El Ministerio Público giró requerimiento fiscal contra el diputado y subjefe de bancada del Partido Nacional, Nelson Márquez, asi como la exprocuradora de la República, Lidia Estela Cardona, y otros, por suponerlos responsables de saquear 3,000 millones de lempiras de las arcas públicas.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. La Policía Nacional capturó esta tarde al subjefe de la bancada nacionalista en el Congreso Nacional, Nelson Márquez, luego que el Ministerio Público ordenara requerimiento fiscal contra el congresista, así como a otras personas y funcionarios de la administración de Juan Orlando Hernández (2014-2022).
El requerimiento se extendió también a representantes del poder judicial, a quienes presuntamente acusan de saquear más de 3,000 millones de lempiras de las arcas estatales.
La Policía Nacional ya capturó al congresista Márquez, quien dirigía la Secretaría de Estado en los Despachos de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (SEDECOAS) cuando se ejecutó parte del fraude.
Junto al congresista fue arrestado el apoderado legal de la empresa Nacional de Ingenieros S.A. (NAINSA), Juan Fernando Madrid Lezama, el representante del Tribunal Arbitral en representación del Colegio de Abogados, Caronte Rojas Zavala, y el juez Raymundo Esau Gradiz Vilorio.
El Ministerio Público también presentó requerimientos contra la exprocuradora General de la República, Lidia Estela Cardona Padilla; la excoordinadora General de Gobierno, Martha Vicenta Doblado Andara; Eva María Vásquez Villanueva, exdirectora legal de SEDECOAS-FHIS; y Murray Paul Farmer, representante legal de la empresa estadounidense DRC Inc.
Asimismo, acusó a los jueces Irissabel Lucía Miranda Hernández por prevaricato judicial, y a los exfuncionarios Héctor Alvarado Mejía y Rafael Eduardo Chávez Aguilar por falsificación de documentos.
Según la Fiscalía, el caso tiene origen en el año 2000, tras el paso del huracán Mitch, cuando el Estado, con fondos de cooperación internacional, otorgó un contrato a DRC Inc., empresa que no estaba legalmente habilitada para operar en Honduras.
Esta, a su vez, subcontrató ilegalmente a NAINSA; además, en 2001, el cooperante internacional canceló la ayuda por detectar inconsistencias en el contrato. Sin embargo, años más tarde, ambas compañías interpusieron demandas fraudulentas sustentadas en un resultado arbitral nunca homologado por la Corte Suprema de Justicia.
La Fiscalía señaló que las empresas estadounidenses establecieron un acuerdo confidencial donde se comprometían a no demandarse entre sí, pese a que nunca existió una relación contractual legítima entre NAINSA y el Estado.
También manifestó el objetivo de estas empresas “gringas” de interponer múltiples demandas contra la administración pública por los mismos hechos, fingiendo actuar como empresas distintas.
Además, la Fiscalía señala que el proceso de arbitraje tuvo muchas irregularidades, como el uso de documentos falsos y la aplicación de un reglamento que no fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta. Esto llevó a un arbitraje que benefició a ciertos intereses y obligó al Estado a pagar grandes sumas de dinero.
A pesar de que en 2009 y 2013 el Poder Judicial declaró nulas las demandas, en 2019 NAINSA volvió a demandar al Estado, y la jueza Irissabel Miranda admitió nuevamente el caso.
Asimismo, indico que en 2020 el congresista nacionalista en su cargo de secretario de SEDECOAS remitió a la Procuraduría General un informe legal que recomendaba firmar un Acuerdo Ejecutivo para evitar una «erogación mayor», aun sabiendo que la sentencia arbitral carecía de validez legal.
Posteriormente, el congresista en conjunto con NAINSA firmaron un convenio extrajudicial con compromisos millonarios que luego incumplieron, provocando una nueva demanda que fue nuevamente admitida por la misma jueza, la cual fue admitida nuevamente por la jueza Irissabel Miranda Hernández.
En 2022, el juez Raymundo Gradiz Vilorio admitió otra demanda millonaria, aun conociendo la nulidad previa de los procesos. Según el MP, estos jueces ya conocían la nulidad de las demandas y continuaron ordenando pagos millonarios al margen de la ley.
Las investigaciones de la fiscalía apuntan a que los exfuncionarios se beneficiaron directamente del dinero extraído mediante estas demandas; parte de esos fondos fue depositada en cuentas personales, pagos de hipotecas y transferencias a familiares de altos funcionarios públicos.
También la fiscalía identificó movimientos financieros que involucraban a quienes debían garantizar la legalidad del proceso, demostrando un entramado sistemático de corrupción que operó por más de 20 años.
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