Recientemente, el Congreso Nacional aprobó 1,350 millones de lempiras del “Bono de Vida Mejor” que, en el marco de la campaña electoral, deja entrever la intervención del Gobierno para la compra de votos a 26 días de las elecciones generales, según denuncian analistas de la vida política hondureña.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. Organismos de defensa de la democracia y analistas con criterio de Honduras, han denunciado que la aprobación de 1,350 millones de lempiras, asignados al “Bono Vida Mejor-Bicentenario”, suma a la crisis electoral instalada por el Partido Nacional, primero con violencia política y luego con la campaña publicitaria de odio.
Lo anterior según lo expuesto en Decreto Legislativo No. 18-2021 que autoriza a la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (Sedis), para “beneficiar” a 170 mil familias con la cantidad de 7,000 lempiras a cada una.
Ante este contexto, el destacado economista y expresidente del Banco Central de Honduras (BCH), Hugo Noé Pino, ha dicho a EL LIBERTADOR que este acto es un claro abuso de poder de los diputados del Partido Nacional que se valieron de su cargo actual para realizar una “compra abierta de votos”.
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“Sabemos las experiencias negativas que han trascendido en informes sobre el mal manejo de estas trasferencias por parte del Gobierno actual y no nos queda ninguna duda que el objetivo en este momento es precisamente influir en las familias para que voten a favor del Partido Nacional”, recalcó.
El doctor Pinó amplió que: “Desde hace 12 años en los que presiden el gobierno piensan que no deben de rendirle cuentas a nadie y que pueden utilizar los recursos públicos como a ellos les convenga en sus aspiraciones políticas”.
Pese a que lo aprobado estipula que las familias serán escogidas a través de un censo, el aspirante a diputado por Libertad y Refundación (Libre), cuestionó que se trata de un tema político: “las personas en extrema pobreza están claramente identificadas en nuestro país no necesita de un censo, el programa de Bono de Vida Mejor ya tiene identificada claramente a estas familias, con el objetivo de procurar los recursos para activistas del Partido Nacional”.
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El destacado economista expresó que esta estrategia llega a ser una política ridícula a estas alturas; no obstante, alertó que puede traer graves consecuencias para la nación, por ejemplo, un aumento desmesurado a la ya altísima deuda externa, ya que el dinero proviene de préstamos con organismos internacionales que se pagan por todos los hondureños.
Por su parte, el expresidente del Colegio de Economistas, Julio Raudales, es de del criterio que se debe de implementar una regulación en cuanto a los fondos para que se pueda verificar si estos son destinados a las personas que realmente lo necesiten y no para comprar conciencias.
“Más importante es que la gente esté segura que las próximas autoridades acaben con esta costumbre grosera que tiene los políticos dando este tipo de regalías a cambio de votos”.
Asimismo, el director ejecutivo del Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD), catalogó el acto como un abuso a los recursos públicos. “En pleno contexto electoral, es un abuso de los recursos públicos y una operación descarnada de compra de votos”, dijo textualmente en su cuenta de Twitter.
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