Un grupo de piratas cibernéticos han creado más de seis mil cuentas en redes sociales para promover violencia y ataques contra la oposición; de hecho, piden agresiones contra quienes han denunciado presuntos corrupción gubernamental y violaciones a derechos humanos.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. Piratas cibernéticos promueven campañas de violencia contra periodistas y activistas sociales hondureños que han denunciado supuesta corrupción gubernamental y violaciones a derechos humanos de grupos vulnerables.
Los cibercriminales –supuestos activistas del Partido Nacional– han iniciado las campañas de odio en el contexto de las denuncias de despilfarro de recursos en que ha incurrido el presidente hondureño Juan Hernández, en particular, por haber arrendado un lujoso jet para acudir a una cumbre de modas a Dinamarca, causando el repudio de los hondureños.
Emprendieron en la coyuntura campañas de desprestigio a opositores y periodistas, quienes criticaron que Hernández haya gastado unos seis millones de lempiras (300 mil dólares) para viajar en un lujoso jet alquilado a la empresa suiza de vuelos chárter «Vista Jet».
Asimismo, cuentas falsas en las redes sociales han comenzado atacar a misiones internacionales de observación y defensa de derechos humanos, en particular hacia grupos vulnerables y reconocidos dirigentes, como el caso de la asesinada ambientalista Berta Cáceres ocurrido en marzo anterior.
Una cuenta de Twitter, identificada como “Colon_Hn” ha hecho campaña contra la periodista y corresponsal del canal multiestatal Telesur, Gilda Silvestrucci, quien denunció en Facebook que la cuenta pirata que “llevó a indígenas cargados de piedras”.
Cuentas piratas asociadas a activistas nacionalistas también han atacado al periodista Ricardo Ellner y al corresponsal de Telesur en inglés, Gerardo Torres, quienes son acusados de “recibir dinero” y son tildados como “traidores de la patria”.
Los acusadores no han presentado pruebas sobre la supuesta financiación externa de ambos comunicadores para “traicionar la patria”; al hacer un rastreo de estas cuentas, se pudo constatar que han sido creadas para generar odio contra los opositores al gobierno y exaltar los logros del presidente Juan Hernández.
Tanto Torres como Ellner han sido sujeto de persecución y amenazas de muerte, según reportes de organizaciones defensoras de derechos humanos; la Policía se ha llamado al silencio ante las denuncias.
Además, los piratas cibernéticos han arremetido contra la presencia de extranjeros que han arribado a Honduras en misiones de observación de derechos humanos.
La cuenta “Hondureña Indignada” del usuario en Twitter @MRVAguilar acusó a la observadora italiana Giulia Fellin con el siguiente comentario “Como es posible esto? @TwitterItalia @DiarioLaPrensa @hnellibertador @LaTribunahn solo vienen hacer relajo @radiohrn”. Este comentario fue reproducido por varias cuentas piratas en la red social Twitter.
Asimismo, una página web, denominada “Nos queda claro”, arremetió contra la ciudadana italiana, al escribir que “una extranjera de origen italiano Giulia Fellin estuvo infiltrada en los relajos que protagonizaron los representantes del (COPINH) Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras”.
“Pedimos a las autoridades que expulsen inmediatamente del país a estas personas que no pertenecen a Honduras, porque las consideramos dañinas que solo representan un peligro ya que incitan a la violencia y odio”, plasma la publicación y ningún miembro de ese blog se adjudica la autoría.
Especialistas en redes sociales y tecnología consideran las cuentas piratas como “bots”; el blog “Antibots” denuncia que en los últimos ocho meses, se han creado alrededor de seis mil cuentas falsas en Twitter y posicionan tendencias, más conocidas como “Trending Topics (TT)” en cuestión de minutos.
Al crear esas tendencias, dice el blog, “eliminan Trendings de la Oposición trabajando de forma organizada, ya que se envían por medio de mensajes de texto vía móvil, el hashtag que deben posicionar y la hora de comenzar a atacar”.
Honduras es considerada peligrosa para el ejercicio del periodismo crítico. Desde el golpe de Estado del 28 de junio de 2009 han sido asesinados más de 50 comunicadores y sólo uno ha sido judicializado. El resto de los casos permanece impune.
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