El Juzgado de Privación de Dominio de Origen Ilícito, procederá a confiscar alrededor de 118 bienes inmuebles, 11 sociedades mercantiles, unas 71 cuentas dispersas por todo el sistema financiero nacional y alrededor de 29 vehículos que fueron quitados del control de los Cachiros por orden judicial.
Redacción central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. Unos mil millones de lempiras que tendrían en su poder la familia Rivera Maradiaga, más conocidos como “los Cachiros” están a punto de pasar a manos del Estado de Honduras.
Y es que el Juzgado de Privación de Dominio de Origen Ilícito, procederá a confiscar alrededor de 118 bienes inmuebles, 11 sociedades mercantiles, unas 71 cuentas dispersas por todo el sistema financiero nacional y alrededor de 29 vehículos que fueron quitados del control de los Cachiros por orden judicial.
El juzgado emitió una comunicación legal en la que pide a unas 14 personas y varios herederos de los bienes de la familia Rivera Maradiaga para que se presenten a justificar el origen de los bienes o, en su defecto, que mande a sus apoderados legales.
Una de las causas de la citación es por “desconocer el domicilio o paradero de los mismos para que se personen en la causa y se enteren del proceso judicial que se ha iniciado sobre sus bienes”.
La comunicación se originó luego que la Fiscalía Antimafias del Ministerio Público procediera a solicitar la privación (quitar) de dominio de las propiedades para que pasen al control del Estado.
Entre los citados están Santos Isidro Rivera Cardona, el patriarca de la familia; su esposa Esperanza Caridad Maradiaga López; los hijos Javier Eriberto Rivera Maradiaga, Devis Leonel Rivera Maradiaga, Santos Isidro Rivera Maradiaga, Maira Lizeth Rivera Maradiaga. Todos ellos estaban al frente de la banda.
Otros citados a las audiencias que realizará el juzgado son: Marlene Isabel Cruz Quintanilla; José Angel Maradiaga López; José Ignacio Maradiaga López; Javier Antonio Banegas Lazo; Ángela Concepción Reyes López; Cristóbal y Napoleón Javier Enrique Turcios Espinoza.
Asimismo, mandaron a llamar a los herederos del fallecido empresario y exdiputado suplente nacionalista por Colón, Juan Gómez Meléndez; a éste lo ultimaron al salir de una institución bancaria en Tocoa a 545 kilómetros al noreste de la capital de Honduras.
El diputado liberal Midence Oquelí Martínez, también fue llamado a declarar sobre los bienes quitados a los Cachiros. El parlamentario era socio de la empresa Ganaderos y Agricultores del Norte S de RL.
Fue el propio Martínez que votó al cierre de la legislatura pasada para que se incorporara en la Constitución la Policía Militar del Orden Público (PMOP); la petición la realizó el presidente Juan Hernández.
La unidad especializada anticrimen organizado, pide que las empresas Inmobiliaria Rivera Maradiaga SA de CV, Palma del Bajo Aguán SA, Inversiones Turísticas Joya Grande SA de CV, Ganaderos Agricultores del Norte S de RL de CV y Minería Mi Esperanza pasen al control estatal, luego que el Tesoro de EE.UU. las considerara como organizaciones lavadoras de activos.
Asimismo, la Fiscalía Antimafias considera a la familia Rivera como uno de los principales colaboradores del cártel mexicano de Sinaloa, jefeada por Joaquín “el Chapo” Guzmán, prófugo de la justicia, a quienes les entregaban drogas traídas desde América del Sur, para ser ingresadas a EE.UU.
Al respecto, oficiales del Tesoro norteamericano y la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, siglas en inglés), dijeron que “los Cachiros es una organización violenta de tráfico de drogas en Honduras cuyos miembros reinvierten las ganancias de la droga ilícita en empresas y propiedades con el fin de ganar legitimidad pública y lavar su riqueza ilícita”.
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