Dos empresas internacionales que mantenían demandado contra el Estado por 400 millones de dólares (cerca de 10,500 millones de lempiras) retiraron sus reclamos, lo que representa un triunfo para el país y la eliminación de una contingencia fiscal que suponía un riesgo significativo para las finanzas públicas.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. La Procuraduría General de la República (PGR) y la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) informaron que el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) registró la suspensión de dos procedimientos arbitrales interpuestos contra el Estado de Honduras, marcando un nuevo triunfo para el país en materia jurídica y energética.
Los casos —Scatec ASA c. República de Honduras (CIADI No. ARB/23/12) y Norfund and KLP Norfund Investments AS c. República de Honduras (CIADI No. ARB/23/13)— habían sido promovidos por empresas extranjeras que reclamaban 400 millones de dólares estadounidenses (unos 10,495 millones de lempiras), alegando supuestos incumplimientos de obligaciones contractuales.
Con esta resolución, Honduras elimina una contingencia fiscal que alcanzaba casi los 10,500 millones de lempiras, cifra que representa un importante alivio para las finanzas públicas y un respaldo a la política de defensa jurídica internacional del país.
El conflicto se originó en el marco de la Reforma Energética impulsada por la actual administración, a través de la cual la ENEE emprendió un proceso de renegociación de contratos de generación privada (PPAs).
En total, se suscribieron 18 adendas contractuales, todas aprobadas por el Congreso Nacional, que contemplaron reducciones de precio, la renuncia a incentivos y la extensión de plazos de vigencia.
Gracias a estas medidas, la estatal eléctrica reporta ahorros anuales por más de 2,000 millones de lempiras y proyecciones de ahorro cercanas a 30,000 millones durante la vida útil de los contratos renegociados.
Los resultados también se reflejaron en una reducción sostenida de la tarifa eléctrica nacional en un 28.81 por ciento, lo que, según la ENEE, ha aliviado significativamente la carga económica de los hogares y empresas hondureñas.
Para la PGR, la decisión del CIADI constituye una prueba del éxito de la estrategia jurídica implementada por el Estado y refuerza la credibilidad de Honduras ante los organismos internacionales.
En un comunicado conjunto, la entidad reafirmó su compromiso de defender los intereses del país en el ámbito internacional, mientras la ENEE subrayó que el desenlace de estos arbitrajes “confirma la importancia de preservar y fortalecer la empresa pública como patrimonio del pueblo hondureño”.
La estatal destacó además que este logro es coherente con el objetivo central de la Reforma Energética que es recuperar la soberanía energética nacional, garantizando tarifas más justas, contratos transparentes y un modelo sostenible que priorice el bienestar colectivo sobre los intereses particulares.
Con la retirada de las dos demandas internacionales y la consolidación de los nuevos acuerdos energéticos, el Gobierno hondureño considera que se consolida un paso firme hacia la estabilidad del sistema eléctrico y el fortalecimiento del Estado como garante del desarrollo nacional.
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