La magistrada suplente del Tribunal de Justicia Electoral, Lourdes Mejía Estapé, denunció que los magistrados Mario Flores Urrutia y Miriam Barahona incurrieron en abuso de autoridad y prevaricato al intentar integrarla al pleno para resolver impugnaciones en una hora, violentando el debido proceso.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. La magistrada suplente del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Lourdes Mejía Estapé, desmintió categóricamente las afirmaciones que circulan sobre su supuesta participación en la sesión plenaria relacionada con varios expedientes de impugnaciones, entre ellos el caso del alcalde del Distrito Central, Jorge Aldana.
Mejía Estapé sostuvo que dichas versiones falsas violentan los principios de veracidad y buena fe que rigen la función jurisdiccional, conforme al artículo 1 de la Ley Orgánica y Procesal Electoral (LOPE).
“Pretenden manchar mi integridad profesional y personal, intentando avalar actos que rayan en la prevaricación y el abuso de poder, contrarios a mi trayectoria como dama con honor y fiel combatiente de la corrupción como ciudadana hondureña y como jurista”, afirmó.
La magistrada denunció que fue convocada de manera ilegal e irregular por el magistrado presidente Mario Flores Urrutia, quien —según relató— irrumpió abruptamente en su despacho sin respetar el compás de espera establecido en el reglamento interno del TJE y en la LOPE.
Indicó que el personal administrativo le informó expresamente que, de integrarse, el magistrado propietario Mario Morazán se haría presente; sin embargo, Flores Urrutia desoyó la advertencia y optó por la precipitación, ignorando el artículo 33 de la LOPE, que exige convocatoria formal y motivada con antelación razonable para suplentes.
Asimismo, subrayó que los magistrados presentes o en proceso de integración hacían improcedente su rol como suplente, de acuerdo con el artículo 35 de la LOPE, que reserva dicha figura para ausencias reales y no para forzar quórum con fines irregulares.
La magistrada también denunció que se le negó documentación clave de al menos cinco expedientes, incluido el del alcalde Jorge Aldana, sin la antelación necesaria para su debido estudio.
Señaló que los magistrados Urrutia y Barahona pretendían que resolviera dichos expedientes en un plazo de una hora, lo cual calificó como jurídicamente imposible y violatorio del debido proceso, la Constitución de la República y la Ley de la Administración Pública.
Según explicó, esta omisión deliberada evidenciaba la intención de convertirla en cómplice de una votación apresurada para desestimar expedientes, configurando una desviación de poder y una tentativa de fraude procesal.
“Me levanté de la mesa y rompí quórum con causa justificada, declarando expresamente que no podía participar en la deliberación ni votación de expedientes que desconocía y porque el magistrado propietario no estaba ausente”, expresó.
Mejía enfatizó que su retiro no fue caprichoso, como se ha afirmado, sino un acto de integridad jurídica para evitar avalar irregularidades graves que paralizan la justicia electoral.
Reiteró que su salida de la sesión fue una decisión sustentada en el respeto al debido proceso, orientada a no convalidar prácticas que lejos de fortalecer, debilitan la institucionalidad democrática.
Explicó que en esa misma audiencia el magistrado propietario Morazán, debidamente convocado y presente en las instalaciones del Tribunal, solicitó tiempo razonable para estudiar los expedientes, cumpliendo con su deber jurídico de preparación.
“Reitero, con firmeza ética, que jamás avalaré la corrupción. Mi salida preservó el Estado de Derecho e impidió que se vulnerara la voluntad popular en los procesos poselectorales de 2025”, sostuvo.
Finalmente, puntualizó que Honduras merece instituciones transparentes, no politizadas por intereses partidistas que erosionan la ya frágil democracia del país.
Denuncias previas
El magistrado propietario Mario Alexis Morazán denunció previamente presuntas irregularidades en el procedimiento interno del TJE, señalando que la resolución fue aprobada sin quórum legal, pese a que la sesión continuó.
“El secretario general advirtió que no había quórum y aun así resolvieron. Cuando se negó a firmar, lo despidieron”, relató.
Además, aseguró que se le impidió presentar su voto razonado, en el cual advertía que se estaban usando fundamentos ajenos a los expedientes correspondientes.
A juicio de Morazán, el rechazo de las impugnaciones evitó entrar al fondo del conflicto electoral. “De entrada, les dicen no”, advirtió.
El magistrado alertó que el caso del Distrito Central no es aislado, ya que el propio Consejo Nacional Electoral (CNE) reconoció la falta de certeza en decenas de alcaldías con márgenes estrechos. “Los resultados pueden ser reversibles y tampoco se está dando certeza”, concluyó.
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