El Gobierno de Juan Hernández se convirtió en dador alegre del dinero del pueblo hondureño para los pastores que lo bendecían, donde destaca Alberto Solózano; pero la “generosidad” era más que millonarios aportes, incluyó altos cargos públicos con sueldos del mismo rango, plazas de buen perfil a parientes de religiosos, esas y otras han sido las dádivas que colmaron de privilegios y poder a presidentes de la Confraternidad Evangélica de Honduras, por ejemplo, Solórzano recibió 2,200,000 lempiras en menos de un año, según investigación de EL LIBERTADOR.
Actualmente, la Confraternidad Evangélica es presidida por Oswaldo Canales, quien tiene cuenta pendiente con el Tribunal Superior de Cuentas por más de dos millones de lempiras relacionados a una asesoría de política pública en la extinta Secretaria del Interior, donde incluso mintió sobre su hoja de vida.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. El pastor del Centro Cristiano Internacional (CCI), Alberto Solórzano, mayormente conocido por su rol de asesor del régimen de Juan Hernández, recibió en 11 meses (entre febrero de 2016 y marzo de 2017) 2.2 millones de lempiras a nombre de la Confraternidad Evangélica de Honduras (CEH), que presidió durante ocho años hasta 2018.
El Gobierno Hernández se caracterizó por “generosa” fuente de apoyo a grupos opuestos al bienestar nacional, de esa manera, colmó de favores a cambio de apoyo a los ambiciosos de los ambientes económico, militar, político, religioso y de medios de comunicación; entre los privilegiados del “maná público” destaca Solórzano, lo que valió para que recibiera el sobrenombre de “Caifás hondureño”.
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La primera muestra dadivosa del gobernante surgió a los pocos meses de su primer periodo (2014-2018), cuando presionó y destacó por lo alto que Solórzano merecía ser parte de la Comisión Depuradora de Policía, y del dicho al hecho el líder eclesiástico comandó y separó a figuras clave en la institución con conocimiento pericial de los nexos de la familia presidencial con el crimen.
Es emblemática aquella gráfica de un Solórzano con aires de poderoso, poniéndose la gorra del oficial Leonel Sauceda, el comisionado general que fue hombre de confianza en la Secretaría de Seguridad y después fue detenido el 11 de febrero de 2020 por el Ministerio Público que lo acusó de lavado de activos, desde entonces guarda prisión en espera del juicio programado hace unos meses por el Poder Judicial para los días entre 10 y 14 de este enero de 2022.
“La imagen que yo he venido acumulando a través de muchos años de la Confraternidad Evangélica de Honduras, y también del pastor Alberto Solórzano, es de gente decidida, que contribuye con su accionar, en el terreno de los hechos, a construir una Honduras diferente”, argumentó Hernández el 14 de abril de 2014.
Más recientemente se descubrió que desde hace varios años el vástago del pastor, René Alberto Solórzano Vásquez, funge con un importante cargo en el Consulado de Honduras en Miami, según reporte especializado del Centro de Estudio para la Democracia (Cespad).
Cabe señalar que el pastor Solórzano escaló en el campo político tras su elección como presidente de la CEH en 2010, que ostentó por ocho años consecutivos en cuatro procesos de reelección hasta que se retiró en 2018.
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Con el ascenso de Hernández a Casa Presidencial la inclusión del religioso en la política pública fue inmediata, cuestionada y atentatoria contra la Constitución de la República que establece en su artículo 77 que se garantiza el libre ejercicio de todas las religiones siempre que éstas no contravengan la ley y el orden público y, sobre todo, definiendo que los clérigos “no podrán ejercer cargos públicos”.
El anterior precepto ha sido inexistente para el régimen Hernández que, ante el descrédito de la sociedad hondureña, se fortaleció con el apoyo de religiosos y por ese favor, otorgó privilegios y competencias de Secretarías de Estado a órganos como la Confraternidad Evangélica.
La confianza fue tal que el 11 de enero de 2016, Solórzano pidió a Hernández el financiamiento de una Asamblea General de la CEH “Cumbre Nacional de Liderazgo” que se realizó el 10 y 11 de febrero en el templo “Ebenezer” de San Pedro Sula; en la petición se expuso la reunión de más de 4,000 pastores y que se trataba de un evento con relevancia mundial.
“Dada la trascendencia nacional e internacional de estos eventos, nos permitimos solicitarle tenga a bien considerar un aporte económico equivalente a Lps. 1, 200, 000,00 un millón doscientos mil lempiras exactos) para coadyuvar a la realización de los mismos”, cita textualmente la solicitud, firmada por Solórzano.
Para el 26 de febrero, el aporte del Gobierno fue acreditado por el Sistema de Administración Financiera Integrada (Siafi) de la Secretaría de Finanzas (Sefin), entregando la cantidad suplicada al conglomerado de evangelistas, según el oficio aprobado por la gerencia administrativa de la entidad ejecutiva.
Y poco menos de un año después, en febrero de 2017 –año de la controvertida e ilegal reelección presidencial–, el Gobierno entregó otro millón de lempiras a Solórzano, destinado nuevamente a nombre de la CEH en el Oficio 001-PCN-17 del Siafi, supuestamente para ejecutar “programas sociales de alfabetización” y otros de carácter público.
Es necesario resaltar que la estrecha alianza entre el Gobierno saliente y el grupo de evangelistas ha quedado confirmada en un sin número de actividades, por ejemplo, en las visitas del régimen a Israel, siempre se acompañó de extensas comitivas de pastores, falsos profetas y amigos cercanos de la iglesia.
Además, en su política pública sus principales consejeros, interventores y auditores, tienen estrecha relación con el órgano evangélico; por ejemplo, en 2019 el extitular de la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (Sedis), Reinaldo Sánchez, firmó un convenio de apoyo social con el actual presidente de los “cristianos”, Oswaldo Canales.
Canales ha sido investigado por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) luego que entre 2011 y 2012 cobrara 2,243,333 lempiras por una supuesta asesoría en la Secretaría del Interior y Población (SEIP), hoy Gobernación y Justicia, según lo expuesto en el oficio 006-2014-DGSD-PROADES-SGJ-SEIP-A, donde se expone también que mintió en su hoja de vida al recibir un pago como Licenciado en Ciencias Comerciales, al ser abogado de profesión.
A menos de 20 días para que termine el régimen Hernández, el pastor Solórzano ha llamado al nuevo Gobierno para que entre una etapa de “perdón y reconciliación” sin que él, efectivamente, haya pedido perdón. El religioso oficialista fue severamente reprendido por la sociedad hondureña que hoy demanda justicia contra todos aquellos que hicieron daño en la larga y criminal noche de los 12 años. Y la prestigiosa jurista, Maribel Espinoza, ha aclarado a Solórzano: “El perdón viene de Dios, pero en un Estado de Derecho se aplica la ley”.
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