De acuerdo con el enviado especial de Estados Unidos para los países del Triángulo Norte (Honduras, Guatemala, El Salvador), Ricardo Zúñiga, en junio próximo el Departamento de Estado estaría dando a conocer los nombres de políticos que están en la “Lista Engels” por corrupción.
Cuando se le consultó si el gobernante hondureño, Juan Hernández, está en la lista, Zúñiga respondió que no iba a hacer comentarios al respecto debido al “compromiso del Departamento de Justicia en su caso”, pues el mandatario es investigado por presuntos vínculos con cárteles de droga.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. El enviado especial de Estados Unidos para los países del Triángulo Norte de Centroamérica, Ricardo Zúñiga, reiteró que la administración de Joe Biden está considerando nuevas sanciones contra los funcionarios corruptos de Honduras, Guatemala y El Salvador, en un listado que debe darse a conocer a finales de junio.
Zúñiga dijo que la ley, promovida por el entonces representante estadounidense Eliot Engel y promulgada por el Congreso en diciembre pasado, requiere que el Departamento de Estado reúna en un plazo de 180 días la denominada “Lista Engel” de actores corruptos en el Triángulo Norte.
“Ese es el mandato del Congreso. Tenemos una responsabilidad y la vamos a cumplir”, dijo Zúñiga en una entrevista el pasado miércoles a la agencia Reuters.
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“Eso va de la mano de nuestro compromiso de defender a quienes luchan contra la impunidad”, añadió.
Sin embargo, Zúñiga se negó a nombrar a quienes podrían enfrentar sanciones. Cuando se le preguntó si el gobernante hondureño, Juan Hernández, podría ser un objetivo, dijo: “No voy a comentar sobre él debido al compromiso del Departamento de Justicia en su caso”.
Hernández ha estado en el ojo de Estados Unidos por presuntos vínculos con cárteles de la droga, mismo que el mandatario ha negado en reiteradas ocasiones.
Zúñiga dijo que muchas empresas estadounidenses están interesadas en hacer más negocios en la región, pero que “hay vacilación en las inversiones” debido a la corrupción local, la infraestructura deficiente y otros problemas.
“Las empresas ven ese tipo de problemas y se detienen”, añadió. Los incluidos en dicha lista podrían estar sujetos a prohibiciones de viajar a los Estados Unidos, confiscación de propiedades en ese país y prohibiciones a los estadounidenses que hacen negocios con ellos.
Otra de las sanciones podría ser el uso de las llamadas medidas Global Magnitsky, que Estados Unidos ha impuesto durante años a los acusados de corrupción, abusos a los derechos humanos y acciones antidemocráticas en todo el mundo.
Los funcionarios estadounidenses ven la corrupción como uno de los principales impulsores del flujo de migrantes, junto con la pobreza, la violencia de las pandillas y las consecuencias de los huracanes del año pasado.
Además, quieren asegurarse de que un paquete de ayuda de 4 mil millones de dólares que se está preparando para la región no sea presa injertar.
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