de todos los miembros de la academia. Cuando esto finalmente suceda, las estudiantes hondureñas y las extranjeras que estudian en el país, podrán gozar de su derecho a estudiar en un ambiente libre de violencia.

*Economista con estudios de maestría en Planificación y Política Económica, con más de 30 años de experiencia en el área de Derechos humanos de La Niñez y Derecho de las Mujeres; 20 años de trabajo en ámbito internacional en esos temas. Actualmente se desempeña en el sector Salud como representante en Honduras de la empresa “Procesos Inteligentes”, de capital colombiano.