El consejero Marlon Ochoa reveló que, a pocas horas de la elección, las dos consejeras del bipartidismo eliminaron controles biométricos obligatorios, decisión que permitió inflar resultados y derivó en que el 86% de las actas transmitidas registrara inconsistencias equivalentes a más de 982 mil votos.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. El consejero electoral Marlon Ochoa expuso una serie de fallas que, a su criterio, comprometen la confiabilidad del sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (TREP) y todo el proceso electoral, al que calificó como uno de los más manipulados en la historia de Honduras.
En primer lugar, Ochoa señaló que la noche previa a las elecciones, las consejeras representantes del Partido Nacional y Liberal dentro del Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobaron una resolución que eliminó el cruce obligatorio entre los electores registrados en el dispositivo biométrico y los anotados en el cierre de cada mesa, lo que vulnera la Ley Electoral y abrió la puerta para inflar resultados.
En consecuencia, informó que hasta la mañana del miércoles 3 de diciembre solo se habían transmitido 15,297 actas a nivel presidencial de las 19,167 Juntas Receptoras de Votos (JRV) ubicadas en distintas partes del país y, además, 13,247 –equivalentes al 86 por ciento– presentaban errores e inconsistencias entre el registro biométrico y el contenido del acta transmitida a través del TREP.
“Los errores e inconsistencias reflejadas en este 86.6% de actas presentan una diferencia equivalente a 982,412 votos”, apuntó Ochoa.
A ello añadió que el simulacro del 9 de noviembre ya había mostrado fallas estructurales, como baja capacidad de transmisión, ausencia del módulo de escrutinio, falta del sistema de divulgación y asignación automática de votos, señales que –indicó– anticiparon un proceso vulnerable.
Ochoa también mencionó que el 29 de noviembre recibieron una auditoría externa que alertaba inconsistencias críticas; sin embargo, aseguró que una consejera abandonó la sesión y la otra la suspendió, impidiendo adoptar medidas urgentes para corregir problemas antes de la jornada electoral.
Según su exposición, durante la noche de la elección el sistema interpretó de manera incorrecta los números manuscritos en las actas, asignando cifras irreales de hasta 700 votos por casilla. Además, denunció que el sistema saltaba columnas y trasladaba votos entre candidatos y partidos, lo cual calificó como un fraude automatizado.
De igual manera, denunció que 16,615 actas, equivalentes a unos dos millones de votos, permanecieron retenidas durante 40 horas. A esto sumó la caída simultánea de antenas, fallas en las redes Tigo y Claro y una propuesta interna para retirar las tarjetas SIM de los biométricos, lo que, a su juicio, buscaba desactivar la trazabilidad.
Asimismo, afirmó que la empresa Smartmatic confirmó estas caídas y recordó que los audios entregados al Ministerio Público, donde denunció un boicot al proceso electoral por parte de la consejera nacionalista Cossette López y el diputado de ese partido, Tomás Zambrano, ya habían advertido sobre estas anomalías que, según el consejero, forman parte de un plan coordinado para alterar la voluntad popular.
Finalmente, Ochoa sostuvo que las fallas no son aisladas, sino parte de una operación articulada entre sectores del bipartidismo y actores extranjeros, cuyo objetivo sería imponer un resultado contrario a lo expresado en las urnas. Por ello, afirmó que la elección quedó atrapada en un sistema de transmisión que incide tanto en los resultados preliminares como en el escrutinio definitivo.
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