No hay paz para los garífunas y el Estado no cumple con sentencias internacionales para proteger la vida. El pasado miércoles, luego de que dos miembros de la etnia fueran aseinados en La Ceiba, entre ellos el líder Martín Pandy, la Policía Nacional capturó en Trujillo a dos defensoras de la vida por supuesta usurpación.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. La comunidad garífuna hondureña sigue en constante asedio por grupos criminales y estatales, esta semana tres miembros de la etnia afro-hondureña han sido asesinados y dos defensoras del medioambiente fueron arrestadas. Ante esta situación la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh), ha denunciado los acontecimientos “de terror” que una vez más irrumpen la paz del pueblo.
Y es que el pasado miércoles en la comunidad de Corozal, municipio de La Ceiba, a unos 400 kilómetros al norte del Distrito Central (Tegucigalpa y Comayagüela), ciudad capital, se registró un atentado que acabó con la vida de dos garífunas: Víctor Martínez y Martín Abad Pandy (foto), este último presidente del patronato.
En el atentado también perdió la vida uno de los ejecutores y otro sujeto resultó herido por el ataque, Ofraneh ha denunciado que el crimen contra Pandy se debe a que reunió un grupo de jóvenes para “proteger y defender los derechos de la comunidad”.
Ofraneh además ha recordado que el pasado 13 de febrero, en ese mismo sector sicarios asesinaron al joven Fernando Padilla, en este crimen, de acuerdo a los testimonios, los sicarios portaban un listado con los perfiles de todos los activistas sociales de esa comunidad.
En ese contexto la organización aqueja que la Policía Nacional, al momento de levantar la escena del crimen, no ordenó el despliegue de oficiales para custodiar la zona y dar seguridad a la comunidad, y de hecho, denuncian que por estos crímenes Corazal ha quedado “bajo la intervención del Narco-gobierno de Honduras”.
La abogada y defensora del pueblo garífuna, Naama Ávila, que es oriunda de esa aldea, ha lamentado que hoy Corazal está casi destruido, ya que “nuevamente es víctima de la delincuencia organizada, que se ha instalado a la vista permisiva de las entidades de seguridad en el área”.
Cuestiona la activista social que los entes de seguridad en ese sector, “de forma cínica, facilitan la criminalidad que asesina a nuestra gente, extorsiona a nuestros emprendedores y saquea nuestros recursos. Foráneos llegan, y se imponen por encima de toda una comunidad, que por miedo calla las barbaries que suceden día a día en nuestras comunidades”.
Ávila agrega además que conocía a Pandy, quien además de ser presidente del patronato, sino también un emprendedor gentil y bondadoso, un incansable que “con su pulpería sacaba adelante a su familia”. Además, lo recuerda porque “integró esfuerzos con jóvenes líderes, con los rastas, con otros emprendedores, con profesionales, con líderes garífunas en el extranjero, para atender las demandas de todos los habitantes”.
“Soy testigo de su amor al pueblo, de su trabajo, de su humildad, y de sus ganas por ver a Corozal avanzar”, amplia la activista social quien confiesa estar dolida por un nuevo crimen en su pueblo de origen.
Pero el asedio a los garífunas no se queda ahí, ya que ese mismo día a eso de las 5:00 de la tarde, la Policía Nacional ejecutó una orden de arresto contra las defensoras Jenifer Sarina y Marianela Mejía Solorzano, que según Ofraneh, fueron arrestadas por supuestos delitos de usurpación y daños en perjuicio de la “supuesta Empresa ‘La Sociedad de Bienes y Raíces Juca’”.
Ofraneh reconoce que ambas son lideresas de la comunidad de Cristales, en el departamento de Colón, a 410 kilómetros al norte de la capital. Lo anterior ha desembocado en protestas y represión porque el pueblo reclama un acto de criminalización porque la tierra que han defendido le pertenece a los garífunas.
El 18 de marzo se cumplirán ocho meses desde la desaparición forzada de cuatro dirigentes garífunas del Triunfo de la Cruz, sacados a la fuerza por un escuadrón con indumentaria militar. Desde entonces, defensores de la vida han exigido al Gobierno que dé una explicación por Alberth Snaider Centeno Tomas, así como de Milton Joel Martínez Álvarez, Suami Aparicio Mejía y Albert Sentana Thomas.
Con relación a estos y muchos más crímenes, Ofraneh insta a la comunidad nacional e internacional acudir al llamado de auxilio de la comunidad garífuna que lucha por la defensa de su territorio ancestral y la protección de sus derechos como pueblo diferenciado y en situación de riesgo.
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