El abogado y analista, Alex Navas, advierte que grupos conservadores instrumentalizan el atentado contra el político colombiano Miguel Uribe, pero que casos de este tipo –por contexto histórico– siempre han sido estrategias de grupos ultraconservadores.
Lo anterior fue evidenciado por EL LIBERTADOR en 2022 cuando reportó que desde 2013, 36 dirigentes del Partido Libertad y Refundación (Libre), han sido asesinados en el marco de los procesos electorales y, a esta cifra se debe sumar el reciente crimen contra Francisco Zúniga, coordinador de ese instituto en una colonia capitalina.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. Tras el reciente atentado contra el precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay, sectores de la derecha hondureña han iniciado una campaña mediática que sugiere que hechos similares podrían ocurrir en Honduras, acusando a la “izquierda” de ser “asesina” y promotora de la “violencia política».
Ante esta narrativa, el abogado y analista político Alex Navas manifestó a EL LIBERTADOR que estos sectores opositores carecen de responsabilidad y desconocen las diferencias históricas entre ambos países.
“Colombia ha tenido una historia trágica con respecto a la violencia política contra candidatos presidenciales; en Honduras, desde el regreso a la democracia en 1982, nunca hemos tenido un atentado contra un candidato presidencial», señaló.
Navas subrayó que en el país apenas se han registrado amenazas aisladas en el contexto político, muy diferentes al caso colombiano, donde fueron asesinados líderes como Luis Carlos Galán, Bernardo Jaramillo Ossa y Jaime Pardo Leal.
“Eso es una historia de sangre que no puede compararse con la nuestra», recalcó.
El analista también criticó el discurso que han impulsado sectores conservadores a través de diversos medios, buscando vincular a la izquierda hondureña con la violencia.
“Están instrumentalizando un hecho aislado en Colombia, que no tiene nada que ver con Honduras, y han puesto una alerta de que en Honduras puede suceder lo mismo, como si la izquierda fuera la violenta. La historia demuestra todo lo contrario: los perseguidos, asesinados y desaparecidos han sido de izquierda, no los conservadores,” afirmó.
Datos de EL LIBERTADOR refuerzan lo expuesto por el togado, ya que este rotativo reportó que desde 2013, 36 dirigentes del Partido Libertad y Refundación (Libre) han sido asesinados en el marco de los procesos electorales y, a esta cifra se debe sumar el reciente crimen contra Francisco Zúniga, coordinador de ese instituto en una colonia capitalina.
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El abogado hizo hincapié en que, desde la toma de posesión de la presidenta Xiomara Castro, el 27 de enero de 2022, los sectores de oposición han promovido discursos de odio, misoginia y racismo.
“Ahí comenzó la violencia política; estos discursos pueden desencadenar algún evento que nadie en la sociedad hondureña quiere que suceda. La mayor lección que nos deja lo que pasó en Colombia es que los discursos que llevan un alto tono de violencia pueden tener repercusiones graves,” advirtió.
El togado recordó un hecho reciente que ilustra la conducta violenta en el Congreso Nacional cuando, el 31 de octubre de 2023, el diputado del Partido Nacional, Mario Pérez, apuntó con un arma de fuego a un guardia de seguridad dentro del Legislativo durante una confrontación política.
“[Y] un diputado de esa bancada manifestó que era justificable que Mario Pérez hubiera sacado una pistola en el Congreso Nacional porque estaba defendiendo a sus compañeros, quienes estaban siendo atacados; lo que indica que esta conducta violenta y tentativa de asesinato es exclusiva de la derecha”, agregó.
El jurista señaló que la instalación de una narrativa que acusa a la izquierda de promover la violencia es un intento por invertir los roles en el imaginario público.
“Se trata de una campaña sucia, donde se hace lo que dijo Maquiavelo: el fin justifica los medios. Como decía el jefe de propaganda nazi, Joseph Goebbels: ‘hay que mentir’, porque algo seguramente quedará de esa narrativa”, indicó.
También criticó a los sectores de oposición que han comparado la situación actual del territorio hondureño con la violencia vivida en la década de 1980.
“En los 80, lo que hicieron fue una política de Estado para desaparecer opositores políticos, y estos fueron sectores vinculados a la ultraderecha conservadora presente en este país”, explicó.
Sobre el tema, recordó cómo agentes de las Fuerzas Armadas de entonces, como el caso del general Gustavo Álvarez Martínez y entidades dirigidas por conservadores de derecha, como el abogado Oswaldo Ramos Soto, buscaban mantener sus privilegios “a costa de la muerte de dirigentes sociales, campesinos, sindicales y obreros del país”.
El legista también se refirió a que, durante las protestas poselectorales de 2017, al menos 50 personas fueron asesinadas, la mayoría por fuerzas de seguridad del Estado bajo el gobierno de Juan Orlando Hernández, del conservador Partido Nacional.
“La violencia ha venido del lado opositor; La Resistencia ha sido un bastión frente a todos esos ataques violentos que han sufrido los sectores ultraconservadores del país contra los grupos más vulnerables del pueblo”, expresó.
Y cuestionó a entidades gremiales, como el Colegio de Periodistas y el Colegio de Abogados, por instalar la narrativa de que hoy se está viviendo una represión peor a la de las década de 1980, reflexionando que “la crítica debe hacerse con evidencia, no desde una línea política que distorsiona la verdad”.
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