Seis de los ocho defensores del Río Guapinol han sido condenados por el Tribunal de Sentencia de Tocoa; en Francisco Morazán, una orden judicial autorizó el desalojo de la ancestral comunidad “Tierras del Padre”, propiedad de la tribu Lenca según documento de 1739; y, en Copán, la empresa Minerales del Occidente comenzó explotación ilegal del cementerio Maya Chorti en Azacualpa.
La Secretaría de Derechos Humanos, ha informado que dará acompañamiento para que impere el respeto a los compromisos internacionales firmados por Honduras en materia de derechos indispensables.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. En Honduras la justicia es implacable contra los defensores de la vida, los bienes naturales y los derechos sociales de la población. Este miércoles no se ha dado el brazo a torcer con prioridad a los intereses económicos sobre las demandas internacionales que urgen al Estado respetar la labor de protección a los recursos ambientales y la vida digna de pueblos ancestrales.
Para los operadores de justicia “no hay tierra sin dueño”, hoy se realizó una serie de golpes a los pueblos ancestrales y contra seis de los ocho acusados por defender el Río Guapinol, quienes fueron condenados por el Tribunal de Sentencia de Tocoa, departamento de Colón.
Y es que esta mañana, a pesar de una sentencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que ordenaba la detención de las exhumaciones del cementerio Maya Chortí en la comunidad de Azacualpa, municipio de La Unión en Copán, a unos 370 kilómetros hacia el occidente de Tegucigalpa, el juez Rafael Rivera Tábora autorizó mediante proceso ilegal exhumaciones y traslado del cementerio de la comunidad.
Lo anterior fue denunciado por el Bufete Estudios Para la Dignidad, presente en ese sector para documentar la arbitrariedad en favor de la empresa Minerales del Occidente S.A. (Aura-Minosa) que desde 2016 irrumpió en el camposanto indígena para explotar el oro, aun conociendo que los habitantes sepultan en ese sector a sus familiares desde hace más de 200 años.
La semana anterior la Corte de Apelaciones del Poder Judicial, por unanimidad de votos declaró “nulidad absoluta” de actuaciones sobre la solicitud de exhumación, traslado e inhumación de cadáveres del cementerio San Andrés; no obstante, Aura-Minosa irrumpió con equipo de excavación desde tempranas horas este miércoles, acompañados de un fuerte contingente policial.
Los trabajadores de la minera presumieron tener aval de la Corporación Municipal de La Unión, encabezada por el nacionalista Víctor Hugo Alvarado (electo en noviembre), quien desde hace cuatro años entro en disputa por la alcaldía con su correligionario Henrry Milton Tábora, edil que permitió la primera explotación del sepulcro ancestral en 2016.
Al conocerse los movimientos de la minera, pobladores de la zona se apersonaron para defender el territorio; no obstante, efectivos de la Policía procedieron con arrestos como es el caso de Misael García, quien por proteger la tumba de su familia, reivindicando su derecho a decidir sobre su territorio ancestral, fue detenido, de acuerdo a la denuncia del “Bufete para la Dignidad”.
En tanto, en otro caso de gran connotación internacional, el Tribunal de Sentencia de Tocoa se ensañó contra la comunidad de Guapinol, vulnerada por la empresa “Los Pinares”, propiedad del controvertido matrimonio entre Lenir Pérez y Ana Facussé, hija del extinto terrateniente y empresario Miguel Facussé, conocido en la comunidad del “Bajo Aguán” por el conflicto sin resolverse que arrebató la vida a cientos de campesinos.
El matrimonio Pérez Facussé, durante el régimen de Juan Hernández, recientemente sancionado por Estados Unidos por sus nexos con el narcotráfico y corrupción documentados por la Fiscalía y Departamento de Justicia, se hicieron de múltiples negocios multimillonarios, entre ellos el Aeropuerto Internacional Palmerola (PIA, por sus siglas en inglés), además de abarcar un monopolio en la industria aeronáutica y otros contratos “especiales” en aduanas.
Con “Los Pinares”, fueron protagónicos del impacto nocivo a la comunidad de Guapinol, que valió para que los pobladores levantaran un campamento en defensa del río y la montaña, lo anterior culminó en acusación contra ocho ambientalistas, seis de ellos han sido condenados hoy por la justicia.
Según el abogado Eddy Tábora, representante del equipo de defensa legal, durante tres años el Ministerio Público construyó el caso “basado en un montaje”.
La Fiscalía acusó a José Daniel Márquez, Kelvin Alejandro Romero, José Abelino Cedillo, Porfirio Sorto Cedillo, Ewer Alexander Cedillo, Orbin Nahún Hernández, Arnol Javier Alemán y Jeremías Martínez Díaz –los últimos dos absueltos– de cometer delitos de privación ilegal de la libertad, daños agravados en perjuicio del contratista de la empresa Inversiones Los Pinares y daños simples y agravados en perjuicio de la minera.
Organizaciones de Derechos Humanos que han dado seguimiento al caso, denunciaron que la audiencia de este miércoles se desarrolló de forma irregular, ya que los jueces Ricardo Rodriguez Barahona, Henry Geovanny Duarte Zaldívar y Franklin Marvin Araliz Santos retrasaron la audiencia por más de una hora, procediendo a militarizar el edificio judicial.
La audiencia se realizó sin transmisión en vivo, pese a que era obligatoria su difusión pública y, tras el cierre con la condena, los operadores de justicia abandonaron el recinto con gran inmediatez.
“Este veredicto es escandaloso y va en contra de las obligaciones de Honduras de garantizar el derecho a defender derechos humanos. Debe anularse de forma inmediata. No cesaremos de demandar a las autoridades hasta que sean liberados inmediata e incondicionalmente todos los defensores de Guapinol”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
Una investigación de EL LIBERTADOR, reveló que en la dictadura Hernández, se entregó más de 1,100 concesiones en proyectos de explotación de recursos naturales, sólo en minería ascienden a 850 y éstas no aportan ni un 1% al Producto Interno Bruto (PIB), que es la producción nacional total de un país en un año.
Por otro lado, esta mañana se ordenó desalojo forzado para unas 120 familias de la etnia Lenca de la comunidad “Tierras del Padre”, situada a 11 kilómetros hacia el sur de Tegucigalpa, colindante con los municipios de Santa Ana y San Buenaventura, lo anterior luego de una orden judicial a favor del empresario Mario Facussé.
Facussé alega que compró “Tierras del Padre” en 1993 y que el terreno fue “invadido” en 2004; sin embargo, la tribu Lenca posee un título de tierras ancestral desde 1739, documento que ha sido ignorado por las autoridades, al igual que con los diversos recursos legales.
Hasta ese sector se movilizó la nueva Secretaría de Derechos Humanos, para ordenar la suspensión del desalojo. La titular de la institución, Natalie Roque, criticó que “los operadores de justicia continúan en poder de la dictadura”.
En un comunicado oficial de esta secretaría, se ha pedido al Poder Judicial que preside el nacionalista, Rolando Argueta, que considere la existencia del título ancestral de propiedad sobre el territorio para evitar “cualquier acción en sentido contrario de los compromisos internacionales en materia de derechos humanos”.
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