El destacado epidemiólogo, Fidel Barahona, dijo a EL LIBERTADOR que la nota que presentó la Secretaría de Salud (Sesal), que comanda la profesora Alba Consuelo Flores, al Congreso Nacional (CN), donde se pide declarar confidencialidad a contratos de la vacuna, es una medida para cuidar a la empresa intermediaria y no a la farmacéutica Pfizer.
Sesal tuvo que admitir que la farmacéutica estadounidense nunca pidió imponer secreto al contrato suscrito con Honduras; un documento oficial enviado a este periódico, confirma que Pfizer en ningún momento “ha solicitado la emisión de una ley que decrete la confidencialidad del acuerdo de manufactura y distribución de la vacuna”.
Redacción Central ̸ EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. Septiembre no comenzó bien para la profesora Alba Consuelo Flores, titular de la Secretaría de Salud (Sesal), y tampoco cerró el mes con tranquilidad. La funcionaria ha estado en el ojo del huracán, primero por beneficiar a sus hijos con altos salarios –según investigación del Consejo Nacional Anticorrupción–, y segundo, por exigir al Congreso aplicar secretividad a contratos de la vacuna contra el Covid-19.
Hace unos días, Sesal admitió que la farmacéutica Pfizer-BioNTech no pidió al Gobierno de Honduras la creación de una ley para declarar secreto de Estado el contrato de la compra de las vacunas, lo anterior luego de haber afirmado que “la única opción de mantener un contrato en reserva por 10 años, como exige Pfizer, era a través de una norma creada por el Congreso Nacional”.
Sin embargo, la farmacéutica Pfizer aclaró en documento oficial enviado a EL LIBERTADOR, que “en ningún momento Pfizer ha solicitado la emisión de una ley que decrete la confidencialidad del acuerdo de manufactura y distribución de la vacuna de Pfizer y BioNTech contra COVID-19”.
Y amplía: “Hemos requerido mantener la confidencialidad de ciertos detalles de nuestros contratos, ha sido para no perjudicar las negociaciones en curso en todo el mundo; proteger nuestro derecho a una competencia leal y evitar que terceros tengan acceso a información comercial que podría ser usada de manera deshonesta”.
En este contexto, el epidemiólogo Fidel Barahona ha dicho a El LIBERTADOR que una diputada le envió la nota de lo que pedía la farmacéutica, observando que no había ninguna descripción respecto a mantener en secretividad los contratos.
Barahona dijo que una vez que leyó el documento pudo identificar que no era una solicitud directa de la farmacéutica, sino de una empresa intermediaria ubicada en la zona libre del canal de panamá: “La nota no estaba firmada por el gerente de la empresa farmacéutica Pfizer sino por el gerente de la empresa intermediaria”, aseguró el experto en medicina.
Según el galeno, al terminar la lectura concluyó que este periodo de diez años son los se utiliza para salir bien librado en caso de ser perseguido por corrupción: “Si en ese periodo no hay ninguna denuncia no hay ninguna investigación de una posible compra inapropiada pues quede sin valor ni efecto y se extingue pues el delito”.
Finalmente, el epidemiólogo recordó que debido a estas inconsistencias el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) se negó a aprobar la confidencialidad de todo el contrato y ante esta negativa, Alba Consuelo Flores decidió llevar la solicitud al Congreso, donde fue aprobado sin escrúpulos.
A continuación documento de Pfizer:
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