Nasry Asfura continúa conformando su gabinete y nombró en la titularidad del Servicio de Administración de Rentas (SAR) a Mario Roberto Zerón Suazo, quien figura junto al mandatario en el mismo expediente judicial por el desvío de al menos 28.5 millones de lempiras de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), cuando ambos formaban parte de la municipalidad.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. El mandatario Nasry Asfura nombró titular del Servicio de Administración de Rentas (SAR) a Mario Roberto Zerón Suazo, quien figura en el mismo expediente judicial que investiga el Ministerio Público (MP) por el desvío de al menos 28.5 millones de lempiras en la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) cuando el gobernante ejercía como edil (2014-2022).
De acuerdo con el MP, a través de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO), en 2024 se acusó que fondos municipales habrían sido desviados de forma sistemática y premeditada mediante una supuesta red de lavado de dinero, con el objetivo de beneficiar a particulares y terceros.
La Fiscalía acusa a Zerón Suazo y a otros exfuncionarios municipales de los delitos de lavado de activos, malversación de caudales públicos, fraude, uso de documentos falsos y violación de los deberes de los funcionarios.
Según el requerimiento fiscal, entre 2017 y 2018 los recursos fueron sustraídos mediante la emisión de 32 cheques solicitados al banco administrador del fideicomiso de la alcaldía, bajo las justificaciones de “fondos rotatorios”, “fondos especiales” y “reembolsos de gastos”.
Pese a las investigaciones realizadas por el MP, el proceso judicial en el que están vinculados los exfuncionarios y el nuevo titular del SAR permanece inactivo desde noviembre de 2024, cuando el expediente fue remitido a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por la investidura de los implicados.
Inicialmente, la Sala de lo Constitucional declaró su incompetencia para conocer el recurso de amparo, argumentando que debía ser ventilado en la jurisdicción penal especializada. No obstante, la Corte de Apelaciones determinó posteriormente que, por la naturaleza de los delitos imputados y la jerarquía de las personas involucradas, corresponde que la Sala de lo Constitucional asuma la competencia para resolver el caso.
El expediente fue llevado luego por el Juzgado de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, que dictó medidas sustitutivas a favor de Asfura y los ocho exfuncionarios implicados, incluyendo el pago de una fianza de 15 millones de lempiras, la prohibición de salir del país y la obligación de presentarse mensualmente a firmar ante los tribunales; sin embargo, dichas medidas fueron posteriormente revocadas.
Hallazgos del Tribunal Superior de Cuentas (TSC)
En el informe identificado como N.° 001-2022-DAM-CFTM-AM, elaborado por la Gerencia de Auditoría del Sector Municipal, se señala que durante el proceso de investigación se identificaron situaciones que incidieron negativamente en el alcance del trabajo e impidieron realizar los procedimientos de verificación programados.
El documento establece que las órdenes de pago originales que respaldan las transacciones investigadas dentro del expediente judicial N.° 25-2020 no fueron proporcionadas, ya que se encontraban decomisadas por la UFERCO. Asimismo, el TSC informó que, pese a haber solicitado información in situ mediante oficio, esta no fue entregada por las autoridades correspondientes.
El informe también destaca que, al revisar los cheques relacionados con los reembolsos de fondos rotatorios, fondos especiales y reembolsos de gastos del fideicomiso municipal, se detectaron diversas inconsistencias en su manejo y justificación.
Además, el TSC confirmó que Mario Roberto Zerón Suazo se desempeñó como tesorero municipal y director de Administración y Finanzas de la AMDC entre 2014 y 2022.
De igual forma, el informe subraya que mediante el oficio DM/AMDC N.° 127-2017, de fecha 7 de junio de 2017, Asfura solicitó a Zerón la apertura de un fondo especial, lo que derivó en la emisión del cheque N.° 1654662, fechado el 15 de junio de 2017.
No obstante, dicha operación no se ajustó al procedimiento de Reembolso de Gastos establecido en el artículo 43 de las Normas Presupuestarias de la Alcaldía.
“El reembolso de gastos es el único procedimiento que permite al solicitante utilizar recursos propios para ejecutar gastos y luego ser reintegrados. En este caso, lo actuado no correspondía a dicho mecanismo”, señala el informe de auditoría.
Según el auditor, estas irregularidades provocaron la ejecución de gastos no autorizados, incluyendo la entrega de ayudas sociales sin contar previamente con los recursos económicos necesarios para su financiamiento.
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